¿Por qué estoy en contra de la disminución del IVA en la gasolina?

El 20 de marzo, Pedro Sánchez anunció 80 medidas destinadas a amortiguar el impacto económico de la guerra del Golfo sobre los hogares y las empresas del país. Una actuación valorada en 5.000 millones de euros que no saldrá gratis, pues en el futuro obligará a los ciudadanos a pagar más impuestos o recibir menos prestaciones públicas.

Entre las acciones anunciadas, las de mayor coste fiscal serán las rebajas impositivas sobre los carburantes, la electricidad y el gas natural. Unas medidas más propias de la ideología de un Gobierno de derechas que de uno de izquierdas, aunque probablemente adoptadas por pragmatismo político y económico.

En primer lugar, porque en el Congreso existe una mayoría parlamentaria de derechas y el contenido del real decreto-ley debía contar con el apoyo de Junts y el PNV para ser aprobado por la Cámara.

En segundo, debido a que constituía una forma rápida de contener la inflación.

En tercero, porque las rebajas impositivas son mucho más ágiles y sencillas de aplicar que la concesión de subsidios a la población con menores ingresos y a las empresas más afectadas por el encarecimiento del petróleo y el gas natural.

A pesar de ello, desde una perspectiva conceptual, considero una equivocación la disminución del IVA de los carburantes del 21% al 10%. Los principales motivos son los siguientes:

1) Beneficia a las gasolineras y a las petroleras. Estas compañías obtienen ganancias por dos vías: el aumento de las ventas y el incremento del margen de beneficio por litro vendido. En el primer caso, debido a la caída del precio, dada la relación inversa existente entre ambas variables. En el segundo, por la apropiación de una parte de la rebaja fiscal.

En los impuestos indirectos, el aumento o disminución de un gravamen no se traslada íntegramente al precio del producto. En el primer caso, las empresas y los consumidores salen perjudicados; en el segundo, ambos resultan beneficiados. Esto último es exactamente lo que ha ocurrido tras la entrada en vigor de la reducción del IVA y del impuesto especial sobre hidrocarburos.

El 21 de marzo, el precio medio de la gasolina sin plomo 95 ascendía a 1,82 €/l. Un día después, tras la entrada en vigor de la reducción de los dos tributos, se situó en 1,62 €/l. Una bajada de 20 céntimos, cuando el descenso debería haber sido de 28 si los únicos beneficiarios hubieran sido los consumidores. Por tanto, entre las petroleras y las estaciones de servicio, obtuvieron un incremento del margen de beneficio por litro vendido de 8 céntimos.

2) Favorece a los hogares con mayor renta. Al disminuir el precio de los carburantes, la reducción de los impuestos que los gravan beneficia en mayor medida a quienes más utilizan el automóvil, especialmente a los que lo emplean para desplazarse diariamente al trabajo. Por lo general, son los hogares con mayores ingresos (clase media-alta y alta), dada la escasa presencia de vehículos eléctricos en el parque automovilístico español.

3) La disminución de la inflación es un espejismo. En marzo, el IPC se situó en el 3,3%, un punto por encima del mes anterior. Indudablemente, un elevado aumento derivado principalmente del encarecimiento de los carburantes. La inflación subyacente no varió y se mantuvo en el 2,7%.

En abril, la reducción de los impuestos que gravan la gasolina, el gasóleo y el gas natural probablemente impida un nuevo repunte de la inflación, siempre que el precio del petróleo no se dispare en los mercados internacionales. No obstante, lo que no haya subido ahora, lo hará en el futuro. En concreto, cuando el Gobierno decida restituir los tipos impositivos del IVA y del tributo especial sobre hidrocarburos a sus niveles originales.

4) Reduce el PIB. España prácticamente no produce petróleo. Por tanto, casi todo el que consume debe comprarlo en el exterior. La importación masiva de carburantes es la principal partida que desequilibra la balanza comercial y genera un déficit estructural. Para revertir esta situación, sería necesario reducir de forma notable la dependencia de los combustibles fósiles y, especialmente, lograr un gran avance en la electrificación del parque automovilístico.

La disminución de los impuestos sobre los carburantes estimula su consumo y provoca un incremento del gasto en importaciones. Al beneficiar a las empresas extranjeras en lugar de a las nacionales, dicho incremento reduce el PIB y empobrece al país. No obstante, por lo general, este efecto no se percibe de forma inmediata, ya que suele quedar enmascarado por el aumento del endeudamiento de la Administración y del conjunto de la economía.

En definitiva, el elevado incremento del precio del petróleo y del gas natural provocará un gran trasvase de rentas desde España hacia los países exportadores de ambas materias primas. Por tanto, seremos más pobres, pues creceremos menos de lo previsto, y ninguna actuación del Gobierno podrá evitarlo. No obstante, mediante la concesión de subsidios y la reducción de impuestos, el Ejecutivo sí puede retrasar la percepción de pérdida de bienestar entre los ciudadanos.

En cambio, el Gobierno dispone de un mayor margen de maniobra para decidir cómo distribuir entre la población los efectos negativos del encarecimiento de los carburantes. Un Ejecutivo de izquierdas, como el actual, debe procurar que el reparto sea asimétrico. Los que más ingresos perciben (clase media-alta y alta) han de ser los más afectados, pues cuentan con un colchón financiero más amplio. Por el contrario, quienes ganan menos deben ser los más protegidos por la Administración, ya que desde hace bastantes años les llueve sobre mojado.

Sin embargo, no será lo que ocurra tras la aplicación del Real Decreto-ley 8/2026 de 20 de marzo, pues la aritmética parlamentaria y la premura han conducido a un Gobierno progresista a adoptar medidas propias de uno de derechas. A pesar de ello, el coste electoral será nulo si la propaganda gubernamental consigue convencer a la población de que el “escudo social” permite que todos vivamos mejor. Así es la política y así somos los ciudadanos.