Y lo sé porque lo detallan las cuentas anuales consolidadas de Residència Tercera Edat L'Onada. El grupo de Cinta Pascual, patrona de las residencias catalanas de mayores, ahora investigada por los Mossos d'Esquadra por los medicamentos, ha medrado al calor de las adjudicaciones públicas. La empresa, antaño una firma anónima de cuidado de los mayores con sede en el Delta del Ebro, ha crecido exponencialmente por medio de externalizaciones de geriátricos públicos. Es la referencia en Cataluña. 

¿Es legal? Sí, claro. ¿Debatible? Posiblemente también. Porque L'Onada Serveis, el interlocutor casi único de Govern en el sector de la gente mayor, tiene el siguiente modus operandi: opta a una licitación pública para una residencia --a menudo en municipios gobernados por el nacionalismo--, gana la concesión del edificio o solar a 40 o 50 años; recibe subvenciones públicas para su construcción o reforma, ingresa también dinero de los conciertos públicos para las plazas y, después, se anota el margen de explotación, que no es poco: es un 10% de la facturación. 

Y, para rizar el rizo, L'Onada, el grupo de Pascual y su marido, el influyente empresario de la comunicación Joan Antó, reparte dividendo. Hasta 600.000 euros en los últimos tres años. 

En pocas palabras: el riesgo y mayoría de financiación del negocio lo costea el contribuyente. Pero las ganancias son privadas. Y sustanciosas. 

Ello en el capítulo empresarial. En el político, Pascual y su marido han tejido una red de contactos colosal que les llevó, por ejemplo, a interlocutar al más alto nivel de Govern durante la pandemia. No, no todos los operadores lo pudieron hacer. Yo mismo tuve el inquietante placer de hablar con dueños de geriátricos olvidados de la mano de Dios mientras intentaban --casi en solitario-- que el patógeno no irrumpiera en su centro a golpe de EPI. 

Y esa llegada a los pasillos de la Generalitat de los dos directivos ebrenses en la Administración catalana les permite algunas dádivas, claro. Lo cuenta otro directivo rival: "Negocian casi en solitario con el Govern". En otras palabras, el policy making sobre vejez en Cataluña, que debería ser un proceso abierto a todos los actores, en ocasiones se cocina con Pascual y su círculo de influencia, según esta fuente. Miren si no el convenio GerCat. 

En otras palabras: L'Onada es, a menudo, la conselleria número 15 del Govern, tal y como el Colegio de Médicos de Barcelona es la número 16. Influencia sobre los decisores públicos sin pagar el coste político y mediático de estos. 

Algo normal en democracia, aducirán algunos. Quizá sí. Pero si lo admitimos como válido, ojo luego a los discursos de moralidad emitidos por los interfectos desde algunas tribunas. Como el de la propia Cinta Pascual desde el Congreso de los Diputados el 5 de junio de 2020. "Dejamos solos a los mayores", "falló el derecho a la sanidad", "la pandemia fue un infierno", dijo. Pues empresarialmente, para usted y su marido, parece que no lo fue. Se tomaron muy en serio lo de "saldremos más fuertes". Al menos en el apartado financiero, pues su empresa emergió con una salud de hierro del virus, siempre según el Registro Mercantil. 

Zanjó usted desde el púlpito de la Cámara Baja que "falló el derecho a la sanidad" en pandemia cuando Xavier Vendrell, el que quería contratar a "dos colombianos" para ganar un concurso, la ayudaba a usted trasladar ancianos en Cataluña. ¿Era la mejor persona, seguro? ¿Qué expertís tenía Vendrell en cuidado de mayores?

Quizá por eso, molestan esas lecciones desde la tribuna moral, ese virtue signalling de los que hicieron negocio con la pandemia y lo están haciendo después con recursos públicos involucrados. Limítense a gestionar bien las concesiones y externalizaciones públicas, que se pagan con el dinero de todos. Pues ahora hay dudas de ello. Y dejen la moralidad para los teólogos. 

Pero se está escribiendo el principio del fin del mito de Cinta Pascual. El modelo de la empresaria del Ebro de concesionar mientras alimenta los contactos políticos y mediáticos es antiguo, vetusto. Las Administraciones, Bruselas mediante, buscan cada vez más la transparencia y la concurrencia en los procesos públicos de externalización. El de Pascual sería el modelo David Madí, para entendernos.

Está llegando a su fin, pero por el camino deja pingües beneficios. Para Pascual, solo en los anhelados fondos europeos Next Generation, casi 900.000 euros en un año.