En este proceso de gestos y podas legislativas por el que parece haber apostado el Gobierno Sánchez, como si quisiera lanzar al mundo el mensaje adanista de que todo lo que suceda en el futuro va a ser consecuencia de sus obras y decisiones, el actual Gobierno debería ser consciente de que no solo de acciones captadoras de votos vive un gobierno, sino que existe una numerosa lista de reformas pendientes que muy bien podrían ser abordadas por el nuevo ejecutivo y con ello hacer un gran favor a las generaciones futuras. Eso es hacer política.

El mundo no empieza ni acaba en la reforma laboral, ni en medidas que tienen su razón de ser en el aumento del gasto público por mucho que incrementar el tamaño de este haya sido, es y seguirá siendo el santo y seña de una socialdemocracia que, en opinión de muchos, está cada día más renqueante y necesaria un tratamiento rejuvenecedor más acorde con los tiempos que corren.

En sus primeras declaraciones a un medio de comunicación de papel, el presidente del Gobierno ha enumerado sus prioridades y el buenismo ha hecho acto de presencia de forma desaforada, tal y como era de esperar. A la supresión de las concertinas o a la universalidad de la sanidad pública, hay que añadir ahora el compromiso formal de aprobar la eutanasia; alimentar a un sorprendentemente elevado porcentaje de criaturas hambrientas; luchar contra la explotación laboral; derogar la ley mordaza, versión actual de la ley de la patada en la puerta; adoptar una actitud sumisa ante Macron y Merkel aceptando unos pseudocampos de concentración que sustituyan a los actuales CIES que tan poco le gustaban al presidente, y sacando, como guinda final, los huesos de Franco o lo que quede de ellos de Cuelgamuros.

De un plumazo Sánchez se carga, entre otras cosas, la reconocida capacidad del cuerpo de inspectores de Trabajo; la meritoria política de los municipios y ONGs de mejorar las condiciones de la población infantil necesitada, o todo lo que queda por hacer --que es mucho-- en materia de cuidados paliativos. Todas esas cuestiones son minucias frente a la exigencia histórica de resucitar al dictador cuarenta años después de muerto. Adán ha vuelto a estar entre nosotros.

Y aquí un inciso sobre la  supuesta hambruna infantil que denuncia el presidente. Los bancos de alimentos podrían contar y no parar sobre los hábitos de quienes recurren a ellos en busca de comida de primera necesidad.

Rajoy y su gobierno alardeaban con frecuencia de su impronta reformista, aunque cuando uno repasa a fondo sus logros, resulta que su reformismo --aquel que es capaz de cambiar las estructuras de una nación-- no fue tal ya que se ciñó, casi exclusivamente, a la conocida como reforma laboral que, a más a más, se implantó vía real decreto ley.

Sin tratar de ser exhaustivo, dos son los ámbitos o áreas cuyas reformas no se atrevieron a llevar a cabo los gobiernos de Rajoy y que hoy duermen el sueño de los justos en algún cajón pese a la trascendencia de ambas y al buen trabajo realizado por las  correspondientes comisiones o grupos de expertos que fueron elegidos y gratificados para presentar estos proyectos de reforma.

Dos acciones, dos reformas estructurales, que el gobierno de Sánchez podría abordar en estos dos años que le quedan para el final de mandato. Proyectos que van mucho más allá de las concertinas y de cuantas acciones gestuales quiera implementar en su carrera por ganarse los caladeros de votos que le permitan legitimar con las urnas su permanencia en la Moncloa. Un solo hándicap. Requerirían el consenso de la mayoría de la cámaras.

La primera de ellas, pilar fundamental de todo estado moderno que se precie, es la reforma del sistema tributario, trasformación que quiso emprender el ministro Montoro, para la cual se creó una comisión de expertos presidida por Manuel Lagares y que, pese a elevarse a Consejo de Ministros, no dejó de convertirse en un acto fallido o desliz freudiano. El trabajo está hecho y solo falta la decisión política de implementarla en el caso de que la ministra del ramo esté de acuerdo con su contenido o esté dispuesta a modificarlo y no solo a destruirlo por aquello de ser algo propuesto por sus antecesores.

La segunda, también elaborada y amparada por una comisión de expertos, es la reforma del sistema universitario, encargada por el ministro del ramo, el denostado José Ignacio Wert, se concretó en el documento de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, en el que se recogen las conclusiones del grupo de trabajo que son altamente recomendables y están avaladas por un selecto grupo de catedráticos presididos por la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid María Teresa Miras-Portugal.

No es cuestión de dinero abordar ambas reformas; es simplemente cuestión de voluntad política de negociar y consensuar dos textos que son de los que realmente pueden cambiar un país.

Claro que ninguna de estas acciones le podrían permitir al presidente del Gobierno colarse en los telediarios dle fin de semana con un directo del todo punto innecesario.