Que el independentismo era un relato burgués tan inconsistente como risible se ha repetido hasta la saciedad. Admito que lo mejor que ha dado este proceso de los soberanistas han sido las crónicas periodísticas del buen amigo Albert Soler Bufí, quien desde el centro geográfico de engendramiento de todo el movimiento, la zona cero lo llama él, se ha carcajeado brillantemente de sus protagonistas. En una entrevista con motivo de la presentación de su último libro, el periodista gerundense insistía este domingo en Crónica Global en que los grandes protagonistas del secesionismo siempre han sido unos frikis. Quizá en los últimos tiempos la venta de su revolución romántica (adquirida por determinadas izquierdas en toda España) les ha transformado en unos “frikis sin disimulo”. Sin más.

El (des)gobierno independentista catalán ha decidido que no está en condiciones de ir a pasar cuentas el 14 de febrero próximo a las urnas e intenta una maniobra dilatoria de la convocatoria electoral que consideran les permite rearmarse de posibles resultados adversos detectados por las encuestas. No habrá elecciones hasta finales de mayo con lo que, en el mejor de los casos, no tendremos gobierno efectivo hasta el próximo otoño. Otro lujo más para la Cataluña decadente.

Que se suspenda la cita electoral del 14F en virtud de la situación de la pandemia ya es discutible por sí mismo. La actividad escolar seguirá, el mundo del trabajo sigue su curso, las personas pueden moverse en su municipio y, sin embargo, el riesgo de coincidencia en un colegio electoral, que no es mayor que el de coincidir en un supermercado, se ha convertido en el elemento para dar una especie de nuevo golpe a la democracia al que tan acostumbrados nos tienen. Golpe partidista, ambiguo, para más señas, con una arbitrariedad y falta de consenso propio de quienes nos (des)gobiernan desde hace ya un tiempo excesivo.

Cataluña ha estado a punto de que su poder político aprobara una excepción a los confinamientos municipales para votar a finales de enero a la presidencia del Barça y, en cambio, dejara sin efecto las elecciones del 14F, unas semanas después. Que los nacionalistas de la ANC y Junts per Catalunya lo tuvieran más fácil en Can Barça que en la política catalana ha tenido que ver con este paroxismo. Uno de los frikis de su dirigencia, Pere Martí Colom, a la sazón el responsable de comunicación de JxCat, lo dijo sin pestañear: “Ahora tenemos más tiempo para ganar bien”. El tuit se borró a la velocidad de la luz, pero el refajo quedó al descubierto. Conclusión: el independentismo nunca tiene miedo a votar salvo cuando prevé que puede perder. O expresado al estilo de Albert Soler: ¡cuánto Fortasec está siendo necesario para frenar el efecto Illa!

El decreto de suspensión de las elecciones del 14F es otra muestra diáfana de cómo concibe la democracia el frikismo político independentista. Expertos en derecho constitucional, organizaciones patronales y sindicales han puesto el grito en el cielo a la vista de la nueva barbaridad democrática que pergeñan. Pero ahora toca pasar a la acción.

¿Quién puede hacer algo a favor de restituir la normalidad en un territorio que vive una gobernación de trileros y una democracia de tan baja calidad? La posición de los partidos políticos es interesada, confusa, cobarde y apenas comprometida. Sólo Vox ha tenido la valentía de anunciar que recurrirá la situación para evitar que se consume. Quizá el PSC acabe enfrentándose legalmente, pero Ciudadanos, Comunes y PP, en el bloque constitucional, han apostado por un silencio cómplice y estratégico por razones de mera conveniencia demoscópica. Portugal, en confinamiento total, permitirá a sus ciudadanos votar el 24 de este enero. Sirva como ejemplo.

Dejar la democracia sin efecto o restringir derechos fundamentales de ciudadanía no puede salir gratis. De ahí que tenga un enorme valor que dos organizaciones empresariales como Foment del Treball y Pimec hayan encargado ya dictámenes jurídicos a especialistas para impedir la última salida de pata de banco de quienes siguen empeñados en considerarse no los rectores sino los dueños de Cataluña y los legítimos depositarios de los derechos individuales de sus habitantes. El recurso ante la justicia será el siguiente paso. Y lo que digan los jueces, la mayor garantía democrática en esta etapa de nuestra historia. Cuánto se parece ya la comunidad catalana a la italiana en los tiempos en que la política y la sociedad civil circulaban por senderos distintos sin apenas conexión.

Hasta los sindicatos están por la labor de acortar una situación gravísima. Y, de prorrogarlo por razones epidemiológicas, con la justificación suficiente y el máximo consenso político y social para que no constituya un nuevo atraco al sistema como los del 6 y 7 de septiembre de 2017. Lo aprobado por el (des)gobierno catalán no es un aplazamiento, sino la suspensión de unas elecciones que no fueron convocadas por un presidente, sino por el mecanismo automático que rige cuando el cargo queda vacante (por la inhabilitación de Quim Torra) y es imposible investir a un sustituto.

Esta semana deberá consumarse o no la enésima fechoría. Los recursos que van a interponerse son la única garantía de restitución democrática en una comunidad autónoma amenazada por una delicada conjunción de mediocridad y totalitarismo político. Ojalá los ciudadanos pudiéramos votar a Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT, que al final van a ser los únicos que no parecen haber extraviado el sentido común, actualmente el menos común de los sentidos entre las autoridades catalanas.