Los Rubiralta intentarán quedarse Celsa al impugnar el plan de los fondos

La clave del actual escenario que actualmente aparece en el presente de uno de los mayores grupos industriales de España, que arrastra desde hace años un grave problema de endeudamiento, es la entrada en vigor de un nuevo texto de la Ley Concursal, que pretende agilizar y simplificar aquellos mecanismos que protegen a las compañías cuando su situación financiera complican la viabilidad. 

Etapa previa al preconcurso

Resultado de la transposición de varias normativas comunitarias, el nuevo texto modifica en gran parte el Título II de la Ley y, como indica el preámbulo, introduce como una de las grandes novedades la figura del plan de reestructuración.

Se trata de una competencia que se pone en manos de los acreedores como una etapa previa al ya existente preconcurso de acreedores, que abre un periodo de tres meses para que la empresa y los tenedores de la deuda alcancen un acuerdo de convenio pero que, en el caso contrario, obliga a solicitar el concurso definitivo.

Posición de ventaja

La posibilidad del plan de reestructuración supone un vía para evitar el estigma que para las compañías supone recurrir a las figuras del preconcurso o concurso, según se explicita también en el preámbulo del nuevo texto legal. 

En el caso de Celsa, los principales acreedores, en su mayoría fondos de inversión que adquirieron hace cinco años la deuda a los bancos con notables descuentos, han sido los primeros en moverse, lo que les otorga una posición de ventaja.

Evitar el concurso 

Tal era la importancia de dar el primer paso que las entidades, que actúan en todo este proceso de forma conjunta y coordinada no esperaron ni 24 horas desde la entrada en vigor de la norma, sancionada el pasado 6 de septiembre y para la que se preveían veinte días de moratoria. 

“Es una señal de lo importante que es dar el primer paso en este sentido, precisamente porque el espíritu de la norma persigue evitar situaciones como el preconcurso, que generan mucho ruido a su alrededor y puede complicar la continuidad de compañías que, en muchos casos, pueden salir adelante”, explican desde un despacho especializado en derecho concursal. 

Apoyo asegurado

La figura del plan de reestructuración también pretende abordar la situación de una empresa en apuros financieros con antelación a tener que abordar un proceso de este tipo, con todo lo que ello conlleva. “Se trata de actuar cuando todavía hay margen para sacar adelante la empresa; porque en el pasado los procesos concursales llegaban muchas veces demasiado tarde, al recurrir a ellos como una medida prácticamente a la desesperada”, añade la fuente. 

Para la convalidación del plan, la normativa exige el apoyo de dos tercios de la mesa acreedora, proporción que en determinados casos se eleva al 75%. En cuanto a Celsa, los fondos cuentan con cerca del 90%, lo que les asegura este paso siempre que el juez dé el visto bueno al plan. 

Ejecución inmediata

A partir de su convalidación, entran en juego los socios de la empresa, a los que la Ley deja en un segundo plano en todo el proceso hasta este momento. Los propietarios tienen la posibilidad de impugnar justificadamente el plan, lo que evitaría otro de los aspectos novedosos que incorpora la normativa, como es la ejecución inmediata del mismo en el caso de que no haya objeciones de los socios ni de otros acreedores.

El plan de los acreedores de Celsa prevé la capitalización de deuda por un valor cercano a los 1.300 millones de euros, lo que les convertiría en los nuevos dueños. Además, contempla la extensión del vencimiento del resto a los próximos cinco años y renunciar a los préstamos por valor de 550 millones de euros concedidos en su día por el fondo de ayuda a las empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuya formalización está condicionada a un acuerdo previo entre las partes. 

Negociación abierta

La delantera que han tomado los acreedores en este caso y el espíritu del nuevo texto legal cierra un tanto las puertas a una posible solicitud de concurso que, además, no entra en los planes de los Rubiralta, toda vez que consideran que Celsa no está en una situación que justifique tal decisión, que además estiman que les penalizaría con vistas a clientes y proveedores.

Por el momento, su estrategia se basa en mantener abierto un diálogo con los acreedores que aseguran no haber detenido ni interrumpido en todo este proceso. De no prosperar, se abrirían las puertas a las opciones que ofrece la nueva Ley.