El salario mínimo (SMI) suele aumentar cada año. Desde la llegada de la democracia, su cuantía solo ha permanecido invariable en 2012 y 2014. Por regla general, la subida se aplica desde enero del ejercicio en curso. Desde 1982, así ha sucedido de manera ininterrumpida

No obstante, en dos períodos tuvo lugar un incremento complementario: octubre de 1978 (9,5%) y julio de 2004 (6,6%). En el primero porque una elevada inflación hizo desaparecer una sustancial parte de la ganancia de poder adquisitivo prevista. En el segundo, el aumento extraordinario sirvió para compensar la reducción del salario real (5%) sufrida por los trabajadores con menos ingresos durante las dos legislaturas de Aznar.

Hasta ahora, ningún ejecutivo había decidido congelar el SMI en enero y aumentarlo en septiembre. Los principales motivos de la decisión responden tanto a cuestiones de índole política como económica y son los siguientes:

1) La necesidad de contrarrestar una noticia negativa con una positiva. Los asesores de comunicación recomiendan siempre a los gobiernos compensar una mala noticia económica con una buena. La primera son los múltiples récords históricos del precio de la electricidad en el mercado mayorista durante los últimos tres meses. La segunda es la subida de los salarios de las familias más humildes.

La incapacidad de la ministra Ribera para reducir significativamente el precio de la luz a los consumidores ha influido notoriamente en el presidente del gobierno para que éste se decantara por subir el SMI en septiembre, cuando lo había descartado en enero y julio.

2) La próxima votación de los presupuestos del Estado. Su aprobación supondría la permanencia de Pedro Sánchez en el poder hasta finales de 2023. No obstante, un paso necesario para ello, aunque no suficiente, sería el apoyo de Unidas Podemos al proyecto de las cuentas anuales.

La subida del SMI supondrá una victoria política para la formación morada y, especialmente, para Yolanda Díaz (su previsible líder electoral). Dentro de la coalición gubernamental, la anterior será una concesión del PSOE a Unidas Podemos y también una compensación por no reflejar en los presupuestos del Estado de 2022 distintas peticiones suyas.

3) El cumplimiento de una promesa electoral. En la última campaña, las dos anteriores formaciones prometieron cumplir en 2023 con una de las recomendaciones más emblemáticas de la Carta Social Europea: llevar el SMI al 60% del salario medio. En 2019, el primero (900 euros) solo suponía un 51,6% del segundo (1.743 euros).

Entre 2020 y 2023, si la retribución media aumentara un 6%, el SMI debería ascender como mínimo a 1.108,5 euros en el último año para hacer efectiva la promesa realizada. Si así sucediera, los distintos ejecutivos de Pedro Sánchez habrían incrementado el segundo en 372,6 euros. Desde 2019, en términos porcentuales, la subida del SMI nominal sería del 50,6% y la de su poder adquisitivo muy cercana al 40%.

Un incremento notablemente superior al observado en los períodos en que fueron presidentes del gobierno Zapatero (16,5%) y Rajoy (8%), pues con Aznar (-5%) y Felipe González (-7,7%) disminuyó el salario real de los trabajadores menos formados.

4) Una gran recuperación económica. La economía española es muy cíclica. Le suele ir muy mal si hay una recesión a nivel mundial y magnífico cuando ésta es sustituida por una fase expansiva. En el actual y próximo año, nuestro país crecerá por encima del 6% y conseguirá el mayor incremento del PIB desde 1978, situado hasta el momento en el 5,5% de 1987.

Dicha recuperación generará un gran incremento del empleo. Por tanto, las repercusiones negativas de la subida del salario mínimo sobre la ocupación serán escasas, especialmente si las comparamos con la positivas sobre el nivel de vida de los trabajadores con una inferior retribución.

Así sucedió también en 2019. A pesar de que el salario mínimo aumentó un 22,3%, España creció un 2%, lo hizo más que la zona euro y la Unión Europea y creó 402.500 empleos. Por tanto, en una economía en expansión, es perfectamente compatible subir en una elevada media el SMI y generar una considerable creación de ocupación.

5) La consecución de una mejor distribución de la renta. Las crisis provocan generalmente un empeoramiento de la distribución de la renta. No obstante, según los datos de Eurostat, en 2020 sucedió lo contrario, pues el índice de Gini pasó de un 33,8% a un 32,1%. Un comportamiento completamente diferente del observado entre 2008 y 2014, en los que la anterior variable aumentó desde un 31,9% hasta un 34,7%.

La explicación a su distinta evolución probablemente esté en las distintas medidas sociales adoptadas por los respectivos gobiernos. En especial, la facilidad para acogerse las empresas a un ERTE durante la crisis generada el Covid-19. Una suspensión temporal del empleo en la que llegaron a estar 3.617.168 empleados (24 de abril de 2020).

En los próximos años, la subida del salario mínimo, los positivos efectos que la suspensión temporal de empleo tendrá sobre los trabajadores que perciben una retribución relativamente próxima al sueldo y una gran generación de ocupación reducirán notablemente la anterior desigualdad. El objetivo sería conseguir la más reducida desde la llegada de la democracia, siendo necesario para ello alcanzar un índice de Gini inferior al 31%. Un nivel logrado en 2004.

6) Un incentivo para transformar el modelo de negocio de numerosas empresas. La elevada subida del SMI, y sus importantes repercusiones sobre los salarios más cercanos a él, constituye un gran incentivo para que muchas compañías cambien su modelo de negocio. En concreto, para que pasen de uno donde el atractivo de sus productos y servicios está en su escaso coste a otro en que la clave de su éxito sea su calidad.

Dicho cambio supondría un incremento de la mecanización y robotización de sus procesos productivos. Por tanto, un gran aumento de la productividad y una manera diferente de lograr crecimiento económico. Indudablemente, a la anterior transformación pueden ayudar sustancialmente la recepción de fondos europeos por valor de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2027 y la mejora del poder adquisitivo de numerosas familias.

En definitiva, desde la perspectiva política, la subida en septiembre del SMI proporciona una bombona de oxígeno al gobierno y facilita al PSOE la negociación de los próximos presupuestos. Si en 2023 lo sitúa en el 60% del salario medio, en la próxima campaña electoral Pedro Sánchez podrá presumir de un logro no obtenido por ninguno de los presidentes anteriores: subir casi un 40% el poder adquisitivo de los trabajadores con menos ingresos.

Desde una perspectiva económica, supone priorizar la calidad del empleo a la cantidad (una gran diferencia con Rajoy) y un gran incentivo para cambiar numerosos negocios cuyo éxito está sustentado en la baja retribución pagada a los empleados. También comportará una reducción de la desigualdad en la distribución de la renta. En las últimas décadas, un creciente problema en la mayoría de países desarrollados debido a la búsqueda de inflaciones muy bajas y a sustentar éstas en un escaso crecimiento de los salarios.