La industria catalana, los gastos de defensa y la OTAN

Manuel Gómez Acosta
7 min

El pasado 29 de junio, el Foro de Alto Nivel de la Industria Española aprobó las bases del Pacto de Estado por la Industria que se presentará en el Congreso de los Diputados. El Pacto recoge como principales líneas de acción: la sostenibilidad, la digitalización, la innovación y el conocimiento.  

Mientras tanto, el Govern de Cataluña después de haber navegado a la deriva durante casi un año anuncia un “preacuerdo” para aprobar el PNI (Pacto Nacional por la Industria) 2022-25. Hasta la fecha, el PNI vigente se ha caracterizado por su escasa dotación presupuestaria, bajos niveles de ejecución y ausencia de organismos de control. El preacuerdo es incapaz de ocultar la realidad de la ausencia durante décadas de una estrategia industrial por parte del Govern de la Generalitat, la baja inversión tecnológica muy por debajo de la media europea y de otras comunidades autónomas y unos índices de competitividad que nos sitúan a la cola de las regiones del continente.

En la última década, la industria catalana ha pasado de representar más del 25% del conjunto de la economía a un escaso 19%. A lo que habría que añadir un grave proceso de deslocalización de los centros estratégicos de decisión de diferentes sectores y empresas punteras del país.

Industrias como la automoción o la energética están en crisis. La primera ha sufrido el impacto de la incapacidad del Govern en evitar el cierre de Nissan, las veleidades del “ecologismo fantástico” que sitúan al coche como el gran enemigo de los ciudadanos y las frivolidades del Govern boicoteando la visita a la Seat de Martorell del jefe del Estado. Unos meses después la multinacional decidía instalar en Sagunto su gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos.

Cataluña se sitúa a la cola de las renovables y prácticamente su industria energética ha desaparecido. Con la venta en su día de la empresa catalana Ecotècnia a Alstom Power y posteriormente a GE se produjo un proceso de deslocalización productiva y tecnológica al haberse perdido la posibilidad de seguir liderando los desarrollos off-shore eólicos implementados desde el 22@.

La práctica inexistencia de industrias de defensa, seguridad y aeroespacial en Cataluña hace que nuestra CCAA no se podrá beneficiar del incremento del gasto de defensa consecuencia de la cumbre de la OTAN.

Durante la pasada cumbre de la OTAN celebrada en Madrid a finales del pasado mes de junio, el Gobierno de España se comprometió a incrementar el gasto de defensa hasta llegar al 2% del PIB en 2029. La aplicación de ese incremento debe beneficiar la industria armamentística nacional potenciando la innovación tecnológica y la creación de empleo cualificado y estable.

Según datos de la asociación de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae), la facturación de las empresas que forman parte del sector representa unos 11.600 millones de euros, el 9,3% del PIB industrial; más del 10% del volumen de negocio se dedicó a innovación y un 47 % corresponde a la exportación. Esta facturación ascendería a más de 16.000 millones de euros si se tuviera en cuenta la aportación de la industria aeronáutica y del espacio de carácter civil. Un dato para considerar es que el 72% de estas empresas son pymes, el 22 % son Mid-Caps (mediana capitalización) y solo el 6% grandes empresas. Su productividad es 2,5 veces superior a la media de la industria y dan empleo directo a 49.625 trabajadores.

Las industrias citadas tienen una fuerte componente de innovación tecnológica a la que dedican más del 10% de su facturación. Son sectores con una fuerte capacidad de atracción de talento, con alto valor añadido y creación de empleo cualificado. Su contribución a la sostenibilidad es altamente significativa en el campo de la aeronáutica destacando los desarrollos aerodinámicos, materiales más ligeros, turbinas más eficientes. Avances en la descarbonización con la utilización de combustibles (tanto bios como sintéticos) que supone una notable reducción de emisiones.

Sin embargo, Cataluña no se podrá beneficiar del incremento del gasto de defensa en las industrias de defensa, seguridad y aeroespacial al ser estas prácticamente inexistentes en Cataluña. En el sector aeronáutico que factura más de 8.100 millones de euros, de los 714 centros productivos certificados en toda España solo 35 de ellos están ubicados en Cataluña. En relación con la industria de defensa y de la seguridad cuya facturación en el 2021 ascendió a más de 7.200 millones de euros, Madrid representa el 48% del empleo del sector, seguida por Andalucía con el 26% y un 9% para Galicia; en Cataluña el sector es inexistente. Significativa la oposición del Govern al proyecto de Tess Defence para el mantenimiento de blindados del Ejército en la factoría de Nissan al considerarlo vinculado al Ministerio de Defensa.

Si duda España necesita apostar por su seguridad nacional y la defensa de sus intereses geoestratégicos, todo ello en un contexto de fortalecimiento de un ejército común europeo y en un marco de colaboración estratégica y no de subordinación a los intereses de EEUU. La sangrienta invasión de Rusia a Ucrania puede tener un gran perdedor: la UE.

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¿Quién es... Manuel Gómez Acosta?
Manuel Gómez Acosta

Ingeniero industrial. Ha sido director de Relaciones Institucionales del Grupo Alstom en Cataluña (2004-2015) y vicepresidente del clúster ferroviario Railgrup (hasta octubre 2015). Anteriormente fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por el PSUC (1982-1983), ingeniero industrial de la MTM (1974-1986), director de Cooperación Tecnológica Internacional de TMB (1986-1990), director general de TUBSA (1990-2001) e investigador y jefe de proyectos de estudios de infraestructura del IERMB (2001-2004).