Subirse la pensión en plena pandemia no es la única cacicada que se ha permitido últimamente el MHP Torra. Su última ocurrencia, siempre en la línea habitual de socialización del sufrimiento que le distingue, consiste en que la Generalitat se hace cargo de los posibles gastos judiciales a los que deban enfrentarse sus altos funcionarios, que entre los del Govern y los de los múltiples chiringuitos subvencionados por el contribuyente (más de 300) alcanzan la bonita cifra de 501, con sueldos en torno a los 100.000 euros anuales. Entre esos altos cargos figuran, claro está, los imputados por la charlotada independentista de 2017, que tampoco van a tener que rascarse el bolsillo porque lo haremos por ellos todos los catalanes, tanto si nos parecen unos seres admirables como si pensamos que deberían pudrirse entre rejas durante una buena temporada. El Govern, evidentemente, recurrirá al dinero público para satisfacer las onerosas minutas de los abogados de sus prohombres (y sus promujeres). ¿Por qué? Pues porque sí, ya que así interpreta el MHP (que cada uno interprete esas siglas como le parezca más conveniente) el célebre Yes, we can de Barack Obama: como estamos al mando, hacemos lo que nos sale del níspero con el dinero de nuestros compatriotas, incluidos los que no merecen serlo.

Evidentemente, a nadie se le ha ocurrido someter a referéndum este sablazo colectivo: para esta gente, las urnas solo son sagradas en determinados casos, mientras que en otros (los que les convienen; o sea, la mayoría, trátese de una subida de sueldos o pensiones o de pagar a escote la defensa de unos golpistas) se recurre a ese ordeno y mando que tanto denuncian en el Gobierno del Estado Español, como diría Buch (el que rima con, etc.). Mira que sería fácil la pregunta que plantear en ese supuesto referéndum: "¿Quiere usted pagar de su bolsillo la defensa de unos sujetos que intentaron amargarle la existencia a más de la mitad de los catalanes?”. Probablemente, lo ganarían, pues sus dos millones de hooligans patrióticos aceptarían el sablazo con entereza y orgullo, pero, por lo menos, los demás contribuyentes podríamos decir que no queremos financiar las consecuencias legales de los caprichitos, los delirios y la estupidez inverosímil de unos cuantos políticos ineptos e irresponsables.

En esa misma dirección, tampoco estaría mal organizar un referéndum para saber si la mayoría de los catalanes quiere pagar unos medios de comunicación supuestamente públicos, como TV3 y Catalunya Ràdio, desde los que se les basurea e insulta a diario siguiendo las instrucciones del comisario político de turno, definido de manera eufemística como director, y protegidos por un CAC que, lejos de cumplir su función, actúa como lo que en realidad es: uno más de los 300 chiringuitos del régimen consagrados a su mayor gloria.

Lamentablemente, esa clase de referéndums no se contempla en la Cataluña contemporánea, cuyo sistema político no es, pese a lo que se nos dice, la democracia, sino un matonismo de tono mafioso en el que una nutrida minoría de creyentes y chupópteros se impone a una mayoría pusilánime y/o cobarde de ciudadanos de a pie y políticos con mentalidad de funcionario de la Caixa que no quieren problemas con la Cosa Nostra local (algunos de esos políticos, incluso, tienen el cuajo de declararse de izquierdas).

El broche de oro de la medida de protección para golpistas y demás padres de la patria consiste en que quien está al mando de la Abogacía de la Generalitat es un señor cuyo principal mérito para ocupar el cargo es que su progenitor, Salvador Esteve, fue el presidente convergente de la Diputación de Barcelona, detenido en mayo de 2018 por desviar subvenciones al partido: gracias al robo patriótico de dinero a cargo de un mangante, el inútil de su hijo disfruta de un empleo muy bien pagado para el que carece de preparación; lo cual, en la lógica convergente, deviene un razonamiento impecable.

Gracias a la última ocurrencia del MHP Torra, millones de catalanes vamos a pagar la defensa de los individuos que intentaron jodernos la vida. Si esta sociedad de corte siciliano en la que imperan la omertá, el matonismo y la muerte civil del disidente es una democracia europea, yo soy George Clooney.