Las lenguas son un material sensible y si se utilizan políticamente y como un elemento identitario pueden convertirse en un material con alta capacidad explosiva. Es lo que está ocurriendo en el caso de Canet de Mar porque una familia ha pedido que se aplique en la escuela el 25% de la enseñanza en castellano y también por el enconado debate que ha suscitado la reciente ratificación por el Tribunal Supremo de la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que ese porcentaje de español en las aulas alcance a todo el sistema educativo catalán.

Antes de Canet ha habido otros casos, como el ocurrido en Balaguer en 2015, en Mataró o en Castelldefels, pero ninguno alcanzó la repercusión mediática del actual. Algo tendrá que ver en ello la situación política, tanto en Cataluña como en toda España.

En Cataluña, la inmersión lingüística que se implantó hace décadas con un amplio consenso, al menos político, ha dejado de contar con la aparente unanimidad con que nació y cada día es más cuestionada, hasta el punto de que los responsables anteriores de la Consejería de Educación, encabezada por Josep Bargalló (ERC), se plantearon su flexibilización --luego se olvidó-- para que se aplicara teniendo en cuenta el contexto sociolingüístico: más catalán en zonas mayoritariamente de habla castellana y más castellano en zonas donde domina el catalán.

Es también lo que defiende el PSC y por eso --y porque está a favor de cumplir las sentencias-- no votó el miércoles en el Parlament en contra de la propuesta del PP de que en el próximo curso se aplicara el 25% de horas lectivas en castellano, iniciativa que tumbaron los votos independentistas (ERC, Junts y la CUP) y los de los comunes.

La flexibilidad de la inmersión mejoraría el conocimiento de las dos lenguas que, pese a lo que digan los informes PISA, no se aprenden en Cataluña al mismo nivel que en el resto de España. Solo hay que oír cómo hablan muchos políticos y académicos catalanes en castellano para comprobar las deficiencias, y a la inversa sucede lo mismo. Si personas preparadas se expresan así, es muy dudoso que el conjunto de los alumnos acaben conociendo por igual las dos lenguas y a nivel similar o superior que en el resto de España, como se afirma repetidamente.

El consenso se ha roto también en Cataluña por la radicalización del catalanismo, convertido al independentismo, y porque el catalán, con la aparición de los preocupantes datos sobre su retroceso en las aulas y fuera de ellas, se ha convertido en la nueva batalla que hay que librar en el posprocés soberanista. El extremismo instalado en las redes sociales y fuera de ellas ha utilizado el caso de Canet para someter a acoso a un niño de cinco años y a su familia, que la Generalitat no ha condenado, y para negarse a aplicar la sentencia del TSJC, con llamamientos de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y de la CUP a que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, se haga cargo de la escuela de Canet para incumplir el porcentaje del 25% de castellano y librar así a los profesores de represalias.

En el conjunto de España o, mejor, en el Madrid político, el caso se ha politizado hasta extremos inimaginables, con comparaciones tan extravagantes como con la Alemania nazi, el apartheid sudafricano, la segregación racial en Estados Unidos o el terrorismo de ETA. El último exabrupto lo pronunció el miércoles en el Parlament el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, al equiparar Canet con Ermua cuando ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco.

La polarización y la crispación de la política española han llevado a las tres derechas a semejantes hipérboles. El líder del PP, Pablo Casado, ha amenazado a Pedro Sánchez, a Pere Aragonès y a Gonzàlez-Cambray con llevarlos a los tribunales si después del plazo de dos meses no ejecutan la sentencia del TSJC, y ha reclamado en diversas ocasiones la aplicación del artículo 155 de la Constitución en el terreno educativo para asegurar la enseñanza en castellano. Ciudadanos habla de “fascismo” y de “apartheid”, mientras que Vox pide la aplicación del 155 al completo, como se hizo en 2017.

Casado llegó a decirle en el Congreso a Sánchez: “¿Cómo deja abandonado a un niño de cinco años mientras sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle porque sus padres han pedido que se cumplan sus derechos?”. Ningún partido secesionista ha pedido, sin embargo, apedrear al niño, sino que lo hizo un profesor universitario en un tuit. Pero da lo mismo. Así, entre mentiras, exageraciones y medias verdades se convierten las lenguas --cada uno la suya-- en trincheras cuando deberían ser un instrumento de conocimiento, comunicación, cohesión y convivencia.