El 4 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023. Un documento que incorpora numerosas cifras, pero en el que una destaca por encima de cualquier otra: el incremento de las pensiones será del 8,5%. Una cuantía nunca observada desde que la ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997 aseguró anualmente la conservación del poder adquisitivo de los pensionistas.

El anterior aumento ha generado un gran debate social e intergeneracional, pues numerosos trabajadores, especialmente los más jóvenes, consideran a los pensionistas unos privilegiados. En el presente artículo, mi objetivo es evaluar si lo son o no mediante distintos argumentos a favor y en contra de la anterior afirmación.

Entre los primeros destacan:

1) El incremento de las pensiones será muy superior al de los salarios. En 2022, la remuneración de la mayoría de los pensionistas ha aumentado un 4,1%. En cambio, los salarios de los empleados públicos lo han hecho un 3,5% y los del los trabajadores del sector privado con convenio únicamente un 2,6% hasta septiembre. En 2023, la elevada subida obtenida por los primeros (un 8,5%) contrastará en gran medida con la lograda por los segundos (un máximo del 3,5%) y los terceros (muy probablemente por debajo del 5%).

2) Las pensiones son muy generosas. En 2020, según la OCDE, la primera pensión del jubilado medio español, después de la retención del IRPF, equivalía al 80,3% de su último salario neto. Un porcentaje muy superior a la media de los países de la organización (62,4%), Unión Europea (66,7%), Reino Unido (58,1%) o Alemania (52,9%).

Una generosidad también observada al analizar el número de años de jubilación necesarios para recuperar lo pagado a la Seguridad Social por el pensionista y la empresa y la rentabilidad real proporcionada por las cotizaciones sociales. Para diversos autores, el jubilado medio consigue tal propósito cuando han transcurrido 12 ejercicios. Por tanto, percibe mucho más de lo que paga, pues la esperanza de vida en 2021 a los 65 años era de 21,15 anualidades.

Según el Banco de España, los trabajadores jubilados en 2017 obtendrán en promedio un 74% más de lo sufragado a la Seguridad Social. Un importe equivalente a una rentabilidad real anual del 3,5%, siendo este un porcentaje muy superior al ofrecido por el tipo de interés de los títulos del Tesoro español durante cualquier ejercicio del actual siglo.

3) Los jubilados son el grupo de edad con mayor renta neta. Hasta 2011, los trabajadores ocupados tenían una renta neta superior a la de los jubilados. En 2012, la tendencia se invirtió y en 2020 los segundos ya percibieron 1.749 euros más que los primeros, siendo esta la mayor diferencia histórica favorable a los pensionistas.

En 2008, los mayores de 65 años eran el tercer grupo de edad con mayor renta neta. En 2010 consiguieron pasar a la segunda posición y desde 2012 se sitúan en la primera. En el pasado año, sus ingresos netos fueron un 32,3%, 20% y 7,8% más elevados que los obtenidos por los grupos de edad comprendidos entre 16-29, 30-44 y 45-64 años, respectivamente.

4) Los pensionistas forman un gran grupo de presión. No tienen tal consideración por su actividad, sino por su número. En agosto de 2022, había 9.462.201 pensionistas, recibiendo el 95,3% al menos una prestación derivada de su aportación en el pasado a la Seguridad Social y el 4,7% una remuneración de carácter no contributivo.

En dicha fecha, representaban aproximadamente el 24% de los mayores de edad y una cifra aún más elevada de los votantes, pues su abstención suele ser significativamente más baja que la de los electores de menos de 50 años.

5) El elevado incremento del gasto en pensiones perjudica a la sanidad y educación pública. En 2023, la Administración destinará a financiar las pensiones 211.154 millones euros. Un importe que incluye las prestaciones contributivas de empleados del sector privado y los autónomos (176.478 millones), las no contributivas (14.754 millones) y los pagos a antiguos funcionarios (20.418 millones).

El próximo año, el anterior importe supondrá un 16,5% del PIB previsto por el Gobierno y un 36% del gasto público, si la proporción del primero destinado a este se sitúa en un 45,6%, tal y como prevé el Ejecutivo. Indudablemente, el anterior es un elevado porcentaje que seguirá aumentando en los siguientes ejercicios por la progresiva jubilación de la generación del baby boom (1958-77). Por tanto, dificulta el crecimiento o mantenimiento del gasto real destinado a otras prestaciones, tales como educación, sanidad y asistencia social.

Entre los segundos son relevantes:

1) La elevada subida de las pensiones cumple la legislación vigente. En el pasado año, el Congreso aprobó la primera parte de la reforma de las pensiones del ministro Escrivá. En el texto indica claramente que las remuneraciones de los pensionistas se actualizarán según el IPC medio anual observado entre diciembre de hace dos años y el último noviembre. Por tanto, si finalmente la inflación promedio es del 8,5%, el Gobierno se habrá limitado a aplicar la ley.

En el momento de aprobar el anterior redactado, ninguno de los legisladores pensó que la tasa de inflación en España podría regresar a un valor próximo al 10% anual. Tenían presente el reducido IPC medio de la última década (un 1%) y creían que la política monetaria del BCE impediría el regreso del aumento del nivel de precios a cifras de la década de los 80. Si lo hubieran hecho, posiblemente habrían limitado el incremento anual de las pensiones al 5%.

2) Elecciones en 2023. A pesar de estar respaldada por la ley, la subida del 8,5% muy probablemente no se hubiera producido si 2023 fuera un año normal. No obstante, es muy especial, pues hay elecciones municipales, autonómicas y generales. El principal motivo argüido para efectuar una subida inferior habría sido un déficit previsto de la Seguridad Social por valor de 7.199 millones. Un gran desequilibrio, si consideramos que la Administración General del Estado asume 19.888 millones de gastos del anterior organismo.

En el barómetro del CIS anterior a las elecciones del 10 de noviembre de 2019, el 31,7% de los encuestados mayores de 65 años declaraba que iba a votar al PSOE o sentía simpatía por la formación socialista. Un porcentaje significativamente superior al 30,6% y 24,2% de los pertenecientes a las franjas comprendidas entre los 55-64 y 45-54, respectivamente. Así pues, la gran subida de las pensiones constituirá un magnífico anzuelo electoral.

3) Las ventajas obtenidas tendrán una corta duración. La jubilación de la generación del baby boom obligará a los políticos a realizar una gran reforma de las pensiones, pues la efectuada por Escrivá es solo un parche que no resuelve ninguno de sus principales problemas.

Para hacer sostenible el desembolso de las pensiones por parte de la Administración General del Estado, los partidos políticos deben elegir a los colectivos perjudicados por la nueva norma. Pueden ser todos los que están trabajando (aumento de las cotizaciones sociales y la edad de retiro), solo los que pronto se jubilarán (disminución de la primera pensión) o una parte o la totalidad de los pensionistas (reducción del poder adquisitivo de las pensiones).

La opción más lógica y plausible es afectar negativamente a todos o a la inmensa mayoría de los componentes de los anteriores grupos. Si así sucede, los pensionistas cuyos ingresos netos superen los 2.000 euros difícilmente conservarán en la próxima década la capacidad de adquisición de bienes ahora poseída.

En definitiva, después de analizar los anteriores datos, concluyo que en la actualidad los pensionistas son unos privilegiados. La clave está en su gran número y la importancia de su voto para PP y PSOE en las distintas elecciones generales. No obstante, en la próxima década perderán algunas de sus ventajas actuales, pues al menos una parte de ellos no conseguirá revalorizar sus pensiones según la media del IPC entre diciembre de hace dos años y el último noviembre.

Para reducir la elevada incertidumbre sobre las futuras pensiones, los partidos políticos deberían evitar utilizarlas electoralmente y llegar a una gran acuerdo que reparta los costes entre toda la población del elevado crecimiento del número de jubilados en los próximos años. No obstante, si hicieran eso, demostrarían una gran responsabilidad, una cualidad que los ciudadanos echamos en falta un día tras otro.