Pedro Sánchez ha conseguido un balón de oxígeno importante para encarar el final de la legislatura esta semana. Empezará 2023 con nuevos Presupuestos y dispone de un año para dejar pasar la tormenta política (que no se da en la calle excepto entre los más movilizados) sobre la derogación del delito de sedición. Además, ya es presidente de la Internacional Socialista y ve más cerca el liderazgo de turno de la Unión Europea, dos cargos que le darán la relevancia pública a la que aspira y a la que confía parte de su futuro político.

Sería bueno que Pere Aragonès tomase nota del asunto y no demorase más el inicio de la negociación real de las cuentas catalanas, ya que cuanto más tiempo deje pasar más difícil tendrá conseguir los acuerdos necesarios para sacarlas adelante. Más, cuando 2023 se iniciará con una recesión cuya profundidad real en España se verá en cuestión de semanas, cuando las pymes que cierran un ejercicio y definen el próximo fijen sus expectativas de negocio. La gestión de estos contextos es peliaguda y el Gobierno de los 33 no puede fallar en su intento de demostrar que ERC es un partido serio, presidenciable.

El frenazo económico es el escenario en el que se iniciará un nuevo periodo electoral que marcará las agendas y los postureos políticos que, de forma cada vez más acusada, causan hartazgo en la población. Pero estas no serán las únicas urnas que se pondrán los próximos meses para decidir quién ocupa puestos que son claves para definir qué políticas se aplican. Si el empresariado esta misma semana ha dado un espaldarazo a Antonio Garamendi para que continúe cuatro años más al frente de CEOE --sigue el debate interno en la patronal, pero sin contestación directa a la presidencia--, en breve se iniciarán las grandes elecciones sindicales.

Van de abajo a arriba, por lo que son los centros de trabajo los primeros que deberán elegir quiénes van a negociar sus condiciones laborales y ya se han abierto procesos en grandes grupos como, por ejemplo, en Caixabank, con la consiguiente pugna entre siglas para representar a los trabajadores. La renovación de los delegados se realiza en ciclos largos. De hecho, los comicios confederales de UGT y CCOO no tendrán lugar hasta 2025, por lo que aún hay tiempo para que surjan nuevos liderazgos internos dispuestos a recoger el testigo a Pepe Álvarez y Unai Sordo, que encaran la etapa final como secretarios generales de ambas centrales. Y algunos de los nombres que empiezan a sonar se encuentran muy cerca, aunque es pronto para postularse de forma abierta.

Otros comicios que se esperan para el primer semestre de 2023 son los de las 13 cámaras de comercio catalanas. El Ministerio de Industria decretó en octubre de 2021 que los procesos electorales para la renovación íntegra de los plenos se deben celebrar como muy tarde el 15 de noviembre de 2023, y ni la Consejería de Empresa ni el Consejo General cameral catalán quieren pasar de nuevo por el bochorno de solicitar ampliaciones de plazo por la incapacidad de organizarlas. Por ello han empezado a mover ficha, no sin controversia.

Cabe recordar que, además de pedir dos prórrogas para poner las urnas en 2019, las elecciones que se celebraron entonces, y en las que venció la ANC, han sido anuladas tanto en el fondo como en la forma. Los tribunales han enmendado el decreto electoral al encontrar errores de bulto y los resultados finales en Barcelona, donde se demostró que quedaron vulnerados los derechos básicos de los electores. Es decir, los comicios fueron un fracaso total.

Ahora hay nervios entre los independentistas radicales que están al frente de la institución. La usan desde el primer día como altavoz y del impulso que tenía en el pasado solo ha sobrevivido el servicio de estudios, que ha conseguido ponerse bastante de perfil ante las demandas políticas que le han llegado. Pero en un momento en el que las siglas ANC están en horas bajas y cada vez movilizan a menos gente, conservar la proyección que les otorga la Cámara de Comercio de Barcelona es un objetivo prioritario.

Por ello se han tomado decisiones como la de reducir a la mínima expresión las sillas reservadas a las empresas de mayor aportación a las arcas de la organización de derecho público, una de sus principales vías de financiación. Se complica su supervivencia, pero de este modo hay más vocales electos de forma directa. Los que eligen en las urnas las sociedades y autónomos radicados en el ámbito de influencia de Barcelona, estén activos o no, y donde la ANC tiene más posibilidades de conseguir representantes.

La pugna por la mayoría del plenario será más acusada en esta ocasión que en 2019. Se esperan menos candidatos y un proceso igual o más fiscalizado que el anterior. Falta fijar una fecha concreta en el calendario, pero la carrera de fondo ya ha empezado.