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Salvar el orden público

Jordi Garcia-Petit
5 min

El Estado no puede vacilar, estarían en juego demasiadas cosas de continuar la loca deriva secesionista. Ya se ha dañado gravemente la convivencia en el día a día de las relaciones interpersonales y colectivas: la calle —espacio público de todos— tomada por la agitación; la estabilidad económica y social afectada seriamente: empresas —algunas emblemáticas de Cataluña— que deslocalizan sus sedes sociales y fiscales, cuentas corrientes que emigran, el pequeño ahorro bursátil se funde, inversiones y reservas hoteleras se cancelan; el crecimiento se desacelera; la prima de riesgo y el euro se resienten; la seguridad jurídica queda en entredicho… Cataluña no va bien, España toda sufre y Europa se inquieta como en tiempos balcánicos.

Los dirigentes secesionistas por su nihilismo suicida hacen inevitable la aplicación a las autoridades de la Generalitat —que no a la Generalitat— del artículo 155 de la Constitución. Entre un 155 blando, que dejara el Govern en condiciones de proseguir su sistemática rebeldía e intoxicación, y un 155 duro, que permitiera sajar de una vez la rebeldía y, por fin, despachar los asuntos ordinarios de gobierno con eficiencia (prioritariamente las desesperantes listas de espera hospitalarias), las instituciones del Estado no deberían dudar.

Cataluña no va bien, España toda sufre y Europa se inquieta como en tiempos balcánicos 

La CUP, esa parodia de movimiento revolucionario, ha convocado “movilizaciones en las calles y en todo el país”, que secundarán con entusiasmo también los seguidores de ANC y de Òmnium Cultural, los brazos civiles (armados) del secesionismo, después de la prisión incondicional de sus presidentes dictada por la Audiencia Nacional por el presunto delito de sedición.

Habrá concentraciones y manifestaciones sin comunicación previa a la autoridad. A los de “Sin desobediencia no hay independencia” (y también a los que han adoptado la divisa) la ley orgánica reguladora del derecho de reunión con sus requisitos obligatorios de nombre, DNI y dirección del comunicante, duración prevista de la concentración o manifestación, objeto de la misma, recorrido, previsión del número de asistentes… les debe parecer risible.

Pero al Estado, la Generalitat con sus Mossos d’Esquadra incluida, garante de que no se produzcan alteraciones, algaradas, coerciones, violencias, ocupaciones perturbadoras de calles y plazas, y de que se respete la libertad de todos, no se lo debería parecer. No es una cuestión meramente formal o baladí, sino un elemento sintomático del estado de la seguridad jurídica y por ende de la seguridad ciudadana.

Para el restablecimiento del orden constitucional resultará imprescindible salvar el orden público material

Lo dramático de la situación es que a los sediciosos, agotada la astucia y sin mediación a la vista, ya no les queda otro cartucho que la calle –“las calles serán siempre nuestras”, tienen dicho—, y tratarán de aprovecharlo. Buscarán que se produzcan nuevos 1-O. La trampa para el Estado está pues servida, y tendrá que hilar muy fino para no darles una repetición de imágenes de fácil explotación dentro y fuera del país.

“La batalla de la calle” se librará de entrada en la comunicación. Es más grave en términos de impacto emocional impedir que se vote que impedir la ocupación política de la calle —rebelde, por muy pacífica que se pretenda— y después se ganará según la autoridad que actúe. El 155 facilitaría que los Mossos d’Esquadra, debidamente comandados, cumplan como fuerza de policía integral, competente también en materia de orden público. Su intervención preferente atenuaría el rechazo del uso legítimo de la fuerza cuando se haga necesario; en todo caso, invalidaría en parte la acusación demagógica de “Estado represor”.

Para el restablecimiento del orden constitucional resultará imprescindible salvar el orden público material. Seamos conscientes de ello y amortigüemos el coste social.

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¿Quién es... Jordi Garcia-Petit?
Jordi Garcia-Petit

Doctor en derecho.