En el período 2015-17, la economía española tuvo una gran expansión, pues en todos los años el PIB creció más del 3%. No obstante, en ninguno de ellos la bonanza macroeconómica quedó reflejada por la vía de los dispendios en los presupuestos del Estado. El motivo fue la continua caída del límite del gasto no financiero (techo de gasto), al pasar éste de los 133.259 millones de euros en 2014 a los 118.337 millones en 2017.

La disminución del techo de gasto estuvo sustentada en dos causas. Por un lado, la necesidad de reducir el déficit público para cumplir con el plan de estabilidad y crecimiento. Por el otro, la preferencia del Gobierno de hacerlo mediante la rebaja de los gastos que a través del incremento de los ingresos tributarios.

Una preferencia vigente en 2018 y aplicada al actual proyecto de presupuestos. En el presente ejercicio, el déficit público debe disminuir en 9.432 millones euros, una cifra muy por debajo de los 15.057 millones de euros que se redujo en 2017. Por tanto, era únicamente una cuestión de prioridades dedicar una gran parte de la recaudación sobrante a paliar los recortes sociales que la población ha padecido desde 2010.

Los presupuestos generales del Estado no pueden ser catalogados como sociales, tal y como pretende Montoro

No obstante, el Gobierno ha rechazado dicha opción, ha disminuido otra vez el impuesto sobre la renta (ya lo hizo en 2015) y ha incrementado solo el techo de gasto en 1.497 millones de euros. En términos de PIB, supone únicamente un 1,3% y, dada una inflación prevista del 1,4%, implica una reducción del gasto real en un 0,1%.

Por tanto, los presupuestos no pueden ser catalogados como sociales, tal y como pretende Montoro. Una observación incompatible con la disminución en porcentaje del PIB del gasto público en sanidad (del 6% al 5,8%), educación (del 4% al 3,8%) y protección social (16,5% al 16,2%). El primero es el más bajo desde 2007 y el segundo el menor desde 1995 (el inicio de la serie estadística).

Tampoco es verdad, como declaró el ministro de Hacienda, que sean los presupuestos de los funcionarios, pensionistas y trabajadores de rentas medias-bajas. La subida salarial de los primeros será del 1,75% y supondrá una pírrica ganancia del 0,35%. Además, la existencia de una tasa de reposición general del 75% impedirá que en muchos sectores aumente el número de empleados públicos, al ser más los que se jubilan que los nuevos contratados. Una tasa por encima del 100%, la aplicada a la Policía Nacional y Guardia Civil, no debería ser la excepción, sino la norma.

Pensionistas y personas con rentas bajas se encuentran entre los más perjudicados por el modelo económico del PP, basado en bajos salarios, reducida recaudación de impuestos en relación al PIB y escasas prestaciones sociales

Finalmente, el Gobierno cedió parcialmente ante las manifestaciones de los pensionistas. Aceptó subir a la mayoría la pensión por encima del 0,25% inicialmente previsto y reducirles el importe abonado en concepto de impuesto sobre la renta. No obstante, continúa vigente la reforma de las pensiones de 2013. Una norma que cercena su poder adquisitivo y puede ser aplicable en cualquiera de los próximos años.

Los trabajadores de rentas medias-bajas se beneficiarán a través de la bajada de impuestos proyectada. Los que cobran entre 12.000 y 14.000 euros ya no tendrán que hacer la declaración de renta, y los que perciben entre 14.001 y 18.000 euros verán reducido el tipo impositivo aplicado. Dicha disminución es aplicable a cualquier otro nivel de ingresos. Por tanto, el beneficio suplementario obtenido es nulo o escaso.

A pesar de las apariencias, no está nada claro que el actual proyecto de presupuestos beneficie a los pensionistas y a las rentas bajas, pues ambos colectivos están entre los principales destinatarios del gasto público social. Unos y otros se encuentran entre los más perjudicados por el modelo económico del PP, basado en bajos salarios, reducida recaudación de impuestos en relación al PIB y escasas prestaciones sociales.

En definitiva, el proyecto de presupuestos es engañoso. Entre lo que es y lo que parece hay una gran distancia. Desde mi perspectiva, no es el que más conviene al país, pero probablemente sí al PP. Por eso, desprende un claro tufillo electoral.