¿Tienen muchos privilegios los funcionarios?

Gonzalo Bernardos
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En julio de 2020 había en España 2.598.481 empleados públicos divididos en tres grandes categorías: funcionarios de carrera (55,8%), personal laboral (22,5%) y el resto de los trabajadores al servicio de las Administraciones (21,7%). En el último epígrafe, entre otros, estaban incluidos los funcionarios interinos y los empleados eventuales.

Para una sustancial parte de la población, de todos los anteriores colectivos los funcionarios de carrera son los que poseen un mayor número de privilegios. Los principales argüidos están relacionados con un empleo para el resto de la vida laboral, un salario más elevado que en el sector privado, una jubilación anticipada más generosa, un mayor número de días de vacaciones y el acceso gratis a la sanidad privada.

En las siguientes líneas, voy a analizar si los anteriores privilegios son o no ciertos:

1) Una ocupación para toda la vida. Las Administraciones constituyen la maquinaria de gestión de un estado. Deben estar al servicio de éste y evitar responder única y exclusivamente a los interés del gobierno de turno. Para que así sea, los políticos no pueden tener la posibilidad de despedir a los trabajadores públicos. Una opción que se convierte en prácticamente imposible si aquéllos son funcionarios de carrera.

El anterior criterio no justifica la conversión en funcionarios de los profesores, sanitarios y trabajadores sociales que prestan sus servicios en el sector público, pues ninguno de ellos forma parte de la maquinaria administrativa de la nación. No obstante, son esenciales para mantener un mínimo nivel de Estado del Bienestar y el carácter permanente de su empleo asegura que ningún ejecutivo podrá degradar sustancialmente su labor.        

Los funcionarios de carrera no tienen un empleo para el resto de la vida laboral por ser quién son, sino como recompensa a la superación de unos duros exámenes, ya sea por la amplitud de los temas de la oposición realizada o debido al elevado número de competidores. Por tanto, ese trabajo no constituye ningún privilegio.

2) Elección entre sanidad pública y privada. La mayoría de los funcionarios de carrera están integrados en un Régimen Especial de la Seguridad Social. Una de sus principales ventajas es la posibilidad de elegir cada seis meses entre la sanidad pública y la privada. La primera es prestada por los servicios de salud de las comunidades autónomas (por ejemplo, CatSalut en Cataluña) y la segunda por mutuas privadas, tales como Adeslas, Asisa o DKV.

La anterior ventaja no es exclusiva del sector público, pues también la poseen numerosos trabajadores de las empresas privadas más grandes y casi todos sus directivos. Es una retribución en especie por la que cotizan a la Seguridad Social y, únicamente, si es muy generosa, supone un pago extra en el impuesto sobre la renta. Unos dispendios que no deben afrontar los funcionarios.

3) Jubilación a los 60 años sin penalización. Algunos grupos de funcionarios, tales como militares de carrera, profesores, médicos, jueces y fiscales, pueden jubilarse a los 60 años y percibir completa su pensión, si acreditan 30 o más años de servicios al Estado. Una posibilidad que ya no posee ninguno de los que obtuvo una plaza con posterioridad al 1 de enero de 2011.

Aunque ya está en proceso de extinción, dicho privilegio no lo posee ningún trabajador del sector privado. En el mejor de los casos, éstos pueden acceder a la jubilación a los 62 años y su pensión será significativamente menor que si lo hubieran hecho a los 65, si tienen cotizadas 36 o más anualidades, o a los 66 si su vida laboral oficial es más corta.

La indicada prerrogativa no la tienen los prejubilados de las grandes empresas. El anterior término es engañoso, pues realmente son trabajadores despedidos a los que se les paga una cuantiosa indemnización, ya sea en cuotas mensuales o de una sola vez. La percepción de ésta hace que la mayoría renuncie a buscar un empleo, a pesar de que no haya nada que se lo impida, y acceda a la jubilación a los 62 años.

4) Un salario más elevado. Según la EPA, en 2019 los ingresos de los empleados públicos superaron en un 34,9% a los del sector privado (2.760,9 versus 1.796,9 euros mensuales). A pesar de ello, creo que sería un error presuponer que la Administración paga mucho mejor que las empresas. Por el mismo trabajo y responsabilidad lo hace en algunas profesiones como es el caso de los profesores de educación primaria, pero es muy dudoso que lo haga en otras como médicos y abogados.

Para la propia EPA, una sustancial parte de la diferencia retributiva está justificada por las distintas características de la labor desarrollada, el mayor porcentaje de trabajadores con estudios superiores en el sector público, la menor proporción en ese ámbito de empleados a tiempo parcial y la superior antigüedad.

No obstante, sí está muy claro que los aumentos salariales percibidos por los funcionarios en las últimas tres décadas han sido inferiores a los obtenidos por los empleados de las empresas privadas. Entre 1991 y 2020, un período donde han existido diversas etapas de expansión y recesión, la subida media experimentada por los primeros fue de un 1,6%, situándose la de los segundos en un 3%.

En ninguna de las tres décadas, el salario de los funcionarios subió más que el de los asalariados del sector privado. Tampoco lo hizo con ninguno de los cuatro presidentes con largos mandatos (González, Aznar, Zapatero y Rajoy). Con todos ellos, el anterior colectivo perdió poder adquisitivo, mientras los trabajadores de las empresas lo ganaron. En el conjunto del período analizado, los primeros vieron disminuir sus ingresos reales en un 14,7% y los segundos lograron aumentarlo en un 8,1%.

En los anteriores cálculos no están contemplados tres fuentes salariales: los trienios de antigüedad de los funcionarios, algunos nuevos complementos percibidos por determinados colectivos y las retribuciones en negro obtenidas por numerosos trabajadores de pequeñas empresas. Mi subjetiva percepción es que éstas no alteran la conclusión anteriormente alcanzada consistente en que a los asalariados del sector privado, que han conservado el empleo en la misma empresa, les ha ido mejor que a los funcionarios en los últimos 30 años.

En definitiva, una parte de los privilegios que tenían los funcionarios están en régimen de extinción desde el 1 de enero de 2011. El blindaje del empleo que poseen es estratégico, ya sea para asegurarse que sirven a la nación, en lugar de al ejecutivo del momento, o para permitir la continuidad de un mínimo Estado del Bienestar.

No obstante, en los últimos treinta años, las subidas salariales conseguidas por los funcionarios han sido significativamente menores que las obtenidas por los asalariados de las empresas. Una diferencia que ha sido parcialmente compensada con los trienios de antigüedad, nuevos complementos y más días de vacaciones y de libre disposición.

Por tanto, los antiguos funcionarios en activo sí son unos privilegiados. En cambio, los nuevos y los recientes sólo un poco. Sin embargo, los que sí siguen siéndolo mucho son los trabajadores de las multinacionales, especialmente si comparamos sus retribuciones monetarias y en especie con las percibidas por los empleados que trabajan en las pequeñas empresas.

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¿Quién es... Gonzalo Bernardos?
Gonzalo Bernardos

Profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona, y vicerrector de Economía entre enero de 2010 y octubre de 2012, he escrito 32 libros o grandes informes, entre los que destacan La gran mentira de la economía (Ed. Destino), ¿Cómo invertir con éxito en el mercado inmobiliario? (Ed. Netbiblo) y Economía (libro de 1º de bachillerato de la Ed. Barcanova). Tengo un gran problema y una gran virtud. Es la misma. Soy muy sincero, pienso lo que digo y digo lo que pienso, tanto delante como detrás. No necesito quedar bien con nadie, excepto con mi mujer, con mis hijos y conmigo mismo. Lo notarás en mis artículos.