El ejercicio que acaba de empezar lo hace con deberes para los empresarios. Todos conocidos, aunque a algunos les ha pillado con el paso cambiado. Resulta notorio con una normativa que se aprobó en el Senado a finales de noviembre y que ha propiciado que los equipos de Recursos Humanos y los encargados de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) hayan ido de cráneo en los últimos días del año. Se trata del Proyecto de Ley de Información no Financiera y, por ahora, sólo ha hecho feliz a las grandes consultoras.

Grupos como PwC, Deloitte, KMPG o EY ya han advertido de los cambios que implicará una normativa que pretende acabar con la opacidad en algunos ámbitos empresariales. Fue esta última macroconsultora la que señalaba que el 77% de las corporaciones del Ibex 35 informan de los procedimientos que emprenden para atajar los posibles casos de corrupción o soborno en el seno de los grupos o que contrata a verificadores externos de su actividad de RSC.

Las iniciativas que en algunos casos se emprenden por verdadero convencimiento y en otros para ponerse la medalla de que no se busca sólo un rendimiento financiero, que los negocios también tienen corazón, para lavar su imagen. Una cuestión que puede parecer menor pero que ha ayudado a alcanzar retos medioambientales y sociales que en cualquier otro escenario son inauditos y que resultan capitales para las sociedades del futuro.

EY también dejaba claro que sólo una minoría de las cotizadas, sobre el 30%, da información transparente de su estrategia de negocio con “objetivos y métricas de seguimiento”. Una frase que KPMG apostilla con el texto inicial de la normativa en la mano: “Se pide de forma expresa que las organizaciones reporten información sobre los beneficios que perciben país por país, los impuestos pagados o las subvenciones recibidas”.

El destape de las vergüenzas de ciertas empresas no queda aquí. El cambio legislativo que se quiere aplicar en España a partir del ejercicio que acabamos de estrenar propicia que las direcciones deben dar “información sobre su brecha salarial”. Los documentos que hagan públicos para cumplir con la ley, que se deberán colgar en la página web de la compañía, deberán dejar claro qué proporción de trabajadores cuentan con contratos indefinidos y temporales, qué medidas de conciliación laboral han emprendido y los estándares de remuneración.

O, lo que es lo mismo, preparar una lista con todos los salarios. Desde la retribución total de la cúpula, el salario y las dietas complementarias, hasta la que percibe el empleado menos cualificado de todo el grupo. Una fórmula en la que se pondrá luz y taquígrafos a las desproporciones que existen en este sentido.

Y no se limitará a las cotizadas. Se empezará a aplicar en las empresas de 500 trabajadores o más pero en tres años afectará a todos los grupos de más de 250 empleados. Se pasará de las grandes empresas a un mapa que incluye a múltiples grupos familiares menos habituados a los requisitos de transparencia, incluso en cuestiones tan básicas como la cuenta de resultados.

Se exigirá por ley que las empresas sean ejemplares y, al final, las compañías pasarán el examen. Queda en el aire saber si todos pasarían un examen tan estricto.