Una de las pautas menos edificantes en la sociedad y opinión públicas españolas, es plantearse la inhumanidad de la maquinaria procesal, penal y penitenciaria, sólo y exclusivamente, cuando cae en sus engranajes un político o un poderoso. De siempre, cada reforma humanizadora de las garantías en la fase de instrucción o de los mecanismos del tratamiento penitenciario ha venido precedida del paso por la trituradora de un sujeto representativo de uno de aquellos dos arquetipos.

La cosa viene de antiguo, con las críticas, materializadas a veces en reformas a la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882), y que tuvieron lugar en los años 90 del siglo pasado, tras la imputación o paso por prisión de los primeros altos cargos del PSOE; fuera por el GAL o por la corrupción rampante en la época (FILESA, Roldán, Paesa, Expo 92, y un largo etcétera). Luego continuó con el encarcelamiento o imputación de Pascual Estevill, Javier de la Rosa, y relevantes empresarios o directivos, como Mariano Rubio (Ibercorp), Ruiz Mateos y otros, y llega hasta nuestros días, con el encausamiento de la cúpula del PP de Madrid, algunos de los cuales se benefician ya de la reforma procesal de 2015, que oportunamente introdujo una duración tasada a la fase de instrucción --para evitar la prolongación del estigma de la imputación--, y que sustituyó la denominación de imputado por la de investigado, imponiéndose además al juez que la detención y la prisión provisional se practicaran en la forma que menos perjudique la reputación, intimidad e imagen de los detenidos o presos. Porque los señoritos podrán ser unos completos sinvergüenzas, pero si los caza la justicia, hay que moderar con ellos el lenguaje y las formas, que son muy sensibles.

Bien. Ahora le ha tocado el turno a la élite política nacionalista catalana (tan españolísima ella en este aspecto), que ha entrado ridículamente en shock al saber cómo funciona la justicia penal; que ya adelanto que, a mi juicio, lo hace como en cualquier país europeo, siendo así que España es un país, comparativamente, con muy bajos índices de delincuencia y baja densidad de población reclusa, y que ofrece un nivel de garantías al imputado y/o detenido o interno homologable al de cualquier país de europeo primer nivel, si no mayor con mucha diferencia.

Al agit-prop separatista le ha faltado decir en la denuncia mediática que a sus cabecillas los han tratado como a vulgares chorizos, que es el pensamiento clasista que ronda la cabeza de los impulsores de tan vergonzante campaña

Así las cosas, resulta cuando menos de dudosa probidad el espectáculo propagandístico que están dado los voceros de los recién encarcelados (show sobredimensionado hasta niveles moralmente insoportables por los encausados fugados en Bélgica), que, sin presentar denuncia formal alguna ante los órganos judiciales o gubernativos pertinentes, andan sin embargo agitando ante quien les presta altavoz --especialmente en los medios públicos catalanes todavía incomprensiblemente al servicio de los criminalmente encausados-- un supuesto "trato vejatorio" lesivo de sus derechos fundamentales. Y todo porque los encarcelados fueron --dicen-- conducidos en un furgón policial esposados, sin que les pusieran el cinturón de seguridad, o porque --han llegado a decir-- estaban "impactados" al ser inicialmente conducidos a prisiones distintas. Y todo ello referido a sujetos a los que la Fiscalía imputa delitos que suman más de 40 años de cárcel y cuyos indiciarios cooperadores o coautores están además sustraídos a la acción de la justicia al fugarse de España.

Al agit-prop separatista le ha faltado decir en la denuncia mediática --nunca formal-- que a sus cabecillas los han tratado como a vulgares chorizos, que es el pensamiento clasista que ronda la cabeza de los impulsores de tan vergonzante campaña, cuyo lema merodea esa apología de la desigualdad ante la ley que obligaría a hacer distingos procesales entre unos señores, los políticos catalanes secesionistas, y el resto de los mortales, los delincuentes vulgares, los muertos de hambre que delinquen quizá por necesidad y no por altos ideales de emancipación de los pueblos, aunque sea en su contra.

Dense una vuelta por los juzgados penales de su ciudad donde haya vista pública. Verán cómo se hace la conducción de un preso o detenido al juzgado y de ahí a prisión. Es un protocolo regulado, no es a gusto del guardia que conduce al sujeto. Y si tienen oportunidad, instrúyanse de la gravedad de los delitos y las razones por las que esas personas van derechas a prisión provisional cada día tras la vista.

Hecho eso, compárenlo con la situación procesal y personal de los separatistas encarcelados o fugados que andan clamando por ahí por la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales; y valoren su riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de obstrucción a la instrucción (destrucción de pruebas) de estos últimos comparada con la de los primeros, los mindundis.

Aunque sólo fuera por respeto a quienes cada día entran en prisión por delitos con penas comparativamente livianas, más les valdría cerrar la boca, o, al menos, no tener en ella permanentemente la palabra pueblo.