Aromas de corrupción, y no de rosas de Sant Jordi para desgracia nuestra, es lo que respiramos en Cataluña esta cuarta semana de encierro oficial, lo cual agudiza todavía más ese olor a podredumbre que nos llega desde CDC. La Justicia es lenta, sí, porque la ingeniería financiera del blanqueo y el fraude es muy complicada. Y con el paso del tiempo, se sofistica todavía más.

Pero la Justicia se está mostrando implacable en esto. Dirán los independentistas que eso es cosa del Estado opresor, aunque ese argumentum ad ignorantiam del que usa y abusa el Govern –defender que en una Cataluña independiente habría menos muertos por coronavirus es indemostrable, una falacia que no se basa en el conocimiento, sino en la falta del mismo-- ya está agotado. Y, lamentablemente, la corrupción parece que no pasa factura en las urnas, algo que se contradice con esa teoría nacionalista, casi etnicista, según la cual, los catalanes tienen una sensibilidad social más parecida a la de los países nórdicos que a la española.

Pero algo huele a podrido en esta "Dinamarca del sur" que es Cataluña, término acuñado por el expresidente Artur Mas, cuyos consejeros han sido citados a declarar como imputados por la Audiencia Nacional por el caso 3%. Sospecha el juez de la Audiencia Nacional –y la sociedad catalana desde hace años-- que CDC se financiaba con el pago de comisiones por la adjudicación de obra pública. Un frau nostrat de las finanzas catalanas corresponsable, junto a los recortes de gasto, de la precaria situación de los servicios públicos y la sanidad catalana. Eso sí que mata y no las suposiciones de la consejera Meritxell Budó o el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell.

El empresario nos regala cada día una perla que hace las delicias de los medios soberanistas. “Una Cataluña independiente hubiera salvado miles de vidas”, “Con un estado pequeño, la crisis sería mucho menos dolorosa” o más recientemente “España es paro y muerte”. Los independentistas incluyen en esos ejemplos de buen hacer a Bélgica –el país con más muertes-- o Islandia –con una población de apenas 360.000 personas que viven muy distanciadas unas de otras--. Pero en el amor, como en la guerra contra el pérfido Estado español, todo vale, también la manipulación sobre confinamientos totales de quita y pon, cifras sobre fallecidos donde se mezclan pacientes con test, sin test, con síntomas o sospechas, y cortinas de humo sobre uno de los episodios más trágicos de esta pandemia: la situación en las residencias de ancianos.

“España mata”, dice Canadell y ese liberalismo independentista que sigue rindiendo pleitesía a Artur Mas y su business friendly, y a Jordi Pujol y sus 885.651 euros defraudados –“mejor ocultos en Andorra que en manos de la Hacienda española”, dicen algunos--, quizá para seguir tapando las miserias del actual Gobierno catalán, empeñado en sacar adelante unos presupuestos de 2020 que ni revierten los tijeretazos de CDC ni están a la altura de la situación creada por el coronavirus.

Es cierto que la ceremonia de la confusión creada respecto al desconfinamiento de los niños demuestra que tampoco el Gobierno español ha estado acertado en muchas cosas, pero quizá sí en posponer los Presupuestos Generales del Estado hasta después de la pandemia para elaborarlos con el máximo consenso y de forma acorde con las necesidades creadas.

Lo que mata, y eso es algo que las elites independentistas no han reconocido nunca y mucho menos ahora, es la pobreza, que crece y se vuelve crónica en Cataluña. Ahí están los datos de Idescat, de Arope, de Save The Children… Y la respuesta del Govern siempre ha sido sacar pecho del gran fiasco de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), con listas de espera imposibles tres años después de su aprobación –el 80% de peticiones se rechazan--. Eso sí, Quim Torra se permite dar lecciones al Gobierno sobre la necesidad de una renta mínima vital. No aclara el president si esa retribución, una vez se apruebe, será compatible con la RGC.

Muy de tapadillo, el Govern dejó por escrito que las ayudas catalanas a los autónomos no podían concurrir con las estatales. ¡Tantas cosas se han ocultado por parte de la Generalitat en esta crisis!, entre ellas las generosas compensaciones a la sanidad privada por atender las emergencias del Covid-19. O la composición y trabajos de ese comité de expertos, mal avenidos y contradictorios en sus resoluciones.