Desde que determinadas opciones políticas han ocupado el poder en distintos ayuntamientos, se ha incorporado en la agenda política, que no ciudadana, un debate que antes no existía: "La gestión del agua".

Rezan mantras y los repiten como si de verdades absolutas se trataran. A modo de ejemplo: "Se escribe agua... pero se lee democracia"; "devolvamos al pueblo lo que es suyo"; "la democracia debe llegar al servicio de agua"; "no se puede hacer negocio con un derecho humano". Todo muy simple, ya que en la propaganda y en la demagogia prima la simpleza.

Invocan la "ideología" como si de un factor divino se tratara, rechazando cualquier debate racional entorno a este aspecto.

Dicen que el pueblo debe decidir sobre este bien esencial... cuando la realidad es que la inmensa mayoría de ciudadanos son indiferentes a este debate, siendo su único objetivo recibir el agua en su casa las 24 horas del día 365 días al año, con una calidad adecuada y un precio ajustado.

La inmensa mayoría de ciudadanos son indiferentes a este debate, siendo su único objetivo recibir el agua en su casa las 24 horas del día 365 días al año, con una calidad adecuada y un precio ajustado

De hecho, algún municipio que mostró su pretensión de someter a referéndum la decisión de cómo gestionar el agua, ha decidido no hacerlo, pues previsiblemente la bajísima participación de la ciudadanía estaba asegurada, y hubiera evidenciado el fracaso político y la polémica inexistente en este asunto. No en vano, la peor política que se hace es aquella que se dedica a asuntos que no son del interés ciudadano.

Pero insisten obsesivamente que democracia --siempre con minúscula-- es que el agua se gestione directamente desde la propia administración pública, pareciendo ignorar que la mejor acción de un político en una democracia consolidada es velar por la la correcta administración de la res pública, abordar los problemas reales de los ciudadanos para ofrecer soluciones y no poner en la agenda política cuestiones de ideología que responden a intereses partidistas, no coincidentes necesariamente con el interés general.

Quienes invocan conceptos ideológicos como si de una consigna se tratara deberían citar, sin engaños, lo que dicen sus mentores y referentes intelectuales . Así, el, en ocasiones, citado Leo Heller, relator de Naciones Unidas para el Derecho humano al agua y al saneamiento, cuando dice que el agua es un "derecho humano",  no se refiere, en ningún momento, al modelo de gestión, sino que está invocando el drama de más de 700 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable, y de más de 2.000 millones que no tienen acceso a un sistema de saneamiento, con el consiguiente riesgo para la salud y el medioambiente.

Pero por si existe un mínimo resquicio en sus mentes de que asuman con honestidad los hechos reales, habría que recordarles algunos aspectos.

Que cuando dicen que el agua es más cara si participa en la gestión el sector privado, deberían saber que en los países del norte de Europa, donde predomina la gestión pública, el agua es mucho más cara que en nuestro país.

Para llevar el agua a los hogares con la debida garantía de calidad, se precisa mucha tecnología e inversiones millonarias para captarla, potabilizarla, transportarla y suministrarla

Que cuando dicen que el agua cae del cielo y es un bien de todos, deberían saber que para llevar el agua a los hogares con la debida garantía de calidad, se precisa mucha tecnología e inversiones millonarias para captarla, potabilizarla, transportarla y suministrarla. Asimismo, la Directiva Europea Marco del Agua obliga a repercutir todos los costes en el precio del agua.

Que cuando dicen que los suministradores de agua son los culpables de la llamada "pobreza energética", no deberían ocultar que precisamente las suministradoras de agua se anticiparon a este problema cuando en 2012, tres años antes de que el Parlament de Cataluña aprobara la Ley de pobreza energética, algunas empresas como Aguas de Barcelona ya tenían estructurado un Fondo de Solidaridad para las familias que no podían pagar el agua.

Que cuando hablan del importe de la factura del agua, no es decente ocultar que buena parte de la carga que soporta el ciudadano corresponde al pago de impuestos, algunos de los cuales no tienen nada que ver con el suministro del agua. Y es que 7 de cada 10 euros del recibo que usted recibe en casa, ciudadano, corresponde a tarifas que debe pagar a las administraciones públicas.

Por último y como colofón, acéptenme, si se considera necesario, un rectificado en el título, por si alguien se ha ofendido por aquello de la ignorancia, aunque ello comporte un ruego a una parte de nuestros políticos: que trabajen para otra i, la del interés general de los ciudadanos.