Una nueva amenaza se ciñe sobre la Administración de justicia. Tras la constatación de la falta de medios, personales y materiales, de que adolecen los juzgados y tribunales, la escasa ratio de jueces por 100.000 habitantes, por debajo de la media europea, y las recientes reformas legales que, lejos de contribuir a una mejor justicia, seguro provocarán más retraso y confusión, la Generalitat de Cataluña ha lanzado un proyecto que añadirá otro adjetivo en la descripción del estado de cosas de la actual Justicia.

Lenta, cada día menos eficaz, rupestre, en lo que a los medios se refiere y, dentro de poco, automatizada. O, en otras palabras, impartida no por seres humanos, sino por algoritmos, generados a través de un ordenador.

Y es que nuestros políticos autonómicos, con la excusa de “acelerar los tiempos del sistema judicial”, han puesto en marcha una iniciativa para poner a disposición de los jueces y magistrados de Cataluña una herramienta basada en la “inteligencia artificial”, tan de moda en la actualidad, que les auxilie en el redactado de sentencias.

Una aplicación, basada en el modelo Open AI, desarrollado entre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica y la empresa (privada) Connecthink. Una startup que, según su página web, ayuda a las empresas a “transformar sus datos en valor”, aplicando “la IA Generativa y el Machine Learning para hacer tu empresa más inteligente y eficiente”.

Poco más hay que decir al respecto. La carta de presentación habla por sí sola. Porque, si bien los servicios que esta tecnológica ofrece pueden ser muy útiles en el ámbito empresarial, la justicia, pese a la obsesión enfermiza de nuestros políticos, plasmada en las llamadas “leyes de eficiencia”, no es una empresa ni un servicio público, como el alcantarillado, sino un Poder del Estado reconocido y regulado en la Constitución.

Ya lo expuse en esta columna hace unos meses. La eficiencia nada tiene que ver con la calidad de la justicia, con el contenido de la respuesta al ciudadano, sino sólo con la dicotomía coste-beneficio entendida en términos económicos. Y quienes repiten este término hasta la saciedad conciben, en detrimento del justiciable, la Administración de Justicia en términos estrictamente económicos o, si se quiere, neoliberales.

El concepto de “eficiencia” ha pasado a formar parte de un diálogo puramente empresarial con el que se pretende que, mediante una inversión cada vez menor, se consiga un resultado no ya mejor, sino simplemente aceptable.

Pero es que, además, en el proceso judicial han regir una serie de principios que, le pese a quien le pese, son el fundamento de la justicia en un Estado democrático. La inmediación, la contradicción o la publicidad. Y un “juez robot”, mediante sentencias automatizadas, ni siquiera se aproxima al respeto a estos principios, pues el análisis del caso concreto no lo realiza un ser humano, sino una máquina.

Y este es el sistema informático que pretende implantar la Generalitat, que realiza dos funciones. Primero, la búsqueda de coincidencias en sentencias dictadas con anterioridad por el propio juez, así como el rastreo de jurisprudencia en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial. Y segundo, el análisis de los recursos y las coincidencias con otros escritos anteriores para dictar la sentencia que tenga más similitudes con una previa.

Además, y no lo olvidemos, inteligencia no es sólo la capacidad de entender o de resolver problemas a partir de un conjunto de información almacenada sino, además, la capacidad de razonar. Algo que, en la actualidad, no puede hacer una aplicación informática, ya que el proceso a través del cual el conocido como GPT-4 nos proporciona sus resultados no consiste en otra cosa que en una combinación de algoritmos. Muy complejos y desarrollados, sí, pero tan sólo algoritmos.

Por tanto, la mal llamada “inteligencia artificial”, si bien es artificial, no puede ser inteligencia. Y precisamente por ello no debería ser denominada de esta forma, sino, según el idioma que empleemos, “Invasión Algorítmica” o “Algorithmic Invasion”, ya que son los algoritmos quienes escriben o, en este caso, deciden por ti.

Nadie duda de que la justicia no funciona bien. Pero, en vez de conferir su impartición a ordenadores, la Generalitat (y el Gobierno, según las competencias), tan preocupada que dice estar por la rapidez, bien podría hacer, sin ánimo de exhaustividad, lo siguiente:

Crear más plazas judiciales. Proporcionar a los juzgados ordenadores de calidad que no tarden minutos en encenderse, por ejemplo, los mismos de que dispone la Agencia Tributaria. Implantar un sistema de videoconferencias y de webex que no falle de forma constante, obligando a suspender juicios. Diseñar firmas electrónicas que firmen, al menos, el ochenta por ciento de las veces. Asignar más informáticos a los juzgados que puedan acudir a las salas de vistas para solucionar in situ los problemas. Y otras pequeñas o no tan pequeñas cosas que, con un par de visitas a las sedes judiciales (de las de verdad, no de las de foto oficial) seguro se darían cuenta que hacen falta.