Hace meses que está abierto el debate sobre la posibilidad de exigir el pasaporte Covid para acceder a ciertos locales. De hecho, algunas comunidades autónomas intentaron hacerlo durante el verano, como ocurrió en Cantabria, que vio frustrado el proyecto por la negativa de los tribunales.

En Cataluña, donde ya se pedía para entrar en las discotecas y para cierto tipo de eventos, su puesta en marcha se anunció de forma oficiosa hace unos días. La primera reacción de los ciudadanos ante aquellas filtraciones fue acudir a los vacunódromos sin cita previa para conseguir la segunda –o primera-- dosis provocando colas. Trataban de evitar que no disponer del código QR frustrara sus planes vacacionales para el puente de la Constitución o para Navidad.

Se publicó en los medios: todo el mundo lo sabía. Pero el Govern ha puesto finalmente en marcha la exigencia del certificado para acudir a bares, restaurantes y gimnasios sin tener a punto ni siquiera la maquinaria para facilitar los certificados. El sistema se ha colapsado, algo que no ha ocurrido en ninguno de los otros cinco territorios españoles donde también es obligatorio el pase. ¿Cómo es posible que el previsible alud de peticiones –707.000 en cuatro días-- haya tumbado el sistema informático?

Ninguna autonomía ha intentado implantar de golpe el pasaporte Covid para bares y todo tipo de restaurantes. Valencia quiere hacerlo en locales de más de 50 comensales, como pretendía el País Vasco, o como ha hecho Navarra (60 personas). Murcia se lo plantea para establecimientos que utilicen el 100% de su capacidad; Galicia, solo a partir de las nueve de la noche.

Es posible que el contagio sea más fácil durante la noche o en recintos de gran capacidad, pero lo que está claro es que ese tipo de graduación para introducir la obligatoriedad del pasaporte facilita su implementación.

Parece que las estructuras de Estado que ha construido el independentismo catalán en los últimos años no se refieren a servicios públicos como este del Departamento de Salud que ha petado. En noviembre del año pasado el sistema informático de la Generalitat se colapsó en dos ocasiones, cuando los bares y restaurantes trataron de obtener las ayudas públicas por la pandemia y también cuando los autónomos quisieron informarse sobre los apoyos disponibles. En abril de 2020, la precipitación de Quim Torra anunciando un reparto inexistente de mascarillas gratuitas ya había inutilizado la red de receta electrónica de las farmacias catalanas. Jordi Puigneró, el actual vicepresidente de la Generalitat, era entonces y ahora el responsable de políticas digitales del Govern.

Puede que, tal como sospechábamos, en realidad aquello de las estructuras de Estado solo era un eufemismo con el que aludían a nóminas, empleos, viajes y asesorías regadas con el dinero de todos.