Los países donde la vivienda se ha convertido en un problema social suelen tener un parque público bajo. España, con un 1,1% de oferta de titularidad pública, es uno de los territorios europeos con un panorama más negro.

Parece que el mes próximo el Ministerio de Economía dará luz verde a una ley de vivienda que recogerá las propuestas de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez, lo que equivale a una notable intervención pública en el mercado. No a través de la oferta, de la inversión, sino de cortapisas a la especulación; o, lo que es lo mismo, de límites a la rentabilidad del negocio inmobiliario.

Hoy por hoy existen muchas incógnitas sobre el contenido definitivo de la nueva ley, pero la gran cuestión es la seguridad jurídica, saber a qué atenerse. Los socios del PSOE se han puesto de acuerdo en perseguir a lo que han dado en llamar grandes tenedores, un eufemismo que no logra esconder el deseo de acabar con la vivienda como inversión no solo para los fondos –sean buitres o palomas--, sino para todo el mundo.

Es más que probable que si la adquisición de un piso deja de ser rentable, en el futuro la promoción de viviendas quede únicamente para las cooperativas y el sector público, lo que inevitablemente las encarecerá, a menos que el Estado sea capaz de satisfacer la demanda con mucha más inversión.

De momento, las experiencias de la contención administrativa de las rentas no son positivas. Tenemos un ejemplo claro en el caso de las 60 ciudades catalanas de más de 20.000 habitantes donde se aplicó una ley inconstitucional desde septiembre de 2020 y que ha sido inútil ante su principal objetivo, la contención de los alquileres.

No cabe la menor duda de que en este ámbito --tan estratégico o más que el energético o el financiero-- el Estado debe tener un papel destacado. El Gobierno socialista portugués acaba de aprobar una normativa en la que la Administración hace de fiadora para dar seguridad tanto a los propietarios como a los inquilinos. Ya que no puede intervenir mediante la inversión –solo el 2% del parque habitacional es público--, lo hará con otras medidas.

De la lectura del texto se desprende que el Ejecutivo de António Costa ha llegado a la conclusión de que el turismo, que ayudó a crecer a la economía lusa nada menos que un 6,8% el año pasado, está desahuciando a muchos portugueses de sus casas, cuyos precios subieron un 20% en el mismo periodo.

En adelante, solo se darán licencias de pisos turísticos en la Portugal vaciada y desaparecerán los visados de residencia para quienes adquieran viviendas caras. El turismo también tiene aspectos negativos, sobre todo cuando es monocultivo.

Puede que la iniciativa no guste a muchos, puede que sea populista, pero lo que nadie podrá negar es que pone las cartas boca arriba y da seguridad jurídica. Nuevamente, Portugal se nos adelanta.