El Gobierno del PP finalmente ha conseguido la mayoría suficiente para llevar adelante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados. Ahora ha de pasar el trámite del Senado, y no es de esperar ninguna sorpresa. Con ello tendrá tranquilidad para dos años, puesto que si fuese necesario se podrían prorrogar.

Más allá de las grandes líneas políticas, se han debatido multitud de enmiendas con diferente fortuna y con diferente interés mediático. Quiero referirme ahora a una enmienda en particular que demuestra una falta de sensibilidad absoluta y un menosprecio indignante hacia un colectivo muy importante en la universidad pública. Me refiero al personal de administración y servicios, el PAS de las universidades. Y esto es así porque el Gobierno ha decidido dejarlos excluidos del importante Acuerdo para la mejora del empleo público firmado en marzo entre Gobierno y sindicatos, y que ahora se incorpora a los PGE.

Inicialmente, las universidades públicas no fueron directamente incorporadas al acuerdo, aduciendo el ministro Montoro que la temporalidad era escasa, un 4,5% decían. Qué barbaridad, que desconocimiento de la realidad. Pero se trata de una actuación deliberada; sin ir más lejos, otro ministerio, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene datos más aproximados, aunque incompletos, que demuestran la falsedad. Ante esto, diferentes partidos políticos presentaron enmiendas a los PGE para incluir al personal de las universidades, tanto el PDI (personal docente e investigador) como el PAS, pero finalmente el Gobierno enmendó parcialmente el articulado e incluyó solamente a los primeros. Esto supone, sin lugar a dudas, un enorme agravio para el PAS temporal que de ninguna manera se puede aceptar.

La precariedad en la que se encuentra el PAS temporal de las universidades supone un enorme agravio para este colectivo que de ninguna manera se puede aceptar

Para tener una idea de la gravedad de la situación, hay que saber que durante muchos años no se ha autorizado la reposición de efectivos en el PAS, y la autorizada el último año es claramente insuficiente, lo cual ha provocado enormes bolsas de temporalidad y precariedad. En el caso del PDI, aunque se fue levantando progresivamente la tasa de reposición, también ha habido importantes restricciones a lo largo de estos años, y son imprescindibles, como en el PAS, las ofertas públicas excepcionales para reducir la temporalidad. Y, recordémoslo, aprobar una oferta pública no exime de tener que superar los preceptivos procesos selectivos previstos en la legislación.

Esta situación provoca unos índices muy elevados de temporalidad en puestos de trabajos estructurales del PAS, superiores al 20% e incluso al 30%, lo que lleva a una situación límite a las plantillas de las universidades. Actualmente, en la guerra de la competitividad y de la excelencia universitaria, con recursos económicos claramente inferiores a las medias europeas de referencia, las universidades tienen plantillas de personal cada vez más reducidas, más envejecidas y más precarias, pero asumiendo cada vez más y diferentes tareas, lo cual no es positivo para los trabajadores y trabajadoras pero tampoco para la propia organización universitaria.

Más absurdo aún es saber que estabilizar en la mayoría de los casos es gratis, pues estamos hablando de puestos de trabajo estructurales, y que ya están presupuestados. Entonces, si se cumple con las limitaciones que los propios PGE imponen, como es no incrementar número de efectivos ni gasto del capítulo 1, ¿cuál es el problema para no solucionar semejante injusticia?

Se impone la reflexión y la capacidad de modificación en el trámite de enmiendas por el Senado, y se impone la necesaria solidaridad con un colectivo largos años maltratado, por una parte, como el resto de empleados públicos, y, por otra, por la situación de precariedad. Por todo ello, en la universidad, hoy todos somos PAS temporal.