La hucha de las pensiones

La OCDE ha publicado recientemente un informe que sitúa a España como el país que deberá realizar el mayor esfuerzo entre los países “ricos” para financiar su sistema de pensiones en 2050, alcanzando aproximadamente el 17% del PIB, frente a una media del 10% en los países avanzados si nada cambia.

Lo peor de este dato no es una cuantía elevada de las pensiones o un número desproporcionado de pensionistas, sino la debilidad relativa de los salarios y, en consecuencia, del PIB per cápita.

España presenta indicadores económicos propios de un país que no es rico, si bien mantiene un modelo de estado de bienestar que proporciona servicios como sanidad, educación, pensiones y ayudas sociales propio de un país que sí lo es. Este modelo acusa crecientes desequilibrios que requerirán una revisión profunda de su sostenibilidad. Los sucesivos incrementos del salario mínimo y de las pensiones están haciendo que la curva de salarios se iguale por abajo. 

Al inicio de este siglo, una tercera parte de la población ocupada triplicaba el salario mínimo, ahora no llega al 10%. Lo que parecería una buena noticia por ser ahora una sociedad más igualitaria no lo es tanto si consideramos que el salario medio alemán era 1,3 veces el español en 2007 y ahora es 1,7 veces. Los estándares de vida en Alemania, Francia, Holanda… están cada vez más lejos de los nuestros. 

El sistema de pensiones ilustra claramente los desafíos de nuestro cada vez más frágil Estado del bienestar, ya que confluyen diversos factores que ponen en entredicho su viabilidad. El modelo actual se basa en un esquema de reparto, donde la población activa financia las prestaciones de los jubilados mediante contribuciones directas, bajo el principio de solidaridad intergeneracional.

Este mecanismo funciona mientras se mantienen ciertas proporciones entre cotizantes y beneficiarios, pero es vulnerable frente a cambios demográficos y económicos.

La determinación legal de la edad de jubilación en España data de 1929, cuando se estableció en 65 años. Posteriormente, la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 consolidó un sistema razonablemente similar al vigente. Fue solo en 2011, en plena crisis financiera y a punto de un rescate financiero, cuando el Gobierno de Zapatero inició el incremento progresivo de la edad de jubilación hasta, de momento, los 67 años.

Un aspecto esencial para evaluar la sostenibilidad del sistema es la relación entre la edad de jubilación y la esperanza de vida. Mientras que en 1929 la esperanza de vida era de 49,5 años, actualmente supera los 84. Esta evolución ha incrementado significativamente el porcentaje de población perceptora de pensiones, pasando de una ratio de cuatro cotizantes por pensionista en 1980 a poco más de dos en la actualidad, a pesar de contar con récord de cotizantes.

Los pensionistas crecen más rápido que los nuevos cotizantes y estos, además, cobran muy poco.

Las políticas de prejubilación en grandes empresas evidencian el retroceso de los salarios: trabajadores con remuneraciones elevadas son sustituidos mediante prejubilación por otros con salarios de menos de la mitad, cuando no un tercio.

Las soluciones tradicionales planteadas —incrementar la edad de jubilación, modificar los métodos de cálculo o desvincular las pensiones del IPC— son más bien parches y no resolverán los problemas estructurales. Antes o después habrá que migrar hacia uno de capitalización o por lo menos mixto.

El problema es que ahora, con crecimientos de la economía cercanos al 3%, ya somos incapaces de llenar la hucha de las pensiones. La Seguridad Social hace tiempo que no es autosostenible.

El ejemplo de Italia resulta relevante. Este país, que durante décadas ofreció pensiones generosas y fácilmente accesibles, ha migrado desde los años noventa hacia un sistema contributivo, donde la prestación depende de lo acumulado por cada trabajador. Además, la edad de jubilación y la pensión se ajusta automáticamente según la esperanza de vida. Italia sigue gastando mucho en pensiones, pero su modelo permite asegurar que no gastará más.

La reforma fue necesaria ante la inviabilidad del modelo previo, a pesar de contar con salarios medios superiores a los de España. Todo indica que si España desea garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y evitar una crisis futura, deberá avanzar hacia un modelo semejante al italiano. 

La solución real, mejorar el PIB per cápita, parece misión imposible, pues nuestro modelo económico no evoluciona desde hace lustros: turismo y ladrillo, antes que nada, con muchísima temporalidad, ahora rebautizada como contratos fijos discontinuos, más una tasa de economía informal que no decrece.

La gran mayoría de inmigrantes tienen baja o nula cualificación, por lo que tampoco van a cambiar la tendencia de ser cada día más pobres, sino más bien al contrario. Engordar el PIB con inmigración, gasto público y turismo, olvidando la productividad, nos lleva a un empobrecimiento real progresivo y, por tanto, cada día que pasa nuestro Estado del bienestar está más cerca del abismo.

La próxima crisis nos traerá de la mano una nueva reforma de nuestro estado del bienestar.