Isabel Díaz Ayuso ha anunciado con la solemnidad que la caracteriza que la Comunidad de Madrid se convertirá por su voluntad en un gobierno autonómico de segunda división, en una simple gestoría competencial de los recursos transferidos por el Estado pero eso sí, en una oficina de propaganda por todo lo alto de su propia persona y de rebote para el PP. Para ser más precisos, en una maquinaria de gesticulación ideológica para erosionar al ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Al rehuir la responsabilidad de gobierno, y por descontado al renunciar a ampliar la capacidad decisoria de la autonomía como es habitual en el resto de comunidades, la presidenta madrileña se convierte en un caso único en el Estado Autonómico y a la vez en su principal peligro.

El valor de su plan para eliminar toda imposición fiscal de naturaleza autonómica está más en la música que en la letra. La Comunidad de Madrid tiene en vigor tres impuestos propios por los que ingresa 3,4 millones anuales, una miseria que alcanza el 0,02% del esfuerzo contributivo de los madrileños. Mantiene formalmente el de Sucesiones y Patrimonio pero al estar fuertemente bonificado en la práctica no cuenta. Muy lejos de la Generalitat con 15 figuras impositivas propias, en incluso de Andalucía que cuenta con 8.

Ayuso, pues, no está buscando aligerar realmente la presión fiscal de los residentes en Madrid atribuible al gobierno autonómico porque hace años que esta es irrisoria, busca identificar al gobierno central como único responsable de dicha presión. La repercusión para el bolsillo de los contribuyentes madrileños de la ley anunciada ayer será muy cercana a cero, sin embargo las consecuencias políticas de este lavado de manos de la presidenta en cuanto a responsabilidad gubernamental tendrá cierta enjundia.

Las comunidades autónomas entendieron desde el primer momento que la posibilidad de aplicar incrementos propios al IRPF o de crear impuestos específicos para sus territorios abría una ventana a la profundización del autogobierno. Naturalmente, aumentar la presión fiscal por decisión autonómica implica asumir riesgos en términos de popularidad. En mayor o menor medida, cada comunidad, al menos las de mayor ambición, al margen del País Vasco que vive en su paraíso financiero, han tomado alguna iniciativa. Al fin y al cabo, siempre podían echarle la culpa al gobierno central por su financiación insuficiente.

Ayuso no parece entender el Estado de las Autonomías como otra cosa que no sea un conjunto de maquinarias políticas locales al servicio del partido de turno para actuar como contrapoder de la Administración Central. En eso, en la obsesión por desgastar al gobierno de España, está más cerca del independentismo de lo que estaría dispuesta a reconocer en público, aunque ciertamente los gobiernos catalanes no han dudado en aprobar leyes con nuevos impuestos, como corresponde a cualquier ejecutivo con ambición de autogobernar su comunidad.

La presidenta de Madrid está dispuesta a renunciar a cualquier ejercicio de colaboración institucional rechazando la responsabilidad de obtener los recursos públicos imprescindibles para su comunidad, por pequeña que fuera la aportación que le corresponde, pero de su discurso ya queda claro que exigirá a la Administración Central todos los ingresos necesarios a la vez que la acusará de ahogar a los madrileños a impuestos.

La cuadratura del círculo es lo que busca. Cosa difícil. Lo más probable es que consiga romper la mínima solidaridad existente entre los gobiernos autonómicos para exigir del Estado la mejor financiación de las autonomías posible, apelando a su esfuerzo de corresponsabilidad por muy simbólico que este sea de momento. El estado de insolidaridad que Ayuso ha decretado en Madrid puede beneficiar sus aspiraciones políticas frente a un desnortado Pablo Casado, pero va a debilitar todavía más al insatisfactorio Estado Autonómico. Mira por dónde, Ayuso puede colaborar involuntariamente con quienes defienden que dicha formulación quedó obsoleta hace algún tiempo y no precisamente por las razones que pueda tener la presidenta de Madrid sino por todo lo contrario.