Durante más de una semana, las marchas en protesta contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél han derivado en disturbios y actos de violencia con la quema de cientos de contenedores, destrucción de mobiliario urbano y ataques y saqueos en comercios del centro de Barcelona.

Pero tan grave como los disturbios ha sido el comportamiento, mientras las calles ardían cada noche, de un Govern desaparecido cuyos miembros rompían solo el silencio para empeorarlo con declaraciones que cuestionaban la actuación de los Mossos d’Esquadra. Cinco días estuvo mudo el conseller de Interior, Miquel Sàmper, antes de reclamar el cambio de modelo policial, un modelo que él y su partido, Junts per Catalunya y sus antecedentes con otro nombre, habían diseñado durante años desde la conselleria.

El vicepresidente en funciones de president, Pere Aragonès, aún tardó un día más en condenar el vandalismo y defender a los Mossos, pero aceptando también una revisión del modelo policial. En su línea de ser más rebeldes y atrevidos que nadie, JxCat y su cabeza de lista, Laura Borràs, fueron más allá al calificar de “inaceptable” la actuación de los Mossos. Las críticas directas de los responsables políticos han sido coreadas por todo tipo de personajes, desde Gabriel Rufián, justificando la violencia de quienes quemaban contenedores al compararla con otros tipos de violencias “estructurales”, hasta la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que acusó a los comerciantes víctimas de los destrozos de “banalizar el nazismo” por hablar de la noche de los cristales rotos. Conclusión: encima que le destrozan a uno la tienda, tiene que callarse.

Cataluña es el único lugar del mundo en el que el Gobierno no respalda a su policía mientras se bate contra los violentos en las calles, sino que, al contrario, cuestiona su actuación. Un Gobierno que no solo es incapaz de asegurar el orden público, sino que agrava el problema al denigrar a quienes por ley tienen la misión de mantenerlo. Ese silencio gubernamental mientras los vándalos reinaban impunemente en las noches barcelonesas es el fruto de años de incompetencia, de inhibiciones, de conatos de desobediencia y de desprecio de las leyes.

Mientras se sucedían los disturbios, los representantes del Govern y de los dos partidos que lo integran estaban negociando la repetición de la fórmula de gobierno ya fracasada. Pero en esta Cataluña bloqueada y fracturada, todo es susceptible de empeorar. Si la CUP entra en el Govern o accede a la presidencia del Parlament, la situación se agravará. Porque la CUP querría la presidencia de la cámara, según explicaron en un comunicado, para “hacer frente a los ataques del Tribunal Constitucional a la soberanía del hemiciclo”. Traducido quiere decir instalar en la cúpula del Parlament la desobediencia a cualquier decisión del alto tribunal sobre las competencias o las atribuciones de la cámara.

Esquerra está discutiendo también con la CUP un “plan de choque que debe permitir hacer un cambio profundo en el modelo de seguridad y orden público de Cataluña”. Para los cupaires, ese cambio significaría un giro de “180 grados en la estrategia antirrepresiva del país”, que incluiría, según lo expresado en muchas ocasiones, el desmantelamiento de la Brimo (la brigada móvil antiterrorista de los Mossos) y la supresión de las balas de espuma (foam), que ya sustituyeron en su momento a las pelotas de goma. Es decir, una desprotección del aparato represivo del que toda policía debe disponer.

Pero esto no es más que la consecuencia de entregarse en la negociación a los designios de la CUP, cuyos votos son imprescindibles para la investidura del president en un planteamiento de Govern estrictamente independentista, con un pacto entre ERC, JxCat y la CUP. Sería la continuación de la dependencia del partido antisistema que se inauguró a principios de 2016 cuando los cupaires enviaron a Artur Mas a la “papelera de la historia” y dieron paso a la presidencia de Carles Puigdemont.

Para evitar la repetición de esa situación, ERC propone un Govern amplio en el que los comuns se sumen a los tres partidos independentistas. Oriol Junqueras lo ha vuelto a decir esta semana. Pero esta ampliación tiene pocos visos de prosperar debido a la incompatibilidad de En Comú Podem y JxCat. Aunque los posconvergentes aseguran ahora que no vetan a nadie, es imposible que los comunes acepten sentarse a la mesa del Consell Executiu con JxCat. Lo más probable, pues, sigue siendo un Govern solamente independentista, con la presidencia del Parlament en manos de JxCat o de la CUP.