Que el grueso de la población no pueda acceder a un alquiler o una hipoteca en las grandes ciudades del país ha llevado al nacimiento de la ley de vivienda en España, una norma que el partido en el gobierno en Cataluña ha aprobado y recurrido al Constitucional. Queda pendiente ver su impacto real, aunque el sector ya ha señalado que no será la panacea para un mercado inmobiliario con un crecimiento disparado y que contrasta con los salarios reales. Y es que, en el fondo, el debate de la vivienda es un debate sobre las retribuciones y la inflación desbocada que existe en ciertas ciudades.

No son lo mismo los 907 euros por metro cuadrado que se pagaban de media por los inmuebles de Castilla-La Mancha este agosto que los 1.738 euros de Comunitat Valenciana, los 2.345 euros de Cataluña, los 2.844 de Euskadi o los 3.139 euros de Madrid, los tres territorios más caros del país. Y aunque sean zonas con más empleo y dinamismo que las comunidades con el inmobiliario más barato, en los salarios medios las diferencias no son tan acusadas. Los últimos datos del INE son de 2021, pero los manchegos cobraron entonces 23.234,55 euros, los catalanes 28.145,02 y los madrileños 29.512,58 euros.

Ciudades como Barcelona mantienen su atractivo y no solo para visitantes internacionales. El inmobiliario se ha recuperado de los años de la pandemia y han aparecido de nuevo los compradores internacionales. Los mismos que se pueden permitir precios de compra o alquiler impensables para un trabajador español. Especialmente si se trata de un hogar unipersonal y en un contexto inflacionista que, de nuevo, no se refleja en las retribuciones.

La pérdida de valor adquisitivo de las familias se ve en el hecho de que, en la capital catalana, se vendan más pisos y que se pague más por ellos. El inmobiliario no es apto para todos los bolsillos y, aunque en parte esta evolución forme parte de la evolución de las grandes urbes de todo el mundo, requieren un debate serio sobre cómo evitar que los vecinos sean solo de un determinado perfil.

Expulsar el problema hacia otras ciudades próximas tampoco es una la solución, aunque sea un parche a medio plazo. Sólo es necesario observar lo ocurrido en los Pirineos, donde Andorra ha atraído a un gran número de youtbers e Instagram stars (los influencers) que, junto con los ciclistas y motoristas profesionales, están hartos de cumplir con el fisco español y proliferan en el territorio. Sus salarios privilegiados han dopado el mercado y han provocado tanto la proliferación de promociones inmobiliarias de lujo como la subida de los precios de alquileres y compraventas de pisos que, ni mucho menos, se incluirían en la categoría de lujo.

El gobierno del Principado explicó que los trabajadores que no tienen apellidos de relumbrón cruzan la frontera y van a la Seu d’Urgell, donde sí hay un mercado inmobiliario que no estaba ahogado -aunque implique ahogar a los locales, ya que los salarios en Andorra son más altos que en España-. Tras la polémica de unas palabras realistas, ya que eso es lo que ocurre con cada vez más trabajadores del país, ahora se ha anunciado que se pone freno a la compra de inmuebles a los extranjeros para intentar reordenar el territorio y buscar una solución que sea la mejor (o la menos lesiva) para todos los implicados. ¿Sabrán dar en Andorra con la receta para que esto ocurra?