El huevo de la serpiente ha sido descubierto en Canet de Mar y no hace falta ser ningún experto ovíparo para interpretar la amenaza para la convivencia que tal germen anuncia. Para disipar dudas, Laura Borràs ha puesto voz a las pretensiones monolingües de un sector del independentismo, sin importarle las consecuencias que implicaría en un país con dos lenguas oficiales perfectamente asentadas. Lo primero, la ruptura del consenso tradicional en materia lingüística y escolar en el Parlament; y, después, la apertura de una nueva fase de inestabilidad y enfrentamientos políticos y sociales seguramente mucho más peligrosa que la vivida con el procés.

El procés ha sido una experiencia estresante que, sin embargo, dejaba entrever desde el primer instante una combinación de incredulidad e ilusionismo fácilmente perceptible para la gran mayoría, a excepción de los muy devotos o interesados de uno u otro extremo. Según van desentrañando los estudios demoscópicos, en realidad no llega a un 10% el porcentaje de los que afirmando que son del “sí” creen que la secesión pueda materializarse. Fue una apuesta electoral exitosa que simplemente se pretende prolongar en el tiempo.

El conflicto lingüístico entre los catalanes catalanohablantes y los castellanohablantes es de un carácter mucho más serio. El uso de cada una de las lenguas es un derecho reconocido y responde a sentimientos culturales y familiares inalienables; no es difícil augurar un choque sin contemplaciones. La cooficialidad del catalán y del castellano fue la forma institucional implantada para dar seguridad a los ciudadanos en esta materia; mientras que la declaración del catalán como lengua vehicular en la escuela fue el camino elegido para asegurar que el catalán, que llegó exhausto al final de la dictadura, pudiera recuperar el aliento de lengua propia. La pretensión de que el catalán está hoy en peores condiciones que en el año 1975 es simplemente una falsedad, de la misma manera que el intento de hacer creer que el castellano está a punto de desaparecer de Cataluña.

¿Por qué la serpiente ha ido a poner su huevo en Canet de Mar y no en la media docena larga de poblaciones en las que se ha dado el caso de unos padres que han conseguido un incremento cautelar de horas lectivas en castellano para sus hijos? De entrada, por la coincidencia en el tiempo con la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del TSJC imponiendo un 25% de castellano en la escuela vehiculada en catalán.

Una judicialización auspiciada imprudentemente y especialmente por Ciudadanos (aplaudida por PP y Vox) y también por la increíble pasividad de los sucesivos Gobiernos de la Generalitat ante la fina lluvia de sentencias. Ensimismados por el sueño independentista, estos dirigentes no prestaron atención a la necesidad de adecuar la inmersión a la evolución social y cultural registrada en estas últimas décadas, a pesar de que algunas voces, como la del conseller Bargalló en su momento, alertaron de la oportunidad de reflexionar sobre las señales de alarma, señales detectadas también por el PSC, pero seguramente ignoradas por no dar la razón a los socialistas.

La coincidencia de la sentencia y un nuevo caso de medidas cautelares no sería de todas maneras causa suficiente para ensayar el conflicto lingüístico con la intensidad desatada por el episodio de Canet de Mar. El factor determinante habría que buscarlo en la urgencia del independentismo oficial de disponer de un frente de batalla con el Estado de suficiente calado y atractivo electoral como para substituir a la fracasada independencia exprés. Por otra parte, esta búsqueda de nueva amenaza (“el catalán se muere por culpa de España”) se corresponde perfectamente con la conveniencia de la derecha españolista de identificar un nuevo ariete contra el Gobierno Sánchez: “El castellano se muere en Cataluña y el Estado no hace nada”.

A partir de aquí, las barbaridades, de momento dialécticas, se suceden con total frivolidad por uno y otro grupo de extremistas. El castellano como idioma extranjero en Cataluña, la negación de la condición de catalanes a los catalanes castellanohablantes, el apartheid catalán, la comparación con el nazismo, las acusaciones de prevaricación por no querer atizar el fuego, pero, sobre todo, la tergiversación de los hechos. Una vez más, la mentira como instrumento político. Sea utilizada para reclamar un 155 lingüístico para enfrentar una desobediencia que no se ha dado o manejada para convocar a los catalanes a una manifestación para defender el catalán en la escuela; una presencia que no está realmente en peligro, sino matizada por una sentencia que fija un porcentaje discutible de uso del castellano, pero no tan alejado del que ya se imparte en más de una y cien escuelas.

En primera instancia, Junts intenta empujar a ERC al enfrentamiento abierto con el mismo Gobierno con el que ha pactado las enmiendas a la Ley Audiovisual que permiten la aplicación de cuotas en las plataformas de contenidos a favor del catalán y de todas las lenguas del Estado. Del mismo modo que Vox, Ciudadanos y PP pretenden arrastrar hasta su trinchera lingüística al PSC, sabiendo que los socialistas no acudirán a la llamada, pero buscando desestabilizarlos electoralmente. En última instancia, quienes están dispuestos a instrumentalizar las lenguas para beneficio propio han puesto un huevo que permite vislumbrar en qué desastre de país piensan.