Ciudadanos, ¡no votéis!

Carlos Jiménez Villarejo
6 min

Naturalmente, en el seudorreferéndum convocado en Cataluña para el 1-O, estamos ante una forma de consulta popular prevista en el artículo 92 de la Constitución y regulada por la Ley estatal de 1980 y la catalana 4/2010, que desarrolló el artículo 122 del Estatut de 2006. De estas normas se deducen varias conclusiones taxativas. La convocatoria del referéndum es "competencia exclusiva del Estado", es solo "consultivo" y, en todo caso, según la ley de 2010, que refleja otros preceptos similares, la administración electoral "no puede influir en ningún caso sobre la orientación del voto". Principios desarrollados por el Tribunal Constitucional.

En la Llei 19/2017 reguladora de la consulta ya convocada, el Govern ha obrado, como dice con acierto la Fiscalía, con "una pertinaz, inequívoca e irreversible voluntad de un abierto incumplimiento de dichas normas", incluida la Constitución, en el marco de un "total desprecio" de dicha norma fundamental.

Estamos ante el Gobierno y el Parlamento de una comunidad autónoma que, además, funda sus decisiones, con evidente mala fe, en un supuesto "derecho de autodeterminación" del que sabe que carece, ya que fue proclamado por la ONU en 1960 para impulsar la descolonización de los pueblos sometidos económica y políticamente a las potencias occidentales.

La presente ley, como la de "transitoriedad jurídica", parten y se desarrollan desde un conjunto de manipulaciones y tergiversaciones legales que pretenden construir sobre la "voluntad mayoritaria del pueblo" y la "mayoría muy amplia de este Parlament", lo que es una evidente falsedad si se comprueban los resultados de las elecciones de 2015.

Las leyes de desconexión parten y se desarrollan desde un conjunto de manipulaciones y tergiversaciones legales

Estamos, pues, ante un Gobierno autonómico que, sin más, se autoconstituye en "sujeto político soberano" que tiene la osadía de imponer, a través de esta ley, "un régimen jurídico excepcional" --una especie de Estado de excepción-- que, según el artículo 3.2, "prevalece jerárquicamente" sobre todo el marco normativo constitucional. Y, desde esta posición, alteran todo el régimen legal en vigor del referéndum. En primer lugar, al someter a votación un derecho, el de secesión de los pueblos de España, que no está contemplado en la Constitución. Al imponer al mismo un carácter "vinculante" que contradice la naturaleza y los fines de esa clase de consulta democrática.

Y dos ausencias fundamentales: no establecer un plazo razonable entre la publicación de la ley y la celebración de la consulta y, sobre todo, dada la trascendencia histórica del objeto de la pretendida consulta, no establecer una mayoría cualificada de participación del cuerpo electoral y otra mayoría, también cualificada, de votos afirmativos respecto de los negativos. Son medidas que constituyen una garantía para evitar o atenuar las graves e irreversibles fracturas sociales que pueden derivarse de decisiones de esta naturaleza. Sobre todo, cuando ya es patente en Cataluña la ruptura de nuestro tejido social y la tensión entre las instituciones públicas.

Es igualmente grave y perjudicial para la convivencia que la citada ley afirme, contra toda verdad, que "las administraciones públicas catalanas han de mantenerse neutrales en la campaña electoral", cuando es patente y obvio que el Govern convocante está violando sistemáticamente la neutralidad a que está obligado a través de los medios públicos que controla por completo. ¿Alguien cree, desde que se anunció el referéndum, que el Govern está actuando con respeto del "pluralismo político y social", de la "neutralidad informativa" y de la "igualdad de oportunidades"? Exactamente, está ocurriendo lo contrario, con una flagrante violación de la legalidad, incluso de su propia legalidad.

Y por si no fuera suficiente, el Govern, desde la restauración de la democracia en 1978, es el primero que crea una administración electoral expulsando a los jueces, que siempre han sido y siguen siendo la principal garantía en el control del proceso electoral. En su lugar, los sustituye por "juristas y politólogos (¿?)" de su confianza.

A esto, algunos lo llaman "democracia". !Qué forma de falsear los conceptos e ignorar la realidad!

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Carlos Jiménez Villarejo

Ex fiscal jefe anticorrupción, miembro de ACNUR y de Federalistes d'Esquerres, y ex eurodiputado de Podemos.

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