Repasemos todos los órganos dependientes del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat: un total de 274. Algunos son unipersonales, otros incluyen a su correspondiente equipo. Si nos circunscribimos estrictamente a la Agencia Catalana del Agua (ACA), la cifra de oficinas es de 37. Y en cuanto al Servicio Meteorológico de Cataluña, el número de unidades asciende a 16. Sin embargo, lo ha vuelto a reiterar la titular de la consejería, Teresa Jordà, la falta de previsión ante la sequía es culpa del Gobierno español porque no invierte lo suficiente en Cataluña.

Más allá del debate sobre la duplicidad que puede suponer tener una Agencia Estatal de Meteorología y un servicio catalán dedicado a ídem, o la estructura faraónica de una Administración autonómica con un presupuesto anual “expansivo” que supera los 41.000 millones de euros, parece que este departamento dispone de recursos suficientes para impulsar soluciones ante la falta de lluvia. O cuando menos, establecer acuerdos con empresas privadas para minimizar la escasez de agua. Y en el peor de los casos, no poner trabas a esa colaboración público-privada.

¿Acaso no se podía saber que Cataluña se vería amenazada por la sequía? ¿Era la Generalitat consciente del cambio climático que se avecinaba? Si la respuesta es afirmativa en ambos casos, cabe preguntarse a continuación para qué sirve ese despliegue de oficinas y, sobre todo, los discursos del presidente Pere Aragonès en los que subraya su compromiso con el medio ambiente. La realidad, los hechos, desmienten sus palabras.

La inacción de la ACA ha dejado más de 300 millones de euros sin ejecutar en los últimos cinco años. Por no hablar de las contradicciones en las que incurre el Ejecutivo catalán. El polémico decreto aprobado sin consenso con la única finalidad de multar a los ayuntamientos apuesta por la recuperación de pozos, pero el 76% de los acuíferos está en mal estado. Y eso es responsabilidad directa de la Administración catalana. Asimismo, uno de los primeros municipios sancionados por no tener Plan de Sequía fue Figueres (Girona), a pesar de que su consumo por habitante y día es de 111,29 litros, por debajo de la media catalana. Tanto los ayuntamientos como los operadores han presentado 200 proyectos sin obtener respuesta.

Diez años de inactividad, de mala gestión del agua, por parte de un Govern inmerso en sus veleidades independentistas es demasiado. Cuantas más competencias ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, más incompetencia ha demostrado en los temas importantes. Y más infantilismo. El hijo pródigo pretende hacerse mayor e independizarse, pero cuando las cosas van mal dadas, recurre a papá Estado.

“Más inversión y menos burocracia”, reclamaba recientemente el PSC, tras recordar que la última gran inversión se hizo en 2009 con el Gobierno de José Montilla: la desaladora del Llobregat. Fets, no paraules, afirmaba el expresidente. A Dios rogando y con el mazo dando, añade el dicho popular. Por aquello de encomendarse a la Moreneta para que llueva, como hizo el exconsejero de Medio Ambiente Francesc Baltasar.

Si PSC, ERC e ICV, con las consabidas diferencias ideológicas, pudieron ponerse de acuerdo en materia de sequía, no se entiende que el Gobierno de Aragonès en solitario no sea más proactivo, en lugar de echarle la culpa –de nuevo— al Gobierno español y a los ayuntamientos.

Teniendo en cuenta que el consumo urbano solo representa uno de cada cinco litros de agua, pues el resto corresponde a agricultura e industria, caen a plomo los argumentos sancionadores y competenciales. La macroconselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, con un presupuesto de 1.412 millones de euros para 2023 –de los que 577 corresponden a la ACA—, parece tener recursos suficientes para afrontar la situación, sin tener que recurrir al victimismo, y demostrar que, efectivamente, ERC es un partido de gobierno y que sabe gestionar. Sin embargo, Aragonès parece sumido en demasiadas distracciones. Un acuerdo de claridad para proponer un referéndum, pero que nadie apoya. Un Barça investigado por corrupción, pero que el Govern defiende como seña identitaria…

Viendo la caída de determinados iconos catalanes –La Caixa mantiene su sede fuera, el FC Barcelona está bajo sospecha y la Moreneta nunca fue negra; su color responde a la pátina del paso del tiempo, según los expertos— y la pasividad de la Generalitat en materia de sequía, solo nos queda rezar a la Virgen del Rocío antes de que vuelva a ser objeto de burlas. Por aquello de abrir el foco y darle otras oportunidades a la fe. No en vano, la comunidad de origen andaluz sigue siendo importante en Cataluña.

Un libro escrito por el periodista y exjefe de prensa de la Generalitat Jesús Conte, fruto de una gran labor de documentación, conmemora los 50 años de la Feria de Abril en Cataluña. Hubo un tiempo en el que ese evento era considerado “cultura catalana” por Jordi Pujol o Pilar Rahola. Nadie hablaba entonces de colonos, expresión que hoy utiliza el frikismo descrito por Joan Ferran en su libro vetado por la Generalitat, al que se ha sumado una periodista tertuliana siempre malhumorada. Sus compañeros de debate le llamaron la atención por el desprecio dirigido hacia quienes emigraron. ¿Qué decir al respecto? Pues que a la mala educación, ¡ni agua!