Se está haciendo largo, y sobre todo pesadísimo, este epílogo procesista donde el independentismo más radical logra arrastrar al más acomplejado. La pauta siempre es la misma: crisis de gobierno catalán y cortina de humo consistente en aflorar las miserias del Estado español. Dos errores no hacen un acierto y los equívocos de la Generalitat nunca van a ser compensados con las debilidades del “enemigo exterior”. Que las hay. Pero ya no cuela. No es creíble. Es tramposo.
Pocas lecciones puede dar el independentismo de transparencia y democracia tras aquellos días convulsos de 2017, momento álgido de un procés que había arrancado años atrás con la construcción de “estructuras de estado” llamadas a ser pilares de la futura república catalana. Y aunque los Mossos d'Esquadra ya estaban desplegados, fruto del traspaso de competencias pactadas por Jordi Pujol con el Gobierno español, este cuerpo sería utilizado como uno de esos cimientos separatistas. A la época de Artur Mas y su entonces consejero de Interior, Felip Puig, se remonta la idea de crear una especie de CNI a la catalana, inspirado en el Mossad, con el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) como unidad neurálgica, reconvertida posteriormente en Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
Pero no es tan fácil jugar a los espías. El propio Puig tuvo que dar muchas explicaciones por apropiarse de unas competencias que solo tiene el Gobierno español, por muchas ínfulas de Estado que se arroguen los independentistas. Todos y cada uno de los torpes movimientos de aquel incipiente “servicio de inteligencia” catalán salieron a la luz. Seguimientos sin orden judicial, presiones laborales... Incluido el intento de los Mossos de quemar documentos en una incineradora de Sant Adrià del Besós, resultado del espionaje hecho a políticos, entidades y profesionales contrarios al independentismo. Junts per Catalunya, ERC y la CUP vetaron la creación de una comisión de investigación en el Parlament para indagar en esos hechos. La excusa era que el caso estaba sub júdice.
Vaya por delante que las comisiones de investigación nunca han servido de nada, nunca han hecho aflorar datos desconocidos para el ciudadano, más allá de titulares jugosos --como los del caso Pujol, cuya investigación judicial no impidió las pesquisas parlamentarias-- pues se saldan en dictámenes donde se impone la mayoría política de turno. Pero el doble rasero que utilizan los independentistas para pedir responsabilidades políticas es muy denunciable. Salvando las distancias entre los atentados yihadistas del 17A y el chapucero debut de los Mossos en el mundo del espionaje, sí es reprochable el rodillo mediático y parlamentario que ha utilizado el Govern en estos años de desafío independentista. Ni Pere Aragonès, ni antes Quim Torra, Carles Puigdemont ni Mas, sabrán nunca cómo funcionan los servicios de espionaje, oscuros, opacos, vengativos y, en algunos casos corruptos y chantajistas, que todos los países de nuestro entorno tienen. No lo sabrán porque, sencillamente, Cataluña no tiene ni puede tener un CNI.
Por eso, que Pere Aragonès, azuzado por sus socios de Junts per Catalunya, diera credibilidad a las teorías de la conspiración de Villarejo para luego recular, tiene un punto de ingenuidad. Y también de oportunismo. La casualidad ha querido que las declaraciones del excomisario, acusado de pertenecer a una organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, hayan coincidido con la purga que el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ha llevado a cabo en el cuerpo de Mossos.
Le ha venido muy bien al Govern que el espía se despachara con una supuesta vinculación del CNI con los atentados de Barcelona y Cambrils, aunque ayer ya matizó, asegurando que la inteligencia española no quería un atentado. Si hubo errores en la cadena de información sobre los autores del 17A, es algo que la Justicia, y no una comisión de investigación, aclarará. Como tampoco se profundizó en el Parlament en las advertencias que hizo la policía belga a los Mossos sobre el imán de Ripoll, o la reunión de la CIA con mandos de la policía autonómica. De nuevo, el independentismo quiso vetar, en esta ocasión sin éxito, la comparecencia de esos mossos en la comisión de investigación sobre los atentados. Donde, por cierto, se exculpó al CNI de los mismos.