El bochornoso espectáculo dado por los separatistas en la manifestación antiterrorista del sábado, ha desvelado ante la opinión pública española e internacional hasta qué punto el fanatismo se ha apoderado de la vida política catalana. A ello se sumó anteayer la presentación de la autoritaria ley de transitoriedad jurídica, que ha vuelto a encender todas las alarmas en Madrid, y ha servido por lo menos para que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez hablasen unos minutos por teléfono. Dicen los medios que de la conversación se desprendió su mutua disposición a construir “un frente común”. ¡Aleluya! Que el PSOE se haya ofrecido a “ir de la mano” del Gobierno ante tamaño desafío es otra alentadora noticia si no fuera porque a estas alturas todavía no sabemos hasta dónde podrían ir juntos en el caso de que Rajoy tuviera decidido establecer una línea roja tras la cual realizar un gesto de autoridad. Porque para que el Gobierno lleve la ley del referéndum ante el Tribunal Constitucional, o ya no digamos para que impida que entre en vigor ese otro engendro fundacional de la República catalana, no necesita ir acompañado de nadie. Es su obligación, si no jurídica por lo menos política, defender la soberanía nacional y la unidad territorial, como tantas veces ha dicho Rajoy.

Mientras la estrategia del Govern y los partidos separatistas consiste en tensar la cuerda lo máximo posible, y en aprovechar cualquier circunstancia para convertir la ficción del referéndum secesionista en realidad, en cambio, la política del Gobierno español pasa por hacer lo mínimo exigible ante el convencimiento de que la entelequia del procés se desvanecerá después del 1-O, sencillamente porque JxSí no se atreverá a hacer efectiva la independencia prometida. Puede que sí y esté en lo cierto, y que lo mejor por el momento sea hacer oídos sordos a tantas amenazas y afrentas.

La proporcionalidad y la eficacia convertidas en el santo y seña de la política española ante el desafío de Puigdemont y Junqueras muy pronto exigirán un gesto de autoridad democrática que restablezca el principio de realidad

Pero cuesta pensar que sea posible desactivar tamaño golpe contra el Estado democrático y de derecho únicamente con recursos ante el Tribunal Constitucional. Cuesta creer que el president de la Generalitat vaya a firmar un decreto de convocatoria de un referéndum de secesión unilateral y que la respuesta gubernamental sea solo otro recurso de inconstitucionalidad. Más desconcertante aún sería la misma respuesta si se aprobase la ley de transitoriedad jurídica tras la cual la cámara autonómica catalana pasaría a convertirse en otra cosa, en un sujeto constituyente.

En algún momento, el Gobierno con el apoyo de la mayoría de las Cortes tendrá que hacer un gesto de autoridad. No hacerlo conllevaría el riesgo de asumir que la ficción secesionista se acabase consolidando como una realidad paralela para una parte importante de la sociedad catalana. Y para el resto de los catalanes se abriría un escenario de incertidumbre ante la sospecha de que el Estado español nos podría acabar abandonando por incomparecencia. Seguro que no, pero cuesta creer que vaya a ganarse con la mínima respuesta. La proporcionalidad y la eficacia convertidas en el santo y seña de la política española ante el desafío de Puigdemont y Junqueras muy pronto exigirán un gesto de autoridad democrática que restablezca el principio de realidad.