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La política catalana ya mira al 2-O. Dice Junqueras que "hay que pensar en el día después del 1-O y actuar con responsabilidad". Mientras el vicepresidente hace estas afirmaciones, Mas y Puigdemont parece que lideran a quienes quieren que los diputados independentistas se encierren en el Parlament, apoyados por la ocupación indefinida del parque de la Ciudadela por cuantos más secesionistas mejor, con la presencia entusiasta de unos cuantos revolucionarios --locales e importados-- que ven en el movimiento independentista una oportunidad de superar sus frustraciones revolucionarias anticapitalistas.

Nadie quiere un 9N bis. Los independentistas, convencidos de que la movilización hoy sería inferior a la de 2014, sueñan con un 1-O convertido en un día de grandes movilizaciones pero en el que no sea posible contar a los participantes. Por la actuación del Estado pero también por la negativa a participar de muchos que no se enfrentaron al 9N y cedieron locales --ayuntamientos del PSC y otros partidos--, abrieron institutos, etc. El Estado --que hizo la vista gorda el 9N-- tampoco puede repetir su pasividad o permisividad, califiquen su actuación como más les guste. Hoy la falacia del 9N, en el sentido de ser un referéndum organizado por la sociedad civil, sin participación de la Generalitat, no es repetible. El Estado puede transigir en lo que hagan organizaciones privadas, aunque fuera falso que la Generalitat no participara en su organización como se ha demostrado en los distintos procesos judiciales en marcha, pero no puede permitir la desobediencia declarada de una administración autonómica, constitucionalmente bajo su dependencia.

¿Cabe la negociación con quien ha actuado con deslealtad manifiesta y no tiene ni tan siquiera el propósito de enmienda?

Así pues, las dudas sobre el 1-O se concentran en ver el alcance de la movilización, y los incidentes violentos que en su caso puedan producirse. De hecho, el 1-O será el primer día del post-referéndum y marcará la dinámica de los días posteriores.

En este contexto Junqueras piensa en no poner en riesgo su acceso a la presidencia dela Generalitat. Por su parte, Mas y Puigdemont, convencidos que el PDeCAT será apartado del poder en caso de nuevas elecciones autonómicas, seguramente sueñan con una suspensión de la autonomía que les permita tener opciones cuando se restablezca la normalidad.

El Gobierno del PP, si hacemos caso a las declaraciones de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, apuesta por un escenario que no le obligue a tomar decisiones drásticas y coincide en este sentido con Junqueras al hablar de responsabilidad y negociación el día después.

La pregunta que surge es: ¿Cabe la negociación con quien ha actuado con deslealtad manifiesta y no tiene ni tan siquiera el propósito de enmienda? Seguramente la realpolitik impondrá este escenario y tendremos un periodo de mayor sosiego, aunque nadie puede asegurarnos su duración. En democracia acostumbra a pesar más el dicho catalán de "qui dia passa, any empeny" que el de coger el toro por los cuernos. Si es o no la mejor opción, sólo el tiempo nos lo desvelará.

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¿Quién es... Francesc Moreno?
Francesc Moreno

Presidente del Consejo Editorial de CRÓNICA GLOBAL. Licenciado en Derecho. Ha sido profesor de Derecho financiero en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de Derecho mercantil en la Universidad de Barcelona (UB). Ha sido vicepresidente de La Seda de Barcelona. Fue el editor de El Debat y Tribuna Latina.

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