Los responsables de la charlotada independentista de hace ocho años no creían en las leyes españolas, pero ahora se acogen a ellas para que se acelere su proceso de amnistía. Es decir, que, como ya intuíamos, los lazis de pro sólo reconocen la justicia española cuando les beneficia. Si no es así, cargan contra ella o se la pasan por el arco de triunfo, como hicieron el célebre uno de octubre. Y si la justicia no trabaja rapidito, se pillan unas rabietas del quince, la toman con esos jueces que se resisten a aplicar según qué leyes a su favor (hablan sin tapujos de un motín de la judicatura e instan al Gobierno a sofocarlo, ¡ellos, que fueron los primeros en amotinarse!) y reclaman que en España se restituya ese orden que tanto les favorece.

Cuando no es Puigdemont, es Junqueras o cualquier otro sublevado a la espera de su amnistía o de su rehabilitación. Evidentemente, a ninguno de ellos se le ha ocurrido pedir disculpas a la población o mostrar la más mínima voluntad de arrepentimiento. Es más, han dicho que, en cuanto puedan, la vuelven a liar. ¿Merece, pues, la pena amnistiar o despojar de su inhabilitación a una gente que sigue en sus trece y que, encima, considera que debe ser perdonada ipso facto por la justicia española? Yo diría que no. Y que todo se reduce a una trapisonda de Pedro Sánchez (una más) para conservar los siete votos de los secuaces de Puchi en el parlamento.

Son de traca. La lían parda. Son amnistiados para que Pedro el Grande pueda seguir haciendo como que preside un país. Y encima nos vienen con prisas. Y se quejan de que lo de la malversación haya quedado fuera del apoyo del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía, con lo que Puigdemont y sus minions, Lluís Puig y Toni Comín (alias Toni el de las Sisas) se pueden quedar en Flandes hasta el día del juicio.

En ese sentido, creo que nos habría salido más a cuenta aceptar aquella extradición de Puchi sólo por el delito de malversación (que es el único que queda actualmente en pie), pero nos pusimos estupendos e hidalgos y preferimos la honra sin barcos a los barcos sin honra (España y los españoles somos así, señora), es decir, que o nos lo entregaban para juzgarlo por alta traición, sedición y lo que hiciera falta o que se lo podían quedar. Craso error: recordemos que a Al Capone lo acabaron juzgando por evasión de impuestos (y que me perdone el ectoplasma del señor Capone, como lo llamaba Cugat, por compararle con el fantasmón de Waterloo).

La Fiscalía Superior de Cataluña, por otra parte, se acaba de oponer a la concesión del indulto a la Geganta del Pí, Laura Borràs. Es decir, considera justa (y yo también) la condena a cuatro años y medio de presidio. Dice también que la interfecta no ha mostrado ninguna voluntad de arrepentimiento, como sus compañeros de sublevación. Y si no hay arrepentimiento, ni disculpas ni nada, ¿para qué indultar a la señora Borràs? ¡Al trullo con ella! Por no hablar de que ha intentado presentarse como una patriota machacada por su ideología cuando lo suyo es una mangancia más propia de un chorizo que de una presunta guardiana de las esencias.

La justicia española ha sido muy tolerante con todo este personal de derribo. Aún estoy esperando que citen a declarar a Tururull por ayudar a su jefe a escapar de Barcelona en su última visita relámpago. Si no me equivoco, lo que hizo se llama obstrucción a la justicia: todos le vimos por las calles de la ciudad junto al fugitivo, pero lo hemos dejado pasar como si se tratara de una inofensiva rareza del señor Tururull lo de contribuir a la fuga de un delincuente.

Aquí nadie pide disculpas ni se arrepiente de nada. Pero todos exigen que se les amnistíe cuanto antes y señalan a los jueces que se les resisten para que Pedro Sánchez se los quite de encima. Señores, un poquito de por favor. Esperen su turno y nada de exigencias, pues si no fuera por que el presidente les necesita, todavía estarían entre rejas. Que es, por otra parte, su hábitat natural.