Pedro Sánchez enfila la legislatura flanqueado por un gabinete más político y preparado para la guerra sin cuartel que PP y Vox librarán desde todos los frentes. La dificultad para encajar las 179 piezas del puzle de la investidura se ha convertido en una suerte de mal sueño, y si bien se avecina un mandato complicado, es innegable que los socialistas disfrutan estos días una luna de miel que lleva demorándose desde la noche del 23J.

La tinta del BOE ha sellado el reparto del poder en Madrid, donde la Moncloa es refugio de las fuerzas progresistas ante un mapa autonómico y municipal teñido de azul popular. En este sentido, una de las escasas excepciones la encontramos en Cataluña, donde el PSC conquistó los ayuntamientos de Lleida, Tarragona y, sobre todo, Barcelona. Porque la Ciudad Condal es la joya de la corona. La segunda capital de España, una de las ciudades más importantes del mundo y un magnífico escaparate para desarrollar políticas que demuestren que hay una alternativa al bloque PP-Vox y a un president de ERC que arrastra los pies en el Palau de la Generalitat.

Y ahí se sitúan todos los ojos, en el escaparate de Barcelona, donde el alcalde, Jaume Collboni, aún no ha elegido socio de gobierno pese a la presión que en las últimas semanas viene ejerciendo la oposición. El Ayuntamiento de Barcelona y el Congreso “son carpetas distintas”. Esto es lo que venimos oyendo cuando se sugiere la posibilidad de que el acuerdo de Sánchez con Sumar puede acelerar el regreso de los comunes o que la foto de Santos Cerdán con Carles Puigdemont ha allanado el camino a Xavier Trias. Y puede que tengan razón, son carpetas distintas. Pero, al final, todas ellas tienen un mismo telón de fondo, y es el reparto de poder institucional entre los partidos que, de una manera u otra, conforman el bloque político de la investidura.

Ernest Maragall se va en diciembre. Pero Colau no se ha convertido en la nueva ministra de Vivienda. Y Trias, que disparó una ametralladora de reproches en la toma de posesión de Collboni y parecía despedirse con aquello de que us bombin a tots, aún no se ha ido persiguiendo el desenlace más digno posible para su grupo municipal.

Por todo ello, cabe pensar que o bien Collboni sigue deshojando la margarita, o bien el regreso de los comunes es inevitable, pero indeseable en este momento, o bien Puigdemont está poniendo pie en pared a Trias y los pragmáticos que desean instaurar la sociovergencia en el ayuntamiento. Y es que el expresident fugado, pese a haber firmado un acuerdo de investidura con el PSOE, teme que otro pacto con los socialistas les retrate definitivamente como botiflers y acaben corriendo el mismo destino fatal que ERC, que lleva cinco años ejerciendo como aliado natural de Sánchez.

Foto en Bruselas y ley de amnistía. Ese fue el precio a pagar para desbloquear la investidura de Sánchez por parte de Junts. Pero ¿pactar con los socialistas en el ayuntamiento tiene precio? Para el sector pragmático de la formación, sin duda. Para Puigdemont, cuya obsesión es hacer descarrilar a ERC en su carrera por la hegemonía independentista, es un misterio.