A medida que avanza el lento pero inexorable desmantelamiento de lo poco que queda de solidaridad, igualdad y concordia en nuestro país de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus socios nacionalistas, se hacen más evidentes las oportunidades perdidas en los últimos tiempos por parte del constitucionalismo.

Esta semana, la subasta se ha centrado en las competencias de inmigración (acompañadas de la guita correspondiente), algún recorte en la Ley de Enjuiciamiento Civil para blindar la amnistía, las balanzas fiscales, un parche para putear a las empresas que huyeron de Cataluña durante el procés, el reconocimiento de los “derechos históricos” de Cataluña en materia de régimen local y una propinilla en forma de millones para justicia y transporte.

No es un mal botín para empezar la legislatura. Y esto sólo ha sido a cambio de validar algo tan básico como los decretos anticrisis.

Podemos acusar al presidente Sánchez de muchas cosas. Pero hay que reconocer que, como los Lannister (en aquella popular serie), el hombre paga sus deudas. Y las paga muy, muy bien.

Porque no me negarán que ceder a un gobierno autonómico una competencia tan trascendental para un Estado como la inmigración es un pago, como mínimo, generoso.

No me negarán que retorcer las leyes que haga falta para acorazar la impunidad de los que trataron de destruir el país es, cuando menos, un magnífico beneficio para los exsediciosos y sus secuaces.

No me negarán que acceder a elaborar las balanzas fiscales (el mayor artefacto de victimismo que se ha inventado en décadas), reconocer más “derechos históricos” y fastidiar a las empresas que trataron de proteger sus intereses, todo ello aliñado con algo de pasta gansa, es un espléndido saqueo para los nacionalistas.

No cabe ya ninguna duda (si es que todavía había alguna) de que Sánchez está dispuesto a gobernar a toda costa. Nadie discute que el presidente pagará a los nacionalistas lo que haga falta para seguir en el poder. Cualquier persona en su sano juicio está convencida de que el líder del PSOE vendería a quien hiciese falta para seguir en la poltrona.

Por ello, hoy es más obvio que nunca que Ciudadanos perdió una oportunidad única en 2019 para haber pactado con el PSOE (juntos sumaban mayoría absoluta tras el 28-A) y haberle sacado todo tipo de réditos contra el nacionalismo catalán, empezando por la derogación efectiva de la inmersión lingüística escolar. Viendo cómo cede Sánchez, cualquier petición que pudiera parecer inconcebible era en realidad posible. Un chollo, vamos.

Pero en aquellas negociaciones, Albert Rivera se sentía más fuerte que Pedro Sánchez. La mayoría de los analistas concluyó que el primero temía menos que el segundo la repetición electoral. Además, el PSC hizo lo posible para que no hubiera alianza (justo al contrario que ahora, cuando el PSC ha incentivado los pactos del PSOE con ERC y Junts). Y el acuerdo fue imposible.

Craso error. Los nuevos comicios permitieron a Sánchez pactar con los nacionalistas. Y aquello derivó en los indultos, el apuntalamiento de la inmersión, la supresión de la sedición, nuevas competencias que ahondan en la desigualdad, etc.

Pero esa ya es otra historia…