La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el decreto de lenguas en la enseñanza no universitaria marca un hito en el debate lingüístico escolar en la región. El tribunal ha anulado los artículos clave del texto, aprobado por el Govern en 2024, que blindaban el catalán como lengua vehicular y relegaban el castellano a un papel residual en el sistema educativo.
Y ojo, porque lo hace apelando a la "situación de desequilibrio" que, según los magistrados, sufre el castellano frente al catalán en las aulas autonómicas.
En efecto, la resolución subraya que no puede haber un desequilibrio tan claro entre las dos lenguas oficiales. Más claro si cabe, el TSJC apela a la necesidad de un “equilibrio real”: la normativa no puede restringir el uso del castellano en las aulas ni limitarlo a la mínima expresión, como pretendía el decreto ahora tumbado.
Más allá de tecnicismos legales, la sentencia pone encima de la mesa una cuestión de igualdad. Ambas lenguas, catalán y castellano, merecen estar presentes en condiciones normales en la escuela catalana, sin perjuicio de la introducción del crisol de idiomas que hablan los chavales en los pasillos de los centros educativos: árabe, mandarín, urdu, inglés o francés, entre muchos otros.
Definir el catalán como única lengua de uso habitual es desconocer la realidad social y lingüística de Cataluña.
Por ello, garantizar la igualdad real entre catalán y castellano no es un capricho judicial, sino una exigencia democrática. No se trata de restar valor al catalán, sino de sumar derechos y oportunidades para todos los alumnos.
La diversidad lingüística sólo es riqueza cuando se fundamenta en la igualdad, no en la exclusión. Ahora el reto es que la igualdad de lenguas en la escuela catalana deje de ser un principio abstracto y se traduzca en convivencia, normalidad y respeto efectivo en las aulas.
Es lo que, en síntesis, concluye el TSJC cuando apremia a terminar con la citada situación de desequilibrio.
