Igual que la obligación de cualquier preso es escapar de la cárcel, la de cualquier gobernante es defender su acción política. Pero el presidente Sánchez quizás se pasó un pelín este miércoles sacando pecho.

Según el líder del PSOE, “la España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al Gobierno”, hace poco más de cinco años. Sin embargo, me parece que esa no es una opinión tan extendida como cree (o dice) nuestro presidente.

En su intervención ante los medios, el presidente del Gobierno se centró en los aspectos económicos y sociales, alardeando –fundamentalmente– de la reducción del paro (que es cierto que ha caído… aunque moderadamente) y de la subida de las pensiones y el gasto social.

Pero lo cierto es que el salario más habitual en España sigue anclado en los 18.500 euros desde 2018 (cuando antes crecía notable y sostenidamente, y ahora hemos sufrido tasas de inflación superiores a las dos cifras en los últimos dos años), que el precio del alquiler de la vivienda se ha disparado un 20% desde que Sánchez llegó al poder, que el porcentaje de españoles en riesgo de pobreza o exclusión se mantiene en el 26% (igual que con Rajoy), y que el precio de la cesta de la compra ha escalado hasta niveles insostenibles durante el mandato de Sánchez.

Las apelaciones del presidente a la “agenda progresista” causan risa y sonrojo cuando su investidura y su supervivencia en el poder las ha pactado y lo seguirá haciendo con Junts –la ultraderecha nacionalista catalana– y el PNV –el partido más conservador de Europa, el de Dios, patria y leyes viejas–.

Hoy, además, el país está más cabreado que hace cinco años. Más confrontado que nunca en la historia de la democracia. Más desunido que cuando llegó al poder.

Suena a guasa que Sánchez hable de sus políticas como un proyecto de “convivencia”, de “igualdad”, de “libertad”, de “diálogo”, de “concordia” y de “entendimiento entre diferentes”.

Esas palabras, en boca del presidente del Gobierno, son un insulto para los padres y activistas que se han dejado la piel (y lo seguirán haciendo) para intentar que sus hijos reciban apenas un par de asignaturas en español en Cataluña.

Para el líder socialista, las cesiones de estos últimos cinco años ante los nacionalistas es “normalizar la situación política heredada de la anterior Administración”.

Sin embargo, la herencia que recibió incluía a la mayoría de los líderes del procés independentista en prisión, y él mismo prometió que capturaría a los que pudieron huir y los pondría a disposición judicial.

Y en estos años, ha hecho exactamente lo contrario. Sánchez los ha indultado, los está amnistiando, ha derogado el principal delito por el que se los condenó, ha avalado la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que la justicia ha dicho innumerables veces que es ilegal, y ha puesto su futuro político en sus manos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se lo dejó muy claro un día antes de la rueda de prensa de Sánchez: la amnistía solo es un paso hacia el referéndum secesionista.

Sánchez dice que eso del referéndum de independencia no lo “comparte ni acepta el Gobierno de España”, pero Aragonès recuerda que lo de la amnistía también “no hace mucho nos decían que era imposible”.

De momento, el dirigente nacionalista ha exigido una “financiación singular” para la Generalitat. Y todo apunta que el Gobierno pasará por el aro con la excusa de “la pluralidad política y la diversidad territorial de España”. Una España que cada año es más asimétrica, más desigual.

No, señor presidente, no. Esta España es peor que la que se encontró cuando llegó al poder.