Central nuclear de Ascó I en una foto de archivo / EUROPA PRESS
La encrucijada nuclear: dos meses para evitar que Cataluña sea un infierno energético
El territorio alberga tres de los siete reactores activos en España, que aportan casi el 60% de la generación en la comunidad
Su cierre aboca a una fuerte subida de la factura y riesgos de apagones recurrentes
Más información: El cierre de las centrales nucleares en Cataluña generará un sobrecoste de 1.200 millones anuales en la factura eléctrica
Las alarmas se han encendido en toda Europa por el vuelco que ha sufrido el panorama energético, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania. El Viejo Continente ha conocido de primera mano los efectos económicos de la dependencia energética y se ha puesto manos a la obra para tratar de evitar nuevas crisis de precios.
Con un escenario geopolítico cada vez más complejo, las miradas se han girado hacia la energía nuclear como la inesperada gran esperanza que, además, no supone un obstáculo para el proceso de descarbonización de la economía que lidera la Unión Europea.
Las dudas acerca de su idoneidad como tecnología de base ideal para la transición energética cada vez se disipan con mayor intensidad… salvo excepciones. Una de ellas, España, con una especial incidencia en Cataluña.
Los acontecimientos y la evolución del mercado energético, especialmente a partir del conflicto bélico, no han llevado a mover ni una coma de los planes del Gobierno para que la generación nuclear cese por completo entre 2027 y 2035.
La lógica de los procedimientos cotidianos podría llevar a pensar que aún queda mucho tiempo para analizar la situación con calma y, en un momento dado, revertir el plan. Nada más lejos de la realidad. Al contrario, los jugadores implicados están en tiempo de descuento.
Calendario
El calendario establecido para el fin de la actividad energética nuclear en España contempla el primer cierre en 2027. El primero en Cataluña, en 2030. Nada que, a primera vista, apunte a una situación de urgencia. Pero lo cierto es que si el panorama no cambia en el transcurso de los próximos dos meses, Cataluña se verá abocada a una suerte de infierno energético.
Una combinación de precios elevados, un alto coste económico en forma de mengua del PIB y del empleo, incertidumbre y falta de seguridad del suministro eléctrico.
Equipos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres)
Para entender esta situación es necesario cruzar España de noreste a oeste. A unos 550 kilómetros de Ascó (Tarragona), que alberga dos de los siete reactores activos, se encuentra Almaraz (Cáceres), donde se ubica la primera de las centrales condenadas al cese de su actividad, por orden cronológico.
Si nadie lo evita, sus dos reactores pararán de forma definitiva en 2027 y 2028. Una situación que será irreversible si no hay cambios antes de junio. "La actividad de la central está garantizada hasta la fecha prevista de cierre. Ambos reactores tienen asegurado el combustible hasta entonces", señalan desde Foro Nuclear, la patronal que agrupa a las operadoras de este segmento.
Hasta tres años para el combustible
Sin embargo, si Almaraz tuviera que prolongar su actividad más allá de lo que indica el calendario acordado, tendría que encargar el combustible dentro de un plazo que no va más allá de las próximas semanas.
"El servicio de los pedidos de este tipo tarda en llegar una media de entre dos años y medio y tres. Se trata de una materia prima especial, con escasos centros de producción y complejos procesos que dilatan mucho los trámites", apuntan desde una consultora especializada en el sector energético.
Plazos, tiempos y trámites que ratifican los operadores de las centrales, que en este escenario mantienen un perfil bajo. Más allá de manifestaciones oficiales acerca del papel crucial que debe representar la nuclear en la transición energética, las energéticas optan por un prudente silencio.
Junio, fecha límite
En el caso de Almaraz I, la próxima recarga está prevista y garantizada para marzo de 2026. Dado que la duración aproximada del combustible suele ser de 18 meses, podría ser suficiente para llegar hasta la fecha prevista de cierre. Mientras, Almaraz II efectuará la siguiente recarga el próximo septiembre. En la central participan Iberdrola (como socio mayoritario), Endesa y Naturgy.
"Si antes de junio no se asegura el combustible, los reactores deberán parar, bajo cualquier escenario, en las fechas previstas. Cualquier posible pacto de moratoria nuclear que pudiera llegar después no evitaría la circunstancia", asegura la citada fuente.
Pero no se trata únicamente del combustible. Un informe del Colegio de Ingenieros de Cataluña publicado a comienzos de este mes menciona otros elementos a tener en cuenta, como la adecuada formación del personal de la planta, habida cuenta de que las actualizaciones en las guías de seguridad y los avances tecnológicos son constantes.
"La decisión de prolongar o no la vida útil de las centrales se ha de tomar con antelación suficiente, ya que aspectos como la compra de combustible y la formación del personal requieren una planificación a largo plazo", señala el documento, que lleva por título Reflexión sobre el sector eléctrico.
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, durante el Capital Markets Day del pasado jueves / IBERDROLA
Tras la planta situada en Extremadura, el turno corresponde a Ascó I. El reactor precisaría de tres recargas adicionales antes de alcanzar la fecha prevista para cesar su actividad, 2030. Evitar una parada, que sería prácticamente irreversible por los costes y trámites de un nuevo arranque, es cuestión de menos de un año.
Pero, además, la situación en Almaraz condiciona al resto de centrales. La planta está participada por Iberdrola, que es socio mayoritario, Endesa y Naturgy. Actores que también están presentes en el resto de instalaciones y que considerarían un agravio que la central extremeña tuviera una situación diferente al resto.
Precisamente, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha advertido en el diario Financial Times de que el cierre de las nucleares en España supondrá un incremento de la factura eléctrica del 25%. Un informe elaborado por PwC, en colaboración con Foro Nuclear, cuantifica el sobrecoste en 1.200 millones de euros anuales.
Alta dependencia nuclear
La situación es particularmente grave en Cataluña debido a la dependencia del ámbito nuclear. Las centrales de Ascó y Vandellós fueron el origen del 59,1% de la producción eléctrica en Cataluña, según los datos provisionales de Redeia.
Para hacerse una idea de la magnitud de esta cifra, cabe señalar que supone cerca del 9% del total del sistema peninsular y equivale a la cobertura eléctrica del 30% de los hogares de toda España.
Un parque eólico Europa Press
No es difícil deducir que la sustitución de este volumen energético no resulta nada sencilla. Y, menos aún, si se tiene en cuenta que el desarrollo de las fuentes renovables no ha sido tan próspero como se esperaba, especialmente en Cataluña.
El mencionado informe del Colegio de Ingenieros de Cataluña señala que el modelo eléctrico que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) prevé para Cataluña en 2030 contempla un incremento de 1.019 megavatios (MW) de la actual potencia instalada. "De acuerdo con los proyectos en curso con tramitaciones medioambientales aprobados, se podría alcanzar como máximo un incremento en la potencia instalada de 483 MW". Es decir, menos de la mitad de lo previsto.
El documento destaca entre los factores que han contribuido a esta situación la compleja tramitación administrativa, la oposición social a determinados proyectos (en especial, en eólica marina) y las restricciones a la disponibilidad de los terrenos más adecuados.
El escenario se complica si se tiene en cuenta que el Pniec también prevé un incremento de la demanda eléctrica para 2030 del 34% respecto a la registrada en 2019. Una evolución que contrasta con el leve retroceso que se ha dado en los últimos años y que se explica por las derivadas del proceso de electrificación de la actividad (sobre todo, en movilidad). Y también, por el desarrollo de nuevos negocios, como los centros de datos.
Riesgo medioambiental
Solventar este complejo rompecabezas no va a resultar sencillo. Para completar la parte de la producción nuclear que no pueden cubrir las renovables se tendría que recurrir a los ciclos combinados, que emplean gas natural como combustible. Una práctica que eleva la factura y que, además, contribuye a incrementar las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, en detrimento de los objetivos medioambientales.
Pero el efecto no sólo sería evidente en el coste. "Tampoco los ciclos combinados de gas natural que funcionan en modo base son suficientes para garantizar la energía y la potencia necesarias. No quedaría margen para las paradas por razones de mantenimiento y revisiones", resalta el Colegio de Ingenieros, para concluir que “Este escenario condiciona el crecimiento industrial y económico. El riesgo es demasiado elevado”.
Ese riesgo tiene nombre y apellidos: seguridad del suministro, uno de los tres pilares de la transición energética, junto a los de sostenibilidad del sistema y viabilidad económica. La sombra de la amenaza de apagones recurrentes se extiende sobre el territorio con el actual escenario.
Los efectos se han trasladado incluso a la esfera política. Apenas cinco meses después de su nombramiento, Josep Maria Serena ha renunciado al cargo de director general de Energía de la Generalitat.
El que fuera presidente del Consejo de Seguridad Nuclear mantenía desde el principio severas discrepancias con la consellera del ramo, Sílvia Paneque, a propósito del cierre de las plantas de Ascó y Vandellós. Serena defendía plantear con urgencia la necesidad de prolongar la vida de las centrales, conocedor de que, pese a que el calendario aparente ofrecer un amplio margen, incluso hoy se antoja tarde para tomar decisiones.
En esa misma tesitura se encuentran las grandes compañías energéticas y también los sindicatos, conscientes del efecto negativo que tendrá el cierre para el empleo. Por ahora, las conversaciones con el Gobierno no han dado frutos visibles, mientras el tiempo se agota.
