La financiación y el país de lo posible (con Junts ante el espejo)

España lleva años instalada en la política del no.
No a todo.
No, antes de leer.
No, aunque mejore las cosas.

Por eso el nuevo acuerdo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno y ERC merecería algo más que el habitual ataque de nervios colectivo. No es la Arcadia feliz. No es el concierto económico. No es la independencia fiscal envuelta en un lazo. Pero es el reino de lo posible, que en la España de hoy ya roza la categoría de anomalía política.

La reacción de buena parte de la prensa de Madrid ha sido la previsible. Cualquier iniciativa que huela a Cataluña se convierte automáticamente en privilegio, cesión o traición. Un sesgo tan viejo como persistente —y no poco peligroso— que confunde análisis con reflejo identitario. Y que, una vez más, comete el mismo error: creer que erosionando cualquier avance se debilita al independentismo, cuando en realidad se le da oxígeno.

Conviene recordar algo incómodo para muchos opinadores de la capital: todos los avances relevantes en financiación autonómica en España llegaron gracias al impulso de partidos nacionalistas. Todos. Luego, eso sí, las comunidades gobernadas por PP y PSOE han cobrado las mejoras sin reparos, y cuando ha hecho falta se han vuelto regionalistas, cantonalistas o lo que tocara, con una flexibilidad ideológica digna de estudio.

Los empresarios catalanes bendicen con prudencia la nueva financiación autonómica

El acuerdo actual no es perfecto. No resuelve todos los desequilibrios. No satisface a los maximalistas. Pero introduce mejoras objetivas: más recursos, más capacidad de gestión y más margen para aliviar presión fiscal o reforzar servicios. Y lo hace en una legislatura frágil, en tensión y con una aritmética parlamentaria endiablada. Otros gobiernos, con mayor comodidad electoral y menos ruido, ni siquiera lo intentaron.

En este contexto, Junts se mira al espejo con evidente incomodidad. A los de Carles Puigdemont el acuerdo les plantea un problema político serio: explicar a los suyos por qué se oponen a una mejora económica real para Cataluña. No porque sea injusta o claramente insuficiente —eso sería discutible—, sino porque no encaja en el relato. Es, en esencia, el argumento que formula el exconsejero de Economía de la Generalitat Jaume Giró, y no sin razones atendibles.

Aquí empieza el ejercicio de contorsionismo.

Junts necesita que el acuerdo sea malo. No mejorable. Malo, sin matices. Necesita demostrar que es una trampa, una estafa o un simple apaño cosmético. De ahí la búsqueda apresurada de economistas dispuestos a vestir de tecnicismo lo que, en el fondo, es un rechazo político. No para mejorar el modelo, sino para justificar el portazo. No para negociar más, sino para poder decir "no" sin asumir el coste.

No es una maniobra sencilla. Rechazar más recursos para Cataluña en nombre de la épica identitaria exige una pedagogía fina. Especialmente cuando el discurso del agravio permanente se topa, esta vez, con cifras que suman en lugar de restar. No es casual que fuerzas como Aliança Catalana observen con atención estas vacilaciones: el espacio del no absoluto siempre acaba siendo ocupado por alguien dispuesto a gritar más fuerte.

Illa allana el camino hacia las cuentas con la financiación singular desbloqueada

Gobernar obliga a aceptar avances parciales. Resistir permite exigirlo todo sin asumir nada. Y, en esta fase de su historia, los antiguos convergentes se mueven con más comodidad en el segundo terreno.

Mientras tanto, el empresariado catalán ha reaccionado con bastante más pragmatismo que dramatismo. Pimec, las cámaras de comercio y buena parte del tejido productivo han valorado el acuerdo desde una lógica elemental: si entran más recursos, hay más margen para crecer, invertir y aliviar presión fiscal. Sin banderas. Sin adjetivos gruesos.

Y luego está Foment del Treball.
O, más concretamente, Josep Sánchez Llibre.

La histórica patronal catalana ha optado por desmarcarse y rechazar el acuerdo, situándose en una posición cada vez más solitaria dentro del propio empresariado. Una decisión que obligará a su presidente a dar explicaciones a muchos de sus representados, que no acaban de entender qué gana Cataluña —y mucho menos Foment— quedándose fuera de la bendición a una mejora tangible de las cuentas públicas por una estrategia que parece responder más a equilibrios políticos que a criterios económicos.

Illa y Junqueras presionan a Junts con la nueva financiación, tras el respaldo del empresariado catalán

Volvamos al tablero general. ¿Es este el acuerdo definitivo? No. ¿Es la solución final al problema de la financiación autonómica? Tampoco.

Pero es, probablemente, una de las últimas grandes maniobras posibles de la legislatura. Una que mueve dinero, altera equilibrios y obliga a retratarse. Especialmente a quienes llevan años diciendo que todo es insuficiente y ahora deben explicar por qué prefieren quedarse con nada.

No es la solución soñada.
Ni siquiera la ideal.

Conviene admitir, además, que el acuerdo no está a salvo de críticas razonables fuera del marco nacionalista: es legítimo preguntarse si consolida asimetrías entre territorios, si respeta plenamente los principios de ordinalidad, suficiencia y equidad, o si resulta sostenible para comunidades con menor capacidad fiscal relativa, que pueden percibir que el “reino de lo posible” siempre se activa primero allí donde la correlación de fuerzas parlamentarias es más favorable.

Es la solución que hay.
La que se puede firmar y aplicar.
La que mejora algo en un país donde perfeccionar algo ya parece sospechoso.

Y quizá el problema no sea el acuerdo de financiación autonómica, sino quienes necesitan que nada se mueva para poder seguir viviendo del diagnóstico permanente del desastre.