Ni un mes ha durado Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont, como miembro de la Mesa del Parlament.

El viernes advirtió en una entrevista de que “no tiene sentido” que te inhabiliten por “una tontería”, como “admitir a trámite una propuesta de resolución que no lleva a ningún sitio”, en referencia a resoluciones independentistas o contra la Corona.

Como era previsible, sus declaraciones cayeron como una bomba en su partido, JxCat, especialmente entre los sectores más duros (si es que hay alguno menos ultra que otro). Y este mismo lunes se vio obligado a dejar su cargo en la Mesa y seguir como diputado raso.

En un comunicado, Cuevillas trató de suavizar sus palabras apuntando que tal vez “había pecado de imprudente”, y apeló a la “confrontación inteligente” (una especie de evolución del famoso llamamiento a la “astucia” que se inventó el malogrado Artur Mas y que ha recuperado Puigdemont para maquillar su fracaso). Pero también insistió en evitar el “choque suicida”.

La espantá de Cuevillas se suma a otras de las que hemos sido testigos durante el procés. La más sonada fue la del consejero de Empresa y Conocimiento Jordi Baiget cuando en julio de 2017 --a pocos meses del referéndum ilegal del 1-O-- admitió en una entrevista que “podría aguantar ir a la cárcel, pero no si van contra el patrimonio”. Fue cesado ese mismo día por Puigdemont.

Pero también hay que recordar la gloriosa actuación de Josep Costa (JxCat) como miembro suplente de la Sindicatura Electoral del 1-O. El 22 de septiembre de 2017 fue uno de los que precipitó deprisa y corriendo su renuncia pocas horas después de que el Tribunal Constitucional impusiera una multa diaria de entre 6.000 y 12.000 euros a cada uno de los miembros de ese órgano ilegal si no lo disolvían.

Es gracioso que este tipo --que fue vicepresidente primero de la Mesa del Parlament en la pasada legislatura-- haya sido uno de los que haya criticado con más intensidad el canguelo de Cuevillas. “Creo que defender la soberanía del Parlamento de Cataluña no es ninguna tontería. Creo que ser encarcelado o inhabilitado por hacerlo es una cosa dignísima. Y creo que si alguien no puede o no quiere asumir este riesgo no debería estar en la Mesa del Parlament”, soltó Costa el mismo viernes.

Pero del proceder de Cuevillas podemos extraer varias lecciones. La más relevante es que la mejor forma de combatir al nacionalismo es por la vía judicial. La mera aplicación de la ley es mano de santo contra los excesos del extremismo independentista (aunque no vendría mal promulgar algunas normativas adicionales). No olvidemos que el desafío del secesionismo lo pararon los jueces y la policía, no los políticos del PP ni del PSOE. Y que es la justicia, en aplicación de la Constitución, la que está erosionando sentencia a sentencia atrocidades como la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán.

Si echamos la vista atrás podemos constatar cómo, antes o después, los dirigentes independentistas han echado el freno ante el pavor a la actuación de la ley y de la justicia. Algunos lo hicieron pronto, como los anteriormente citados o el propio Santi Vila --que dimitió del Govern horas antes de la segunda declaración unilateral de independencia (DUI), la del 27-O--. Y otros demasiado tarde, como Torra, que retiró la pancarta tras desobedecer a la Junta Electoral Central. O como el propio Puigdemont, que en vez de quedarse a defender la DUI huyó de España cobardemente engañando incluso a algunos de sus compañeros del Ejecutivo autonómico.

Acierta Cuevillas cuando alerta de la inutilidad de un “choque suicida” contra el Estado. Pero yerra cuando dice que pecó de “imprudente”. Sus palabras fueron las más prudentes y razonables que ha pronunciado en los últimos años.

Y el Gobierno debería tomar nota y no desarmar al Estado frente al independentismo --con indultos, nuevas cesiones competenciales o dulcificaciones de los delitos de sedición y rebelión--, sino todo lo contrario: dotarle de más y mejores herramientas para combatir las próximas acometidas del nacionalismo catalán.