El divorcio por fases del Gobierno catalán, con mariachis incluidos, hizo perder la poca épica que aún le quedaba a la celebración del quinto aniversario del 1-O. Las encuestas no son demasiado propicias para los que exigen otra vez una ruptura unilateral, ni las propias ni las ajenas. Mientras en Cataluña se impone eso de que por interés te quiero Andrés y la gestión política de la Generalitat encalla de nuevo por la pelea entre socios de coalición, el resto del mundo sigue rodando y va directo hacia un otoño complicado.

“Cuando no hay dinero, la gente se tensiona”, advierten incluso los taxistas de la ciudad, que este fin de semana se han apuntado un tanto al entrar en vigor la nueva norma de los VTC en el territorio. Y no estamos precisamente en tiempos de abundancia.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, situaba esta misma semana en el 2,5% el máximo de la subida de tipos a la que el regulador europeo llegará en marzo. La receta tradicional para frenar una inflación que en España se ha moderado al 9% pero que en Alemania llega a los dos dígitos está en marcha y el rumbo está claro. Con todo, por primera vez en mucho tiempo se aplica en una sociedad más pobre tras años de encadenar crisis.

La última, la que vino unida a la pandemia de Covid, ha sido fatal para las pymes. Los pequeños empresarios del país, que son mayoría, han sufrido, sufren y en su futuro inmediato pintan bastos. El margen de optimismo lo aportan las entidades financieras y los gestores de ayudas públicas, ya que por el momento los créditos se devuelven con normalidad.

La nueva ley concursal, más ágil en reestructuraciones con posibilidades de mantener la actividad core, también ha dado cierto oxígeno en este sentido. Tras casi una semana en marcha, y sin cifras oficiales aún que lo sostengan, desde la partida de lo mercantil se apunta a que han incrementado las causas que buscan esta solución rápida a sus problemas de oxígeno económico. El primer gran test de la norma será este gigante con pies de barro en el que se ha convertido Celsa, cuyo futuro está en el aire.

Esta misma semana el presidente de Agbar, Àngel Simón, también advertía de que el 10% de los clientes a los que dan servicio tienen problemas reales para hacer frente a la factura del agua, un bien básico. Porcentaje muy alejado del 1% que se registraba antes del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 o del 4% en el que se situó en la doble recesión de la década pasada. El ejecutivo alertaba de todo lo que conlleva esta “desigualdad estructural”, que como sociedad seamos más pobres y que las expectativas de las nuevas generaciones es vivir con menos recursos que sus padres.

Mientras, la solución por la parte pública es asegurar de nuevo que se subirá el salario mínimo interprofesional, una iniciativa que ya se ha demostrado inútil para elevar la retribución media, el gran problema del país; y se ha abierto una guerra fiscal entre autonomías --si es terrible ya entre países europeos-- que arrastra al Estado a tomar medidas de mucho empaque y poco alcance real. Propuestas que alimentan los discursos populistas, el gran problema de Europa unido al creciente nacionalismo.

Hay margen para el optimismo en el hecho de que se espera una crisis corta y en que España tiene todos los números de evitar la recesión por la idiosincrasia de su territorio (energética, básicamente). Con todo, el contexto llama a gritos en un momento de seriedad y gestión lo más pensada y consensuada posible, ya que hay mucho en juego. Lo público ya ha dado su respuesta, mariachis.