Los dirigentes del secesionismo son conscientes de la trayectoria subversiva del procés y de los desmanes, traducidos en hechos punibles, de septiembre y octubre de 2017, por eso intuyen que la sentencia del Tribunal Supremo será condenatoria, y tienen ya dictada una respuesta callejera e “institucional”.

La sentencia contendrá la relación de los hechos que el Tribunal habrá considerado probados y, por fin, sabremos con certeza jurídica lo que han hecho los que dicen que no han hecho nada y que, rizando el rizo de la contradicción, dicen que “lo volverán a hacer”. En los fundamentos de Derecho conoceremos las normas jurídicas que los procesados vulneraron y los presupuestos doctrinales y legales que el Tribunal habrá considerado para adoptar la solución de la parte dispositiva de la sentencia.

Si la sentencia fuera condenatoria, el secesionismo, obviando los hechos probados y los fundamentos de Derecho, sólo “leerá” el fallo, que será presentado como “un nuevo agravio a Cataluña” y “una brutal represión del Estado”.

De entre los muchos dominios dinamitados por el secesionismo en Cataluña, la convivencia, la estabilidad económica, el consenso político, la moral pública..., habría que destacar el Derecho. Para emprender la aventura secesionista tenían, previamente, que cargarse el Estado de Derecho. Es lo que intentaron culminar con sus bochornosas leyes de referéndum y de transitoriedad, aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017 con manejos y tufo autoritario, y de las que ya no hablan, pero que la sentencia a buen seguro que les recordará.

En su fracaso pesaron tanto los errores de cálculo como la burda concepción del Derecho como un mero instrumento para el logro de sus fines (ilegales); su “Derecho” contra el Derecho. Pretendieron romper el orden constitucional en España cuando la Unión Europea tiene por pilar fundamental las constituciones de los Estados miembros; al mismo tiempo postulaban su “república” como nuevo Estado de la Unión. ¡Qué desvarío jurídico! El respeto de la Constitución es el principio nuclear en el moderno “ius commune” europeo.

La “respuesta”, que pretenden que sea compartida más allá del secesionismo militante, es otro intento de subvertir el orden jurídico, incluyendo la alteración del orden público. Las sentencias se recurren, si ha lugar, hasta su firmeza y se obedecen en todo caso. La obediencia no es, precisamente, la disposición que muestra Torra, quien para empezar dice que desobedecerá el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le requiere para que retire la pancarta (sectaria) con lazo amarillo colgada del balcón del palacio de la Generalitat.

La sentencia representa una oportunidad para todos, también para aquellos que, desde una hostilidad desaforada, propugnan un (inconstitucional) 155 permanente. En la lectura atenta y la meditación desapasionada de la sentencia se podría encontrar el principio de una reconciliación. No desaprovechemos la oportunidad.