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El Tribunal Supremo, pedagogo

Rafael Arenas
5 min

Cuando estudiaba derecho me explicaban que los tribunales no debían decir nada más allá de lo necesario para justificar la decisión que tomaban. A partir de este criterio, el auto dictado por el Tribunal Supremo el pasado 17 de abril de 2018 en relación a la solicitud presentada por Jordi Sànchez para asistir a la sesión de investidura como presidente de la Generalitat podría haber sido mucho más breve de las 38 páginas que ocupa.

Ahora bien, han pasado más de 30 años desde que me explicaban aquello y quizás las cosas han cambiado y ahora los tribunales, no solamente el Tribunal Supremo español, han de realizar una función pedagógica que otros han abandonado.

Y es esta función de explicación, de contextualización y --diría-- de preparación para la durísima sentencia que se prevé en relación al 1-O lo que da sentido a un auto prolijo que, además, no hace más que repetir cosas que deberían ser sabidas por todos; pero que muchos se niegan a asumir.

Así, el Tribunal Supremo afirma que el referéndum del 1 de octubre se celebró. Una evidencia que la vicepresidenta del Gobierno negó cuando ese mismo día dijo que no había habido ni referéndum ni apariencia de referéndum. También indica que la voluntad del Estado se doblegó cuando la policía fue incapaz de imponerse a los manifestantes y que, por tanto, vivimos un alzamiento que había estado preparándose durante dos años, un período en el que los dirigentes nacionalistas “camparon a sus anchas” (es la expresión del Tribunal Supremo) utilizando para los fines secesionistas las instituciones constitucionales españolas.

Durante demasiado tiempo nuestros políticos se negaron a asumir que el desafío nacionalista iba en serio

Es una visión que se corresponde con la realidad por la que tan de puntillas pasan nuestros políticos y, especialmente, el Gobierno, quien más responsabilidad tenía en la preservación de nuestro Estado de derecho y la integridad territorial del país. Es una visión que se ajusta a lo que realmente pasó en los primeros días de octubre, cuando el plan que se había desarrollado de manera explícita ante nuestros ojos cobró realidad y se hizo manifiesto que en Cataluña ni las decisiones del Tribunal Constitucional ni las órdenes de los tribunales eran acatadas, la policía era incapaz de hacer frente a las multitudes congregadas para llevar a cabo un acto ilegal y la administración regional se declaraba en franca rebeldía al orden constitucional.

Sí, todo eso pasó y es por ello que se está instruyendo un proceso por rebelión, un proceso que no es correctamente entendido ni en España ni más allá de nuestras fronteras, como muestra la decisión del Oberlandesgericht de Schleswig-Holstein sobre la extradición de Puigdemont que también --en un ejercicio insólito-- comenta el Tribunal Supremo en este auto.

Y no está siendo correctamente entendido porque durante demasiado tiempo nuestros políticos se negaron a asumir que el desafío nacionalista iba en serio, que los pasos para la secesión se estaban dando y cuando en octubre nos vimos al borde de la efectiva independencia de Cataluña tan solo una reacción desesperada y con el apoyo de la Unión Europea consiguió evitar el desastre.

Claro, asumir esto supondría asumir también que durante dos años --al menos-- las cosas se hicieron rematadamente mal, y eso quizás es demasiado asumir para un político.

Por eso al Tribunal Supremo le toca hacer lo que otros deberían haber hecho: explicar que lo que sucedió en Cataluña fue grave, que estuvo a punto de quebrar el ordenamiento constitucional y que han de asumirse responsabilidades por ello.

De las responsabilidades penales se ocuparán los tribunales. La exigencia de las responsabilidades políticas nos corresponde a los ciudadanos.

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¿Quién es... Rafael Arenas García?
Rafael Arenas

Rafael Arenas García es Catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Ha sido Presidente de Societat Civil Catalana (2015-2016).