Víctimas & santos

Carlos Mármol
7 min

Decíamos ayer, a la manera de Fray Luis, que nuestros ilustres diputados, especialmente los que profesan en las filas del bipartidismo, pero también aquellos que llegaron hace poco a las alfombras vendiendo un aire nuevo que es como el que venden enlatado en las tiendas de los museos, se mueven más por intereses particulares que por cuestiones generales. Tras ver el espectáculo del Congreso​ en el debate sobre la prisión permanente revisable, que ha vuelto a demostrar cómo se puede manipular la vida de los demás, constatamos que la democracia española aún no ha entendido nada lo que está sucediendo en la calle ni en las casas de quienes se supone que representa.     

Con la derogación de la medida de prisión indefinida se puede estar (o no) de acuerdo. Es perfectamente lícito. Lo que, en cambio, no parece muy aceptable es la politización inmisericorde, en un sentido y en el contrario, de la desgracia, especialmente cuando ésta es ajena. No hay pecado mayor en política que aprovecharse del padecimiento personal de los demás para quedar bien. Y es exactamente lo que han hecho por un lado el PP y Cs y, justo en la dirección contraria, los socialistas y Podemos, que por el momento han logrado que se tramite la propuesta de los nacionalistas para dejar sin efecto una medida que el PP impuso con su anterior mayoría para aplicarla en casos excepcionales. 

Con la derogación de la medida de prisión indefinida se puede estar (o no) de acuerdo. Es lícito. Lo que no parece muy aceptable es su politización inmisericorde

Aún no está nada claro --porque el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado-- si el espíritu de esta ley, aprobada en 2015, es acorde (o no) con el principio constitucional que prescribe la reinserción como objetivo de la política penitenciaria. Lo que sí parece indudable es que existe una demanda social a favor, expresada de forma contenida y nítida a través de millones de firmas y puesta de manifiesto en las concentraciones celebradas hace apenas unas horas en muchas ciudades. Una posición que considera que ante determinados delitos mayores nuestro sistema de justicia básicamente no hace justicia. Los hechos parecen darles parte de la razón: muchos casos, desde el asesinato de Marta del Castillo, al de Diana Quer, destrozan para siempre la vida de gente que no obtiene ni la mínima reparación moral por su quebranto. 

Se dirá que la piedad es un atributo que nos hace más nobles. Puede que sea hasta cierto, pero de igual manera convendría reflexionar despacio, sobre todo entre los partidos políticos que dicen ser de izquierdas, si algunos de su representantes quizás no están también jugando a hacerse los santos a costa del infinito dolor de los demás. Ni hay que legislar en caliente ni dejarse conducir por el dictamen de las hordas, cuyo clamor en favor de la venganza esconde --mostrándolo en realidad-- un afán de protagonismo atávico que en nada consuela a las víctimas. Pero esta posición no debería suponer necesariamente hacer oídos sordos a la reivindicación de que exista mayor proporcionalidad entre la gravedad de determinados crímenes y la pena que la sociedad decide imponer a sus autores. 

La aplicación del sistema actual es incomprensible para buena parte de la ciudadanía, que asiste atónita a reducciones de penas y atenuantes procesales que frivolizan el espanto por el que muchos han pasado. La contención es una virtud a la hora de abordar estos asuntos, pero no debería suponer que el buenismo, tan abundante entre algunos grupos políticos, se practique sin responsabilidad cuando los muertos --de eso estamos hablando-- son ajenos, en vez de propios. Zapatero ha dicho que la prisión permanente no nos hace mejores como sociedad. ¿Nos mejora acaso que las familias afectadas sufran, además del asesinato de sus hijos, la pena infinita de no poder ni enterrarlos, como le ocurre a los padres de Marta del Castillo? No lo parece. En esta cuestión hay que equilibrar los principios, que aconsejan abstenerse de practicar la ley del talión, con la sensibilidad social. 

¿Nos mejora acaso que las familias afectadas sufran, además del asesinato de sus hijos, la pena infinita de no poder ni enterrarlos, como le ocurre a los padres de Marta del Castillo? 

Lo que muchos ciudadanos están pidiendo a sus representantes es que ni jueguen a ser beatos ni mártires con sus vidas. Sencillamente piden ser escuchados. No moverse es tan inútil como ceder ante quienes confunden la justicia con la venganza. Ni una cosa es buena ni la otra inteligente. La prisión permanente revisable no va a mitigar el dolor de aquellos a los que les han roto la existencia, pero obviar la gravedad de ciertas conductas delictivas, cuyos autores se saben impunes de antemano por el dogma de lo políticamente correcto que atenaza a algunos diputados, tampoco va a reducir su sufrimiento. Lo aumenta. Y tampoco ayuda a  reinsertar a nadie cuando la actitud de ciertos asesinos no es ni el arrepentimiento ni la voluntad de reparar, siquiera de forma intencional, el mal causado. Hacer justicia con el estómago, en lugar de con la razón, no lleva a ningún sitio. Tampoco conduce a parte alguna fingir una bondad teatral que parte de la sociedad no comparte. Dostoyevski decía que ser humano significa compadecer, pero para hacerlo antes es necesario que el castigo haga pensar a quien comete un crimen. Ignorar a las víctimas es tan perverso como manipularlas.

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¿Quién es... Carlos Mármol?
Carlos Mármol

Estudió Poética, pero se dedica a esa variante de la literatura prosaica que es el periodismo. Debutó como reportero y cronista en El Correo de Andalucía (1990-1999). Más tarde formó parte como directivo del equipo fundacional de Diario de Sevilla (1999-2012), donde fue subdirector, columnista y editorialista. Desde 2013 es articulista de opinión en el periódico El Mundo. Coordinador editorial de #LetraGlobal, el 'spin-off' cultural de Crónica Global. Es Máster en Literatura General & Comparada, licenciado en Filología y Posgrado en Dirección de Empresas (Instituto Internacional San Telmo).

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