Entre 1986 y 2019, España padeció dos crisis económicas. La primera tuvo un carácter light y comportó una caída del PIB del 1% en 1993. La segunda fue muy dura y supuso una disminución de la producción del 8,5% entre 2009 y 2013. En la inicial, el número máximo de ocupados se recuperó cinco años y medio después, en la última nunca lo hizo.

En la generada por la pandemia, el PIB cayó un 10,8% en 2020 y, en tiempos de paz, supuso la mayor reducción de la demanda de bienes y servicios desde 1868. A pesar de ello, en el tercer trimestre de 2021, el nivel de empleo ya superaba el alcanzado en el cuarto período de 2019. En una recesión más profunda que las dos anteriores, la economía española había conseguido en menos de dos años una completa recuperación de la ocupación.

Además, al final del pasado ejercicio, la tasa de paro se situó en un 13,3%, siendo éste el menor nivel del desempleo desde septiembre de 2008. Un porcentaje relativamente reducido, pues el mínimo histórico en la etapa analizada fue el 8% del segundo trimestre de 2007 y el máximo el 26,9% del primer período de 2013.

La esperanzadora tasa de desempleo viene explicada por la masiva aplicación de los ERTE por fuerza mayor, una gran disponibilidad de crédito por parte de las empresas generada por los préstamos ICO, un elevado incremento del gasto público y la excelente predisposición del sector privado a crear empleo una vez relajadas las restricciones a la actividad empresarial.

El primer factor constituyó una gran barrera a la realización de despidos, pues permitió a las pymes mantener la plantilla soportando un escaso o nulo coste. En el tercer trimestre de 2020, la pandemia había provocado una pérdida de 1.359.700 puestos de trabajo. Una cifra relevante, pero escasa si se compara con los desparecidos durante la crisis precedente, pues en el primer período de 2014 el quebranto llegó a alcanzar los 3.802.800 empleos.

El segundo facilitó dinero a las empresas para pagar a proveedores, caseros y las cuotas de los préstamos previamente contratados. En 2020, la Administración tenía la suficiente capacidad de endeudamiento para cubrir el 80% de las posibles pérdidas generadas por los impagos de los créditos ICO. Entre 2008 y 13, estaba sin blanca.

La solvencia de la banca era mucho más elevada que trece años atrás, disponía de una ingente liquidez y estaba dispuesta a financiar con sus propios recursos a familias y empresas solventes. Así, por ejemplo, en junio de 2020, las entidades financieras ya suministraban a sus clientes más crédito hipotecario que en el mismo mes del año anterior.

Indudablemente, su situación no tenía nada que ver con la existente con posterioridad a la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008. Unos escasos fondos propios para el volumen de su activo, un elevado aumento de la morosidad y una continua caída del precio de los inmuebles ejecutados hacían que la supervivencia de muchas entidades estuviera en duda.

Para no acrecentar la desconfianza de reguladores e inversores, sus ejecutivos decidieron reducir drásticamente el nuevo crédito concedido. Numerosas empresas tuvieron grandes dificultades para financiar sus operaciones semanales y algunas se vieron obligadas a cerrar por falta de liquidez, a pesar de que su activo era superior a su pasivo.

El tercero permitió a la Administración crear ocupación. En diciembre de 2021, el número de trabajadores del sector público superaba en 222.200 al advertido en el mismo mes de 2019. Una necesidad imperiosa del sistema sanitario y educativo por los problemas generados en ellos por el Covid-19, pero una actuación impensable durante la crisis precedente. Durante ella, la prioridad estuvo en la reducción del gasto presupuestario; en cambio, en la más reciente, se encuentra en la recuperación de la producción y el empleo.

La disparidad entre los objetivos pretendidos en uno y otro período está principalmente sustentada en las diferentes causas de ambas crisis y en la aplicación de un distinto modelo económico para superarlas. En la Gran Recesión, las naciones europeas más perjudicadas habían cometido grandes errores en los años precedentes. Por tanto, algunos líderes del continente consideraban que los problemas que tenían se los habían buscado.

Durante la pandemia, la mayor afectación era consecuencia de una dependencia más elevada del sector servicios y, en particular, del turismo. En esta ocasión, las mayores bajadas del PIB eran debidas principalmente a la mala suerte. Indudablemente, la solidaridad entre naciones era más fácil de aceptar en el último caso que en el primero.

Un contexto que facilitó la mutualización de la deuda necesaria para financiar los fondos europeos Next Generation. Un capital que llegará a los distintos países en forma de préstamos y también de subsidios. Lo hará en mayor medida a las naciones que tenían más problemas económicos en 2020. Por eso, las dos principales receptoras serán Italia y España, cuando por población y PIB le correspondería dicho honor a Alemania y Francia.

En la crisis iniciada en 2008, las autoridades aplicaron políticas neoliberales; en la de 2020, de carácter keynesiano. Los resultados obtenidos por las primeras fueron decepcionantes, pues prorrogaron innecesariamente el estancamiento o la recesión en numerosas naciones, generaron un gran descontento en una sustancial parte de la población y provocaron un mayor apoyo a las políticas populistas de partidos de extrema derecha e izquierda. Unos motivos que han relegado al neoliberalismo al baúl de los recuerdos.

El cuarto ha constituido una gran sorpresa, pues el empleo en el sector privado se recuperará por completo antes de que lo haga la demanda de bienes. A finales de 2021, el número de ocupados en dicho sector era solamente de 4.200 menos que en diciembre de 2019. En términos porcentuales, un 0,03%. En cambio, en el último mes del año pasado, el PIB era un 4,2% más reducido que dos años atrás.

Una coyuntura con dos posibles explicaciones: los empresarios contratan personal adicional antes de que les aumenten sus pedidos o el INE infravalora el PIB del país. La primera es contraria al sentido común y un comportamiento similar no se ha observado en las recuperaciones precedentes.

La segunda simplemente sería una equivocación, más justificada que las cometidas en otras ocasiones por la dificultad de obtener datos verídicos durante la pandemia (véase el artículo ¿Está infravalorando el INE el PIB?). Así, por ejemplo, me produce una gran extrañeza que en el cuarto trimestre de 2021 el número de trabajadores en la agricultura haya aumentado un 7,4%, pero la producción haya caído un 4,3% anual.

En definitiva, los datos del empleo en 2021 son magníficos y mucho más positivos de lo esperado. No obstante, muy probablemente lo mejor esté por llegar, si el Covid-19 se convierte a partir de marzo en una enfermedad casi banal y el número de turistas extranjeros en 2022 es similar al de 2019.

Si así sucede, y el sector público no pierde ocupación, España creará más de 750.000 empleos en el actual año, superará el récord histórico de 2007 (20.753.400 puestos de trabajo) y se aproximará a final de año a los 21 millones de ocupados.

La tasa de paro descenderá desde el 13,3% al 11,8% y la entrada en vigor de la contarreforma laboral mejorará la calidad de la ocupación. Si mis expectativas se cumplen, el país habrá dado un gran paso adelante en la resolución de su principal problema estructural: un elevado número de desempleados. Una espada de Damocles que han tenido sobre su cabeza todos los gobiernos desde la llegada de la democracia.