El debate de la presión fiscal que debe soportar cada ciudadano en su territorio de referencia ha vuelto a la actualidad esta semana. Es la parte positiva del anuncio populista de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha intentado dar una vuelta de tuerca más a la imagen de que la capital es un paraíso respecto a otras autonomías. La principal, Cataluña, la que más impuestos propios ha creado para intentar incrementar su financiación.

Además, anunció que daba este paso para rebajar la factura de la luz de los madrileños. Jackpot total de un anuncio que equivaldría a populismo de parvularios. Ni compensará el recibo energético de la ciudadanía --cuestión que merece un debate riguroso, sin estridencias y con datos en la mano para revertir el impacto en la escalada de un bien básico-- ni impactará de forma relevante en los bolsillos de los particulares o en el erario público, ya que solo recaudaba 3,5 millones con tres tasas (el 0,02% del total de los ingresos de la comunidad).

Sí, por ejemplo, a los instaladores de máquinas recreativas en bares y restaurantes (tragaperras). Aunque el viento soplaba a su favor, ya que el Estado creó un impuesto análogo que colisionaba con el autonómico, al que le quedaban dos telediarios. Algo parecido a la tasa sobre el depósito de residuos que ahora decaerá, antes de quedar superado por un tributo estatal, de nuevo, análogo. En cuanto al anuncio de que se carga el de Actividades Económicas, se debe tener en cuenta que no opera desde 2009.

No es de extrañar que los analistas y economistas se hayan llevado las manos a la cabeza con el anuncio de la presidenta madrileña. Pero en el contexto actual de política de brocha gorda se le debe reconocer su olfato y sentido para ganarse el cariño de los votantes. Más allá de la “demagogia fiscal” que se le afea, quien tendría que estar muy preocupado tras este anuncio es Pablo Casado, ya que el liderazgo de Díaz Ayuso cada vez le hace una sombra más larga.

La batalla política en Madrid e interna del PP no hace buena la gestión política de los gravámenes catalanes. La misma semana en que la lideresa salía a la palestra con su estridencia fiscal, la Generalitat activaba la enésima tasa autonómica. En esta ocasión, sobre el CO2 de los vehículos y con el anuncio velado de que serviría para compensar la fin de los peajes.

De nuevo, una falacia. Serán los presupuestos catalanes prorrogados otro año más los que soportarán el fin del pago por uso de las vías de alta velocidad. Ni siquiera se ha abierto el debate sobre la necesidad de buscar un modelo alternativo, y las ocurrencias para evitar un gasto público no precisamente menor llegan al nivel de la petición del vicepresidente catalán, Jordi Puigneró (JxCat), de que sea el Estado el que pague la factura catalana por los agravios históricos. En cuanto al impuesto sobre las emisiones de CO2, el censo definitivo de 2,2 millones de coches, motos y furgonetas que circulan por el territorio se ha publicado con errores en las emisiones. Es decir, la métrica que estipula cuánto hay de pagar.

Todo ello, a una semana de que empiece un curso escolar marcado por la falta de plazas públicas de formación profesional (FP). Más de 10.000 aspirantes se quedarán sin acceso al grado que querían por falta de oferta pública. La Consejería de Educación anunció que crearía contrarreloj 4.215 plazas para no empujar a estos jóvenes a convertirse en Ni-Nis. Ha sido Pimec la que en las últimas horas ha movilizado 1.900 plazas de FP concertada para intentar dar una solución y ha alertado de que, con el paro juvenil por las nubes, no nos podemos permitir esta realidad.

Con todo, los sindicatos recelan de dónde han ido a parar los recursos específicos para reforzar esta formación y denuncian que se han destinado a cubrir agujeros del sistema educativo en general. También acusan al departamento de eludir darles información clara y concisa, una práctica cada vez más habitual en una Generalitat experta en exigir transparencia a terceros pero poco amante de aplicársela a si misma. De nuevo, una característica común de los nuevos tiempos políticos.

Los retos de Pere Aragonès (ERC) son cada vez más numerosos y más complejos. El presidente catalán vivirá esta semana una nueva Diada en el bando de los botiflers, y su particular vuelta al cole incluirá abrir la negociación con el Estado --la famosa mesa de diálogo-- para buscar una solución pactada al conflicto político sin que ninguna de las dos partes sepa demasiado bien qué quiere. Pretenden no perder la silla y vamos directos a una patada delante de dos años más, hasta las nuevas elecciones.

La gestión política ha perdido la necesaria practicidad. Aragonès haría bien en ocupar parte de su tiempo también a eso. ¿Empezamos por la FP?