El quinto vástago del exhonorable president vuelve a estar otra vez en la calle. La Junta de Tratamiento del correccional de Brians 1 ha decidido aplicarle un artículo del reglamento carcelario que supone de facto otorgarle otra vez el tercer grado. Gracias a este abominable trato de favor, en lo sucesivo sólo tendrá que dormir en el penal.

Es la segunda vez que se le concede semejante privilegio. El pasado marzo, los servicios presidiarios, dependientes de la Generalitat, ya le obsequiaron directamente con el tercer grado.

Como se recordará, Oriol Pujol cumple condena firme de dos años y medio de prisión por haber cometido un aluvión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en el embrollo de las ITV.

Oriol y sus compinches se confabularon en ese famoso chanchullo. Pretendían mangonear la ley reguladora de las inspecciones de vehículos. El objetivo de sus tareas rufianescas no era otro que saquear el sector y exprimir a los poseedores de coches.

Oriol llevaba sólo tres meses en Brians cuando se le autorizó a salir todos los días. Fue un alarde de celeridad sin precedentes.

La fiscalía recurrió. Y el 23 de mayo, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria decidió revocar el beneficio. Ahora, gracias a la gentileza de los cancerberos de la Generalitat, Oriol torna a saborear las brisas de la libertad.

Los fiscales ya anuncian otro recurso para impedir tales excesos. Esta especie de juego del gato y el ratón tiene a los ciudadanos pasmados ante la clamorosa desvergüenza del Govern.

Yo sugiero modestamente al ministerio público que, ni corto ni perezoso, se querelle contra la Junta de Tratamiento por prevaricación, pues perpetró una cacicada como la copa de un pino.

Las mercedes dispensadas a Oriol Pujol pasan de castaño a oscuro. Superan todo descaro imaginable. Y revelan que la saga cleptómana de los Pujol resulta ser poco menos que intocable y sigue gozando de bula omnímoda.

Jordi Pujol Soley y su prole hicieron mangas y capirotes en Cataluña durante casi un cuarto de siglo, hasta acaparar una fortuna multimillonaria. No parece sino que esa banda familiar todavía disfrute de un estatuto especial que le impulsa a creerse por encima de la ley y la justicia.

Cavilo que por nuestras latitudes mediterráneas impera la doctrina de que Oriol es “uno de los nuestros”, tal como se estila en los clanes mafiosos sicilianos.

El siniestro serial de retorcimiento del ordenamiento jurídico por parte de la estirpe pujoliana corre parejo con otro de corte similar, tan chusco como escandaloso.

Me refiero a la escolta oficial que Quim Torra ha colocado al servicio del prófugo Carles Puigdemont, cabecilla del golpe de octubre de 2017. Los contribuyentes catalanes están sufragando el coste de nada menos que 14 Mossos d'Esquadra, que se trasladaron a Waterloo para brindar protección al fugitivo.

En puridad, la misión de ese pelotón policíaco no estriba en amparar a un presunto delincuente. Por el contrario, los guardianes deberían detenerlo de inmediato y ponerlo a disposición de los tribunales. Mientras no procedan así, incurren en la figura tipificada del encubrimiento.

Las peripecias de Pujol y Puigdemont revelan la baja estofa de quienes ocupan el poder en la Generalitat. Se comportan como si la Comunidad entera fuera su cortijo particular. Utilizan los recursos del Erario con toda desfachatez. Y hacen y deshacen a su antojo, sin importarles un comino el cumplimiento de la ley.