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El gran fraude independentista

Carlos Jiménez Villarejo
9 min

"Cataluña no es problema para España, sino uno de sus elementos integrantes más vivos", decía Tomás y Valiente unos meses antes de ser asesinado por ETA. Y añadía: "Cataluña forma parte de una realidad histórica, cultural y política llamada España, concebida como estructura plural, heterogénea y equilibrada. Con equilibrio inestable, ciertamente, como ocurre con todas las realidades vivas".

Estas palabras deberían haber ilustrado a quienes, en su lugar, se empeñan en romper el marco constitucional democrático de 1978 por la senda, sin duda errónea, del independentismo.

Pero, además, lo hacen, ya desde 2011, con políticas fraudulentas que causan un grave perjuicio a los ciudadanos. Entendiendo por fraude, en términos académicos, toda "acción contraria a la verdad y rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete". Vamos a ilustrarlo.

Una de las máximas expresiones del fraude ciudadano y del correspondiente fracaso democrático de los gobiernos independentistas es el progresivo deterioro, cuando no destrucción, del "derecho a la protección a la salud" y a la "tutela de la salud pública". Es una constatación pública e indiscutible. Basta examinar la reciente comparecencia del presidente del Colegio de Médicos ante el Parlament. En ella, ha alertado del "cóctel explosivo de la precariedad laboral que se ceba especialmente entre los jóvenes". Según un informe del propio colegio, "una vez acaban los años de residencia, uno de cada cuatro médicos no encuentran trabajo, y de los que lo hacen casi el 90% tiene contratos temporales". Pero hay más, si "en 2006 los contratos laborales temporales afectaban al 27,3% de los jóvenes, el porcentaje de contratación temporal ha ido aumentando progresivamente en los últimos años hasta llegar a casi la mitad: el 47,2% en 2015". Son datos muy expresivos de la pésima gestión de la salud pública por parte de los soberanistas, que repercute, nadie lo puede dudar, en la muy penosa asistencia de los pacientes.

Es una constatación indiscutible la pésima gestión de la salud pública por parte de los soberanistas, que repercute en la muy penosa asistencia de los pacientes

Pero el cuadro es mucho más grave. Así resulta del análisis del experto Antoni Barbará, médico, que recientemente ha publicado el estudio Autodefensa ante la crisis sanitaria pública en Cataluña (La Lamentable, 22/3/2017) en el que expone las consecuencias, no remontadas, "del boirruizismo caracterizado por la ejecución palmaria de su estrategia neoliberal" aplicada a la sanidad pública. Los nefastos efectos en la asistencia sanitaria pública son palpables y representan la negación del derecho fundamental ya referido.

Pueden citarse varios. Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas alcanza ya, según el autor citado, las 164.000 personas. En los Centros de Atención Primaria, las listas de espera para pruebas diagnósticas superan las 500.000 personas. Todo ello, consecuencia de la eliminación de más de 6.000 puestos de trabajo en la asistencia primaria.

Estos datos, entre otros, ha dado lugar al incremento de pacientes que suscriben seguros privados ante la inasistencia de los servicios públicos de salud (superando el 28% de la población catalana).

Pero, además de este derecho fundamental, hay otros más urgentes y necesarios que son igualmente desatendidos. Especialmente, la protección de la familia y la "protección integral de los hijos".

Según la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, con datos de 2015, después de cuatro años de gobierno de CDC y de Artur Mas, las cifras son estas. En Cataluña, 393.000 personas --el 5,2% de la población-- estaban en situación de pobreza extrema, es decir, tenían que sobrevivir con ingresos mensuales inferiores a 332 euros. Y constatan que desde 2009 dicha pobreza había crecido un 1,4%. Si se trata de pensionistas, algo más de 784.000 personas están por debajo del umbral de la pobreza.

En Cataluña, el 5,2% de la población está en situación de pobreza extrema, y 784.000 pensionistas viven por debajo del umbral de la pobreza

En el mismo año, 503.000 personas --el 6,7% de la población-- vivían en lo que se califica como privación material severa, lo que les impide acceder a ciertos recursos básicos. A ello, se une que el 8,8% de la población menor de 60 años vive en hogares con baja intensidad de empleo, lo que, obviamente, reduce su renta media y nivel de vida.

En este contexto de tantas carencias y, en definitiva, de pobreza, veamos cómo la Generalitat, en ese año 2015, empleaba los recursos públicos, es decir, los de todos los catalanes y catalanas.

Es verdaderamente vergonzoso y antidemocrático que ante las expuestas privaciones de derechos básicos y la parvedad de recursos de una parte significativa de la ciudadanía, la Generalitat independentista dilapide dichos fondos en la forma que, resumidamente, exponemos. Siempre y solamente durante 2015, bajo el mandato de Artur Mas.

El Govern, solo en la denominada "publicidad institucional" --concepto de contenido indefinido-- invirtió 31millones de euros (equivalentes a más de 5.000 millones de las antiguas pesetas). El Grupo Godó percibió 6.223.410 euros. El diario Ara, 2.122.949 euros. La inversión pública por razón del uso del catalán en La Vanguardia, El Periódico, Ara y El Punt Avui alcanzó la suma de 3.180.000 euros. Y las subvenciones por el mismo concepto a los medios digitales Nació Digital y Vilaweb representó un gasto público de 682.000 euros. Más la subvención a TV3 que, en 2015, fue de 2.897.777 euros. Despilfarro de fondos públicos a los que habría que sumar, aunque de menor entidad, las subvenciones a los seis diarios comarcales.

Es verdaderamente vergonzoso y antidemocrático que ante las privaciones de derechos básicos, la Generalitat independentista dilapide fondos públicos

Es un cuadro fiel de quién y cómo está dirigiéndose el proceso independentista. El coste económico del mismo --sólo una aproximación-- y quiénes están sufriendo en sus vidas las consecuencias de ese tan disparatado proyecto.

Un exponente más de las trapacerías de quien hoy gobierna Cataluña. En la recientemente aprobada Ley de Presupuestos se incluye una disposición, la 40, que acuerda "habilitar una partida" --de cuantía indeterminada-- para organizar "un proceso refrendario", cuando, en la actualidad, tal proceso carece en absoluto de fundamento legal. Es justo y razonable que dicho precepto haya sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Por todo ello, hoy más que nunca: no a la independencia.

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Carlos Jiménez Villarejo

Ex fiscal jefe anticorrupción, miembro de Federalistes d'Esquerres, y ex eurodiputado de Podemos.