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El reparto del botín

Jordi García-Soler
9 min

Pasados ya más de dos meses desde la celebración de las elecciones del 21 de diciembre, en Cataluña seguimos todavía sin tener presidente ni gobierno, y por tanto con la Generalitat gobernada desde Madrid como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Seguimos también con algunos dirigentes políticos y sociales independentistas --Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart-- en situación de prisión provisional preventiva, a mi modo de ver poco o nada justificable jurídicamente, y con un buen número de dirigentes políticos secesionistas --Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig-- huidos de la justicia española en Bélgica, y otra dirigente independentista --Anna Gabriel-- huida también a Suiza. Seguimos, en fin, con una sucesión casi ininterrumpida de retractaciones públicas de la práctica totalidad de la treintena de dirigentes políticos independentistas investigados por el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional: uno tras otro se disculpan ante la autoridad judicial correspondiente, juran y perjuran que todo cuanto hicieron tuvo siempre un simple carácter simbólico e incluso atribuyen las responsabilidades de lo ocurrido a cualquier otro de sus compañeros de aventura.

La situación está enquistada. Políticamente, judicialmente e institucionalmente. Y por si no bastara con la cada vez más notoria y profunda escisión social que se ha producido en el seno de la ciudadanía a causa del proceso secesionista, vivimos ahora una batalla descarnada en el interior del propio independentismo --y no solo entre JxCat y ERC, sino también entre el sector más duro de JxCat y buena parte de lo que todavía queda del PDeCAT, la antigua CDC--. El resultado de todo ello es una situación de bloqueo absoluto, con un Parlamento de Cataluña condenado a la inoperancia total e incapaz siquiera de proceder a la elección de un nuevo presidente de la Generalitat, paso previo imprescindible para la formación de un nuevo gobierno, que tendría de modo inmediato y como primera consecuencia la inaplicación del artículo 155 de la Constitución y la recuperación plena del autogobierno de Cataluña.

Las negociaciones entre las dos principales formaciones independentistas, con las ya acostumbradas intervenciones e interferencias tanto de las CUP como de la ANC y Òmnium, parecen una nueva sucesión de despropósitos sin fin

Las negociaciones entre las dos principales formaciones independentistas, con las ya acostumbradas intervenciones e interferencias tanto de las CUP como de la ANC y Òmnium, parecen una nueva sucesión de despropósitos sin fin. No obstante, en los últimos días ha trascendido cuál es el verdadero gran escollo para lograr un acuerdo entre JxCat y ERC. Más allá del debate sobre el papel más o menos simbólico, con o sin poder político y económico, que se dé al huido Puigdemont en Bruselas o en cualquier otro destino futuro, incluso más allá de la discusión del nombre sobre el nuevo presidente de la Generalitat y del reparto de consejerías, e incluso, por muy escandaloso que pueda parecernos, con un menosprecio absoluto acerca del acuerdo programático sobre los principales objetivos que el nuevo Gobierno de la Generalitat tendría en lo político, en lo económico y en lo social, lo que de verdad se discute, y con gran dureza, es el control político y económico tanto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA)​, de la que dependen las emisoras de radio y televisión de la Generalitat y otros medios de comunicación públicos, como del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), organismo autonómico que debería velar por la neutralidad de los medios audiovisuales catalanes y del que dependen las concesiones de emisoras de radio y televisión en Cataluña, y del reparto de subvenciones de la Generalitat a los medios de comunicación catalanes de titularidad privada, tanto de radio y televisión como de prensa de papel y digital.

Lo que debería ser un profundo debate político se ha convertido, en realidad, en una disputa a cara de perro por el reparto del botín. Así lo reconocen casi todos los medios de comunicación al explicar estas negociaciones. Lo han denunciado con rotundidad tanto el Sindicato de Periodistas de Cataluña (SPC), que ha llegado a hablar de modelo “bananero” y “partidista”, y lo han criticado una vez más los comités de empresa de las emisoras de radio y televisión de la Generalitat. No obstante, quien ha sido clara y diáfana al respecto, y además lo ha hecho en la misma TV3, es la conocida propagandista del independentismo Pilar Rahola, que se ha referido a estos medios de comunicación autonómicos como "el obstáculo" en estas negociaciones, añadiendo que se trata de "un bomboncito que siempre atrae a los partidos".

Lo que debería ser un profundo debate político se ha convertido, en realidad, en una disputa a cara de perro por el reparto del botín

Fundada en junio de 1983 como Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), la actual CCMA es, sin duda alguna, la única verdadera "estructura de Estado" creada por la Generalitat desde su restablecimiento definitivo, en 1980. Su magnitud presupuestaria, de personal y de infraestructura, supera con creces lo inicialmente previsto, pero queda muy por debajo de lo que en sus inicios fijaban sus objetivos y principios fundamentales. Lo que en puridad debían ser unos servicios públicos nacionales de radio y televisión se convirtió, sobre todo a partir de la consecución por parte de Jordi Pujol y CiU de su primera mayoría absoluta parlamentaria en 1980, en unos medios al servicio exclusivo del nacionalismo, y desde hace ya algunos años al servicio único del proyecto secesionista.

Con perdón, pero algo sé yo de esto. Fui miembro del consejo de administración de la CCRTV desde junio de 1983 --esto es, incluso antes del inicio de las emisiones de Catalunya Ràdio y TV3-- hasta finales de diciembre de 1996, cuando renuncié al cargo. Lo fui, por tanto, durante trece años y medio, por elección y sucesivas reelecciones por parte del Parlamento de Cataluña, con el apoyo, como mínimo, de dos terceras partes de los diputados catalanes. Viví en primera línea la creación y también el principal periodo de implantación y expansión del servicio de radio y televisión de la Generalitat, con un modelo que se ha perpetuado hasta entonces. Un modelo no nacional sino nacionalista, que es algo muy distinto. Porque al pasar de nacional a nacionalista se produjo la apropiación patrimonial y sectaria de unos medios públicos que, en lugar de estar al servicio del conjunto de la ciudadanía catalana, pasaron a ser dóciles instrumentos de propaganda partidista y sectaria, primero exclusivamente de CiU y desde hace algunos años del conjunto del independentismo, con la exclusión de todas las voces discrepantes.

Ahora, sigue el reparto del botín.

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¿Quién es... Jordi García-Soler?
Jordi García-Soler

Periodista de 70 años y con más de 53 de ejercicio profesional en prensa, radio, televisión y comunicación política.