¿Las reformas son la cara B de los fondos europeos?

Gonzalo Bernardos
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En los discos de vinilo había singles y LP. En su pleno apogeo, los pequeños contenían dos canciones, una en la cara A y otra en la  B. La primera casi siempre era la buena, la segunda generalmente no valía nada. A esta última, casi todo el mundo la consideraba como el peaje que pagar por escuchar la otra todas las veces que se quisiera.

Para algunos analistas, las medidas adoptadas por la Comisión Europea (CE) para salir rápidamente de la actual crisis presentan esas dos caras. El anverso es la llegada de fondos europeos por valor de 140.000 millones de euros y el reverso la ejecución de las recomendaciones realizadas por Bruselas, conocidas popularmente como reformas.

Desde mi perspectiva, la anterior es una opinión sustentada en el recuerdo. En concreto, en las exigencias impuestas a nuestro país en la pasada década. Sus principales repercusiones fueron la prolongación de la crisis durante tres años más (2011-2013), un gran aumento del desempleo y una mayor desigualdad en la distribución de la renta.

No obstante, entre mayo de 2010 y la actualidad, las prioridades de la CE han cambiado sustancialmente. En los próximos ejercicios, su principal petición no será la obtención de un presupuesto equilibrado por parte de los países integrantes de la Unión Europea (UE), sino la consecución de un elevado crecimiento económico y una moderada tasa de inflación.

El reconocimiento de los errores del pasado y la voluntad de no volver a incurrir en ellos descarta que Bruselas exija al ejecutivo importantes recortes del gasto público. Una obligación que sí impuso a los gobiernos de Zapatero y Rajoy, especialmente entre mayo de 2010 y diciembre de 2014.

En cambio, según mi opinión, en los próximos años, sus peticiones previsiblemente tendrán como objetivo la solución de algunos de los principales problemas de la economía española. Por tanto, no constituirán una dificultad añadida para lograr la recuperación, sino un impulso al crecimiento del PIB a medio y largo plazo. Así pues, no habrá cara B y sí dos A.

En una primera fase, Bruselas se ha centrado especialmente en el anómalo funcionamiento del mercado de trabajo, los escasos ingresos públicos en relación al PIB y el gran déficit de la Seguridad Social. Las dos primeras deficiencias son estructurales y la tercera procede de la pasada década. No obstante, si no se adoptan nuevas e importantes medidas, esta última puede también convertirse en permanente.

En materia laboral, la CE pretende que nuestro país aumente la cantidad y la calidad del empleo generado. Para la consecución de la reducción de la tasa de desempleo, el gobierno confía en la creación de ocupación derivada de la inyección de los fondos europeos, una utilización más frecuente de los ERTE ante caídas puntuales de la demanda de las empresas y el aumento de los recursos económicos destinados a la recualificación de los trabajadores que desempeñan su labor en sectores en declive.

El segundo objetivo lo proporcionaría la conversión de un gran número de contratos temporales en indefinidos, falsos autónomos en asalariados y trabajadores involuntarios a tiempo parcial a jornada completa. También la limitación de la subcontratación y la mejora de las condiciones laborales ofrecidas por las empresas subcontratadas. 

Indudablemente, la consecución de la mayoría de las anteriores metas comportará sustanciales cambios legislativos. Pero de signo opuesto a los de la reforma realizada en 2012, pues ésta benefició claramente a los intereses de las empresas y perjudicó a los de los trabajadores.

A pesar de ello, es muy probable que una parte de dicha reforma continúe estando vigente. En concreto, uno de sus aspectos más emblemáticos: el despido objetivo barato por casi cualquier causa. Ello supone indemnizar al empleado con 20 días por año trabajado y una percepción máxima de 12 mensualidades. Si así sucede, constituirá una cesión a las presiones de las empresas y también de la CE.

A partir de 2023 o 2024, Bruselas volverá a vigilar que los países no tengan un déficit público superior al 3%. Para llevarlo desde el 11% de 2020 a la anterior cifra, el principal colaborador será el gran aumento de la recaudación impositiva generado por el elevado crecimiento del PIB entre 2021 y 2023. En las etapas de expansión económica, la primera cifra siempre supera a la segunda.

En todo caso, ese aumento de la recaudación no será suficiente para llevar el déficit al nivel deseado. Si así lo prevé el ejecutivo, éste creará nuevos impuestos y aumentará los tipos efectivos de algunos de los ya existentes. Entre los primeros destacarán los de carácter medioambiental y entre los segundos previsiblemente sociedades, sucesiones y patrimonio.

En esta materia, es probable que realice una concesión a la CE y acepte aumentar el tipo efectivo del IVA (15,2% en 2020), pues es una medida que le ha pedido reiteradas veces y constituye uno de los gravámenes más bajos de la UE. Para lograrlo, algunos productos de primera necesidad pasarán a tributar del 4% al 10% y otros bienes desde este último al 21%.

La jubilación de la generación del baby boom, que comprende a los nacidos entre 1958 y 1977, amenaza con agravar el elevado déficit de la Seguridad Social (16.793 millones de euros en 2019). En dicho ejercicio, el indicado desequilibrio supuso el 46,9% del total del sector público. Un mayor dispendio que no será compensado por el crecimiento de los ingresos generados por el futuro crecimiento de la ocupación y los salarios de los nuevos y actuales trabajadores.

De las tres grandes peticiones, ésta es la más difícil de satisfacer por el gobierno, pues la población está masivamente en contra de aumentar la edad de retiro, penalizar en mayor medida las jubilaciones anticipadas o disminuir la primera pensión, al utilizar en su cálculo las bases de cotización de los últimos o mejores 35 años, en lugar de los 25 actuales. Hasta el momento, todas las propuestas del ministro Escrivá han sido cosméticas y ninguna resuelve los problemas fundamentales del sistema de pensiones. Constituirá un gran punto de fricción entre ambas partes.

En definitiva, a diferencia de la pasada década, las reformas solicitadas por la CE no constituyen un problema económico, sino que pueden constituir una fuerza impulsora del PIB a medio y largo plazo, si permiten eliminar o reducir considerablemente algunas de nuestras principales deficiencias estructurales.

No obstante, decepcionarán a numerosos políticos de la derecha y economistas neoliberales, quienes esperan que comporten el regreso de la tutela europea. Una supervisión que creen que obligará a una gobierno de izquierdas a realizar políticas de derechas y, en especial, a la vuelta de la austeridad económica. Un gran cambio político en la UE tendría que acontecer para que así sucediera.

Por tanto, el single regalado por Bruselas tendrá dos caras A. La de los fondos nos ayudará a conseguir un gran crecimiento del PIB en los siguientes ejercicios, la de las reformas a impulsarlo un poco durante bastantes años más. Si se cumplen las previsiones, esta vez la CE no nos impondrá peaje alguno.

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¿Quién es... Gonzalo Bernardos?
Gonzalo Bernardos

Profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona, y vicerrector de Economía entre enero de 2010 y octubre de 2012, he escrito 32 libros o grandes informes, entre los que destacan La gran mentira de la economía (Ed. Destino), ¿Cómo invertir con éxito en el mercado inmobiliario? (Ed. Netbiblo) y Economía (libro de 1º de bachillerato de la Ed. Barcanova). Tengo un gran problema y una gran virtud. Es la misma. Soy muy sincero, pienso lo que digo y digo lo que pienso, tanto delante como detrás. No necesito quedar bien con nadie, excepto con mi mujer, con mis hijos y conmigo mismo. Lo notarás en mis artículos.